El nuevo Real Decreto ley ha sido promulgado como norma con rango legal reguladora de un conjunto de medidas aprobadas en distintos ámbitos al objeto de paliar los efectos que la crisis sanitaria, derivada del Covid-19, está teniendo en la actividad productiva y en la solvencia empresarial. 

Estas nuevas medidas entraron en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, que tuvo lugar el 18 de noviembre de 2020.

La crisis sanitaria causada por el Covid-19 puede dar lugar a que las empresas se vean afectadas por una caída de ingresos produciéndose el cumplimiento de las condiciones que refleja una situación de insolvencia y que llevarían, en su caso, a entrar en alguna de las causas que exigirían solicitar la declaración de concurso de acreedores.

Por otra parte, la aplicación generalizada de estos requisitos en un contexto excepcional y transitorio, como el actual, podría desencadenar un proceso de paralización de la actividad económica, que tendría un impacto negativo en la estabilidad financiera.

Para hacerle frente, ya fue necesario aprobar un conjunto de medidas en el ámbito de la Administración de Justicia, que se materializaron a través del Real Decreto-ley 16/2020, cuyas medidas fueron objeto de confirmación mediante la Ley 3/2020.

Las medidas adoptadas en estas normas, en el ámbito concursal y societario, tenían como objetivo evitar la declaración de concurso o la apertura de la fase de liquidación, respecto empresas que podrían ser viables en condiciones normales, evitando con ellos un posible efecto en cadena que diera lugar a una paralización de la economía.

Con esta nueva norma se prorrogan algunas de las medidas adoptadas por la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, ya que se considera necesario conservarlas para preservar la continuidad económica de las empresas, profesionales y autónomos.

Por otra parte, el Real Decreto-ley 8/2020 dispuso una serie de medidas extraordinarias aplicables al funcionamiento de los órganos de administración y gobierno y a la convocatoria de las juntas generales y asambleas de las personas jurídicas de derecho privado durante el ejercicio 2020.

La declaración del estado de alarma derivado del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre hasta el día 9 de mayo de 2021, hace necesario ampliar la duración de algunas de las medidas excepcionales adoptadas en el mencionado Real Decreto-ley 8/2020.

De este modo, las medidas tributarias, mercantiles y procesales que contiene, pueden clasificarse del siguiente modo:

Medidas tributarias para conseguir una solvencia empresarial 

En el ámbito del Impuesto sobre Sociedades:

  • Se adapta la deducción por inversiones en producciones extranjeras de largometrajes cinematográficos o de obras audiovisuales – 36 Ley 27/2014-, a los términos de la Comunicación de la Comisión Europea sobre ayuda estatal.
  • Se adapta a la libertad de amortización en inversiones realizadas en la cadena de valor de movilidad eléctrica, sostenible o conectada- Disposición adicional decimosexta de la Ley 27/2014 (Ley IS).
  • Se adapta el incremento de la deducción en el impuesto por actividades de innovación tecnológica de procesos de producción en la cadena de valor de la industria de la automoción- establecido por el 7 RDley 23/2020– a lo dispuestos en el Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.

En el ámbito del Impuesto Sobre el Valor Añadido:

  • Se mantiene hasta el 30 de abril de 2021- y con efectos desde 1 de noviembre- la aplicación de un tipo del cero por ciento del Impuesto sobre el Valor Añadido a las entregas interiores, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de material sanitario para combatir la Covid-19.

  • Se rebaja temporalmente- desde el 19 de noviembre de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2021- del 21 al 4 por ciento el tipo impositivo del IVA aplicable a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de mascarillas quirúrgicas desechables.

Medidas mercantiles para alcanzar mayor solvencia empresarial 

Temporalmente- durante el año 2021-, a las sociedades de capital se les aplicarán medidas tales como:

  • La asistencia a la junta general por medios telemáticos y el voto a distancia, en el caso de las sociedades anónimas.
  • La celebración de junta general por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, siempre que todas las personas que tuvieran derecho de asistencia o quienes los representen dispongan de los medios necesarios.

Medidas procesales

Vía modificación de la Ley 3/2020, esta nueva norma legal contiene medidas de ámbito procesal que implican la ampliación hasta el 14 de marzo de 2021 de la suspensión del deber de solicitar la declaración del concurso de acreedores, así como de la obligación del juez de admitir a trámite las solicitudes de concurso necesario presentadas por los acreedores.

Igualmente, amplía el alcance hasta el 31 de enero de 2021 de las medidas de inadmisión a trámite de una declaración de incumplimiento de acuerdo de refinanciación, de convenio o de acuerdo extrajudicial de pagos, siempre condicionadas a la renegociación de un nuevo acuerdo o convenio.