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La morosidad aumenta con la crisis sanitaria

La morosidad aumenta con la Crisis Sanitaria

10 de abril de 2021. Muller Friedman Abogados Mercantil Concursal

Según las estadísticas realizadas por el Banco de España, se prevé el estallido de cara al verano de personas físicas y jurídicas que no van a poder satisfacer sus obligaciones crediticias. En otras palabras, se espera un aumento considerable de la morosidad.

Expertos en la materia consideran que esta la situación económica por la que pasa nuestro país no puede dejar de tener consecuencias en el empleo y, por ende, en la morosidad.

Por lo que respecta a las personas físicas, los abogados especializados en recobro de deudas están viendo un acuciante aumento de juicios monitorios y juicios rápidos de reclamación de cantidades. En los que el foco de todo ello se proyecta en quienes se encuentran en la economía sumergida, que no tienen ERTE, ni tampoco prestaciones. También aquellos que han visto reducida su jornada laboral, contaba con salarios bajos, o cobraban parte en B.

¿Qué ocurre con las personas físicas?

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Banco de España

Por lo que respecta a las personas físicas, los abogados especializados en recobro de deudas están viendo un acuciante aumento de juicios monitorios y juicios rápidos de reclamación de cantidades. En los que el foco de todo ello se proyecta en quienes se encuentran en la economía sumergida, que no tienen ERTE, ni tampoco prestaciones. También aquellos que han visto reducida su jornada laboral, contaba con salarios bajos, o cobraban parte en B.

Las mencionadas anteriormente, cuando llegue el momento de que no puedan cumplir sus compromisos de pago, atenderán primero sus necesidades básicas, es lo que se conoce como la pirámide de Maslow, teoría que estructura las necesidades humanas de las más básicas a las más sofisticadas.

¿Qué ocurre con las personas jurídicas?

Por lo que respecta a las empresas, el incumplimiento de las obligaciones crediticias fruto del Covid19 se ha visto retrasado debido a las ayudas del estado de préstamos ICO, ayudas y contención de concursos de acreedores hasta finales del pasado año.

Pero, se prevé es que la crisis se llevará entorno a unas 50.000 y 100.000 empresas. Según las Aseguradoras de Crédito y Caución, 18% de empresas ha sufrido impagos significativos en 2020, y más de la mitad están retrasando sus pagos, y un 10% amenaza sus supervivencias por la moratoria.

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¿Por qué necesitas un abogado mercantil?

¿Por qué necesitas un abogado mercantil?

05 de marzo de 2021. Muller Friedman Abogados Mercantil Concursal

Si estás pensando en empezar un negocio, necesitarás  el asesoramiento de un abogado mercantil. Ser emprendedor no es tarea fácil. De hecho, la burocracia frena en muchas ocasiones la iniciativa y hacer las cosas bien desde el primer momento nos puede ahorrar tiempo, dinero y muchos problemas.

¿Qué cuestiones puede resolver un abogado mercantil?

Lo primero que has de tener en cuenta es qué forma jurídica es la mejor para construir una empresa teniendo en cuenta el volumen y la actividad de tu negocio. Esta no es una decisión fácil, ya que existen más de diez posibilidades distintas. Cada una de ellas tiene un proceso diferente y, por tanto, implica responsabilidades distintas. Hay que determinar el número de socios y la forma en la que cada uno aporta capital o trabajo a la sociedad, así como el nivel de responsabilidad ante las deudas de cada una de las partes. 

¿Por qué necesitas un abogado de derecho mercantil en estos casos? En resumidas cuentas, porque será tu guía en el proceso. Además, muy posiblemente necesites asesoramiento para resolver dudas que tienen que ver con cuestiones como el Número de Indentificación Fiscal, el pago de los impuestos, la inscripción en el Registro Mercantil, etc.

Una vez constituida la empresa, también necesitas de un especialista en derecho mercantil, ¿por qué? Pues entre otras cosas, porque este te ayudará a saber qué normativa regula tu actividad económica y sus límites legales para no incurrir en acciones contrarias a derecho, tanto frente a la Administración, como frente a los cliente o proveedores. Además, si surgen conflictos, un abogado mercantil puede ayudarte en las negociaciones extrajudiciales para resolverlos, ya que pueden actuar como árbitros de consumo y mediación. 

Necesitarás un abogado mercantil a la hora de la financiación también

Otro de los campos relevantes en los que un empresario puede necesitar un abogado mercantil es el de la financiación. El abogado se asegurará de que sus clientes estén protegidos de forma legal contra los riesgos que pueda haber en cualquier acuerdo de financiación. 

Y aunque resulte paradójico, desde un primer momento hay que tener presente la posibilidad de tener la necesidad de disolver y liquidar la sociedad mercantil a la que estamos vinculados. Esto implica seguir unos cauces concretos y el cumplimiento de obligaciones adquiridas por parte de la compañía hacia sus proveedores y hacia la Administración. Este es otro de los motivos de porqué necesitas un abogado de derecho mercantil para tu empresa.

 

Estas son algunas de las razones por las que es necesario un abogado mercantil, pero las posibilidades de su campo de actuación son muy amplias e incluye aspectos como, la participación en el mercado bursátil, la inscripción en la Oficina Española de Marcas y Patentes de los símbolos que caractericen a tu negocio, la modificación de estatutos y muchas más acciones.

Dado que esta figura es muy importante, te recomendamos que elijas siempre a profesionales cualificados. Como los que tenemos en el despacho Muller Friedman, que te atenderán con rigor a todas las necesidades de tu empresa. 

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Nuevas medidas en materia de arrendamientos de locales de negocios tras el Real Decreto-ley 35/2020

Nuevas medidas en materia de arrendamientos de locales de negocios tras el Real Decreto-ley 35/2020

14 de enero de 2021. Muller Friedman Abogados Mercantil Concursal

El pasado diciembre se aprobó el Real Decreto-ley 35/2020, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria, con entrada en vigor al día inmediato posterior a su publicación en el BOE. Este Real Decreto-ley establece medidas para reducir los gastos de arrendamientos de locales que soportan empresas y autónomos, en materia tributaria y en el ámbito laboral y de seguridad social.

Respecto a los contratos de arrendamientos de locales 

Con respecto a los contratos de arrendamientos, en caso de ausencia de acuerdo entre las partes, cuando el arrendador sea una empresa o entidad pública o un gran tenedor, entendiendo por tal la persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2; el arrendatario podrá antes del 31 de enero de 2021 solicitar de la persona arrendadora una de las siguientes opciones:

  1. Una reducción del 50% de la renta. Durante el tiempo que dure el estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el Covid-19. Así como sus prórrogas, y podrá extenderse a las mensualidades siguientes, hasta un máximo de cuatro meses.
  2. Una moratoria en el pago de la renta que se aplicará durante el periodo de tiempo que dure el estado de alarma declarado por el RD 926/2020 y sus prórrogas, y podrá extenderse a las mensualidades siguientes, hasta un máximo de cuatro meses. Dicha renta se aplazará, sin penalización ni devengo de intereses.

El pago aplazado de las rentas se podrá realizar durante un periodo de dos años a contar desde la finalización de la moratoria, y siempre dentro del plazo de vigencia del contrato de arrendamiento o cualquiera de sus prórrogas, repartiéndose los importes aplazados de manera proporcional a lo largo del período.

Asimismo, el arrendador deberá comunicar de manera expresa su decisión a la arrendataria, en el plazo máximo de siete días hábiles desde que la arrendataria le haya formulado su solicitud por un medio fehaciente.

Lo establecido en este apartado no resultará de aplicación cuando la persona arrendadora se encuentre en concurso de acreedores o cuando, como consecuencia de la aplicación de estas medidas, el arrendador se encuentra en probabilidad de insolvencia o ante una insolvencia inminente o actual, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, debiendo el arrendador que pretenda la aplicación de esta excepción acreditar encontrarse en alguna de las situaciones enunciadas.

Condiciones de los trabajadores autónomos y pymes para beneficiarse de las medidas de los arrendamientos de locales 

Para la aplicación de las medidas indicadas, los trabajadores autónomos y pymes arrendatarios de bienes inmuebles para uso distinto del de vivienda han de cumplir las siguientes condiciones:

  1. En el caso del trabajador autónomo, estar afiliado y en situación de alta, en la fecha de la declaración del estado de alarma mediante el RD 926/2020, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar o, en su caso, en una de las Mutualidades sustitutorias del RETA.
  2. En el caso de las pymes, que no se superen los límites establecidos en el artículo 257.1 de la Ley de Sociedades de Capital, que establece las circunstancias que permiten formular balance y estado de cambios en el patrimonio neto de forma abreviada.
  3. Tanto para autónomos como para pymes, que su actividad haya quedado suspendida como consecuencia de la entrada en vigor del RD 926/2020, o por órdenes dictadas por la Autoridad competente y las Autoridades competentes delegadas al amparo del referido real decreto.
  4. Tanto para autónomos como para pymes, en el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida como consecuencia de la entrada en vigor del RD 926/2020, se deberá acreditar la reducción de la facturación del mes natural anterior al que se solicita el aplazamiento o reducción de la renta en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la facturación media mensual del trimestre al que pertenece dicho mes referido al año anterior.

El cumplimiento de los requisitos establecidos, se acreditará por la persona arrendataria ante la arrendadora mediante la presentación de la siguiente documentación:

  1. La reducción de actividad se acreditará mediante una declaración responsable en la que se haga constar la reducción de la facturación mensual en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la facturación media mensual del mismo trimestre del año anterior.
  2. La suspensión de actividad se acreditará mediante certificado expedido por la AEAT o por la entidad competente para tramitar el cese de actividad extraordinario regulado en el artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19.

Por último, las personas arrendatarias que se hayan beneficiado de la reducción y del aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la rente sin reunir los requisitos establecidos, serán responsables de los daños y perjuicios que se hayan podido producir. 

Personas afectadas por las nuevas medidas de arrendamientos de locales

Si eres uno de los afectados por la entrada en vigor de estas nuevas medidas, no dudes en contactar con nosotros y te resolveremos todas las dudas. 

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El acuerdo extrajudicial de pagos como eficiente mecanismo para reestructurar la deuda y superar una insolvencia empresarial

El acuerdo extrajudicial de pagos como eficiente mecanismo para reestructurar la deuda y superar una insolvencia empresarial

23 de diciembre de 2020. Muller Friedman Abogados Mercantil Concursal

El Acuerdo Extrajudicial de Pagos es un proceso ágil que permite superar situaciones de insolvencia empresarial y particular como alternativa al procedimiento concursal.

En esencia, con este procedimiento extrajudicial, se propone a los acreedores la reestructuración del pasivo mediante propuestas que pueden incluir, entre otros mecanismos, quitas y esperas de las distintas partidas de deuda, y todo esto sin perder la necesaria confidencialidad del proceso, o el control sobre la gestión diaria de la actividad.

Superado el primer semestre, desde que se declaró la pandemia del Covid-19, podemos afirmar que nos encontramos ante una extraordinaria coyuntura económica, de la que puede derivarse a corto plazo una crisis de liquidez en todos los niveles de nuestro tejido empresarial. Salvo que el gobierno o nuestras administraciones nos sorprendan con la adopción, durante las próximas semanas, de decisiones relevantes que permitan a las PYMES y autónomos acceder a una financiación rápida y con garantías de continuidad; podemos afirmar que es el momento de adoptar decisiones preventivas para evitar que una crisis puntual de liquidez devenga irreversible.

En este sentido, el Acuerdo Extrajudicial de Pagos aparece como una eficiente solución que permite la continuidad de la actividad empresarial, sin tener que recurrir al concurso de acreedores ni otros procedimientos judiciales previstos en la ley concursal, mucho más costosos.

El Acuerdo extrajudicial de pagos, introducido por la Ley 14/2013

El Acuerdo Extrajudicial de Pagos, que fue introducido por la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, se creó inicialmente como un mecanismo extrajudicial del que podían servirse profesionales, autónomos, empresarios individuales y sociedades mercantiles de pequeño tamaño para solucionar su insolvencia, sin necesidad de pasar por un procedimiento judicial. Solamente su frustración conllevaba la declaración de concurso de la persona o entidad, si bien el proceso completo se veía simplificado por entenderse que el deudor ya había, de alguna manera, realizado un intento de reestructurar su deuda al margen del control judicial- y su connatural estigmatización-, con la ayuda de un experto denominado mediador concursal.

Posteriormente, en 2015, dicho procedimiento extrajudicial fue renovado para ampliar su ámbito de aplicación, dando entrada así al denominado deudo de consumo, e instituyendo el mecanismo como fase cuasi preceptiva y previa a la posterior y deseada del Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho, comúnmente Segunda Oportunidad del deudor persona física.

Entrada en Vigor del Texto Refundido de la Ley Concursal

Con la entrada en vigor el pasado 1 de septiembre del Texto Refundido de la Ley Concursal, el procedimiento extrajudicial se ha reubicado y sistematizado en los artículos 631 y siguientes.

Se trata de un procedimiento que se tramita, coordina y dirige entre el propio empresario, sus asesores de confianza y un tercer experto específicamente designado a tal efecto, denominado mediador concursal. Al no haber participación judicial, ni publicidad en torno a la situación de insolvencia manifestada por el empresario, posibilita continuar con la actividad empresarial habitual sin más inconveniente que la propia falta de solvencia. No existe, durante la tramitación del procedimiento, intervención judicial, de cuentas ni de actividad, y ello es relevante por cuanto ni se dificulta la gestión, ni se estigmatiza al gestor de la actividad empresarial.

Para acceder al trámite, se exigen diferentes requisitos en función de si el deudor es persona física o jurídica, siendo común en ambos casos el hecho de que se encuentren en una situación de insolvencia actual o inminente. Para el caso de las personas físicas, bastaría con que el pasivo total estimado no fuese superior a 5 millones de euros; mientras que para las personas jurídicas se exige que el pasivo o el activo no superen lo 5 millones de euros o que tenga un número inferior a 50 acreedores, y que acredite disponer de los recursos necesarios para satisfacer los gastos propios de la tramitación del proceso.

En segundo lugar, debemos destacar su rapidez de ejecución, habida cuenta que desde la aceptación del mediador concursal se debe convocar a todos los acreedores del deudor a una Junta que deberá celebrarse en un plazo máximo de un mes (si el deudor en persona física no empresaria) o de dos meses (en el resto de los casos).

Para obtener las medidas modificativas de la deuda, se exige que la propuesta planteada sea aprobada por un número de acreedores que ostenten como mínimo el 60% de los créditos contra el deudor, existiendo condiciones más ventajosas si se alcanza el 75%. Si se alcanza el acuerdo con los porcentajes señalados, el acuerdo vinculará a todos los deudores (salvo los créditos de derecho público y los que gocen de garantía real que no se hayan adherido al acuerdo) con independencia de que hayan o no votado a favor del acuerdo.

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El 1 de septiembre entra en vigor el nuevo Texto Refundido de la Ley Concursal

El 1 de septiembre entra en vigor el nuevo Texto Refundido de la Ley Concursal

24 de agosto 2020. Muller Friedman Abogados Mercantil Concursal

El Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, aprobaba el Texto Refundido de la Ley Concursal o “Nueva Ley Concursal”, como ya se la conoce.

El objetivo del texto es el de refundir, armonizar, clarificar y ordenar la confusa legislación concursal. Y lo hace ahora, coincidiendo con una de las peores crisis económicas de la era reciente. Un momento en el que se estima que España podría sufrir el mayor número de concursos de su historia, por encima incluso de los sufridos en la reciente crisis que dio comienzo en el año 2008.

La Ley Concursal durante la Crisis de 2008

Durante la crisis de 2008 quedó patente algo que muchos expertos venían advirtiendo: la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal no satisfacía lo que de ella se esperaba cuando entró en vigor en el año 2004. La Ley Concursal de 2003 se aprobó para sustituir una arcaica normativa anterior sobre suspensión de pagos y quiebra, regulación que era insuficiente para dar solución a las situaciones actuales de insolvencia empresarial.

Esta Ley de 2003 nació con una doble vocación: dar respuesta a los acreedores de la concursada, a fin de hacer efectivos sus derechos de créditos en la medida de lo posible, y lograr la subsistencia de la empresa cuando ello fuera viable. Pero no se consiguió ni una ni otra cosa. De hecho, se estima que, una vez declarado el concurso, apenas un 5% de empresas sobreviven, una cifra muy inferior a la de los países de nuestro entorno.

La Ley Concursal se alumbró sin comprender la realidad empresarial a la que debía ser aplicada, sin considerar, por ejemplo, la inmensa mayoría de empresas en nuestro país son pymes. La crisis económica de 2008 sometió a la ley a una prueba que no pudo superar, lo que llevó al legislador a hacer reformas continuas que fueron parcheando la ley y haciéndola aún más confusa: una media de dos reformas al año, la mitad de ellas de carácter sustancial.

Cómo hacer frente a la situación con la Ley Concursal

Para hacer frente a esta situación, se encargó hace cuatro años a la Comisión General de Codificación la elaboración de un Texto Refundido de Ley Concursal. Este no debía tardar mucho en ver la luz, y cuya primera propuesta se produjo el 6 de marzo de 2017. Ya entonces se decía que este nuevo texto no iba a representar solución al problema de origen de la Ley Concursal.

Según todos los indicadores, y así lo ha anunciado el Banco de España, la crisis económica derivada del Covid19 va a ser especialmente profunda en España. Y uno de los motivos es por el peso más elevado que las pymes tienen en nuestro país, empresas que podrán verse afectadas como nunca antes por concursos de acreedores.

Nuevo Texto Refundido de la Ley Concursal

El texto refundido recién aprobado pretende reordenar toda la normativa vigente en un solo texto y dotar a este de un orden lógico. Aspecto en el que se ha de reconocer que se mejora notablemente la situación existente, dedicando cada artículo a una cuestión, y evitando en lo posible la dispersión en varios artículos de la misma materia.

El real decreto que aprueba el Texto Refundido de la Ley Concursal comienza reconociendo que “la historia de la Ley Concursal es la historia de sus reformas”. Resulta complicado encontrar una ley que en tan pocos años haya experimentado tantas y tan profundas modificaciones.

Según indican en un artículo de El Confidencial “desafortunadamente nada ha cambiado, salvo un orden más lógico de los preceptos de la ley y mayor claridad en su redacción”. Además, indican en el periódico digital, “a pesar de sus evidentes mejoras, el texto refundido, aprobado con excesiva precipitación en esta coyuntura económica tan delicada, no parece que vaya a ser sino otro parche más en el camino para una ley tan importante, especialmente ahora, para la economía del país”.

Aún queda pendiente de transponer la Directiva (UE) 2019/1023 que, entre otros asuntos, trata de la reestructuración preventiva y de las medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas. Estableciendo mecanismos para que las empresas deudoras con dificultades financieras tengan acceso a un marco de reestructuración preventiva que les permita continuar con su actividad empresarial cuando aún son viables y evitar su insolvencia definitiva.

Se trata de simplificar el derecho concursal, de aumentar la eficacia de los procedimientos, reducir costes, y procurar que el deudor con dificultades financieras pueda continuar su actividad empresarial, en todo o en parte.

Como apoyar a las Pymes

Desde Muller Friedman queremos apoyar a la pymes y empresas que tienen problemas económicos evitando que estas entren en concurso de acreedores, ya que esto puede ser su auténtica ruina. 

Nos presentamos como una opción que evita que los empresario en situación de insolvencia se vean obligados al cierre definitivo de su empresa o la presentación al concurso de acreedores.

Si se encuentra en una situación similar y está pensando en la venta de su empresa Desde Muller Friedman le daremos una respuesta rápida a sus problemas y nos adaptamos a sus necesidades. 

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Posible vía ante el caos contractual en las empresas por el Covid19

Posible vía ante el caos contractual en las empresas por el Covid19

07 de Julio 2020. Muller Friedman Abogados Mercantil Concursal

  • La desescalada está permitiendo retomar su actividad a muchas empresas. Sin embargo, el camino hacia la nueva normalidad no está siendo fácil, teniendo en cuenta el deterioro de la economía y las nuevas condiciones que se imponen en esta nueva situación ocasionada por el Covid19.

Para muchas empresas resulta imposible, dado lo sufrido y las circunstancias actuales por el Covid19, cumplir los contratos tal y como están redactados. En este contexto, la renegociación y el acuerdo se presentan como figuras clave para superar las dificultades, pero no siempre las partes están dispuestas a ceder.

Antes de llegar a un punto de no retorno las empresas y particulares cuentan con un último recurso de emergencia: invocar la conocida como rebus sic stantibus, un mecanismo legal que permite solicitar a los tribunales la modificación de un contrato alegando que ha habido un cambio excepcional de circunstancias; como puede ser, por ejemplo, una bajada repentina e imprevisible de ingresos, que hace muy difícil o imposible su cumplimiento de manera temporal.

Sin embargo, invocar la flexibilización judicial no es una opción recomendable en estos momentos por dos razones: porque su aplicación ha sido más bien excepcional en los últimos años y porque suele venir acompañada de grandes exigencias probatorias.

Reforma legislativa.

Convencido de crear un marco normativo estable, Javier Orduña, ahora exmagistrado del Tribunal Supremo, ha remitido al Ministerio de Justicia una propuesta de reforma legal en colaboración con Jesús Sánchez, secretario de la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB). El objetivo es que la rebus sea reconocida como un principio general del derecho, se establezca el deber de negociación de las partes y, en el caso de que no lleguen a un acuerdo, se den plenos poderes a los jueces para fijar las nuevas condiciones contractuales.

La presidente del Consejo General de la Abogacía Español (CGAE), Victoria Ortega, apoya la iniciativa. Ortega entiende que la norma podría servir para equiparar a España con el resto de países de su entorno, como Francia, Alemania o Italia, que ya contemplan este mecanismo como vía para encauzar los contratos cuyo cumplimiento se ha vuelto imposible.

Inseguridad jurídica.

Una reforma urgente del Código Civil alumbraría una vía de entendimientos para muchas empresas que ahora mismo discuten entre ellas sobre cómo resolver sus conflictos contractuales. Pero no todos los juristas están de acuerdo con el cambio de paradigma. Algunos advierten de que este reconocimiento legal podría provocar una situación de inseguridad jurídica y, en consecuencia, encarecer las primas y los intereses asociados a ciertos contratos, como el de préstamo o el de seguro.

Si eres una empresa y te encuentras en esta situación, desde Muller Friedman podemos ayudarte.

Nuevo régimen de la disolución de las sociedades mercantiles con ocasión del Covid-19

Nuevo régimen de la disolución de las sociedades mercantiles con ocasión del Covid-19

02 de Julio 2020. Muller Friedman Abogados Mercantil Concursal

Durante el estado de alarma se han establecido algunas normas que afectan especialmente a la disolución de las sociedades mercantiles. Algunas de las más relevantes repercuten en cuestiones relativas a la disolución de las mismas.

Antecedentes,  tras el inicio del estado de alarma

Para ponernos en contexto, desde el pasado 18 de marzo, el Real Decreto-ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 incluye medidas de carácter societario y mercantil.

Las diferentes normas que se han publicado durante estos meses del estado de alarma han generado un régimen excepcional para regular muchos aspectos de las sociedades mercantiles.

Una vez levantado el estado de alarma el pasado 21 de junio, hemos querido analizar cuál va a ser su impacto en la vigencia de las normas que han sido aprobadas. Especialmente, queremos recordar el régimen de disolución del mismo.

Novedades a tener en cuenta relación con las causas de la disolución.

A continuación repasamos cuáles son las normas excepcionales  que las empresas deben tener en cuenta con las distintas causas de la disolución a raíz de las medidas adoptadas en el real decreto ley  8/2020.

1.     Disolución de pleno derecho por transcurso del término de duración (art. 360.1.a. de la Ley de Sociedades de Capital)

Novedad: En las sociedades cuyo término de duración fijado en los estatutos sociales haya transcurrido vigente el estado de alarma, no se producirá la disolución de pleno derecho hasta que transcurran dos meses a contar desde que finalice dicho estado.

2.     Disolución por causa legal o estatutaria (art. 363 LSC) precedente al estado de alarma.

Novedad: En caso de que, antes de la declaración del estado de alarma, concurra causa legal o estatutaria de disolución de la sociedad, el plazo legal para la convocatoria por el órgano de administración de la junta general de socios a fin de que adopte el acuerdo de disolución de la sociedad o los acuerdos que tengan por objeto enervar la causa, se suspende hasta que finalice dicho estado de alarma

3.     Disolución por causa legal o estatutaria (art. 363 LSC) concurrente al estado de alarma

Novedad: En las sociedades en las que durante la vigencia del estado de alarma, concurra causa legal o estatutaria de disolución de la sociedad,  el plazo legal para la convocatoria por el órgano de administración de la junta general de socios a fin de que adopte el acuerdo de disolución de la sociedad o los acuerdos que tengan por objeto enervar la causa, se suspende hasta que finalice dicho estado de alarma

4.     Responsabilidad del administrador por causa legal o estatutaria de disolución (art. 363 LSC) acaecida en el estado de alarma.

Novedad: Si la causa legal o estatutaria de disolución hubiera acaecido durante la vigencia del estado de alarma, los administradores no responderán de las deudas sociales contraídas en ese periodo.

A los solos efectos de determinar la concurrencia de la causa de disolución por pérdidas (artículo 363.1 e de la LSC) no se tomarán en consideración las pérdidas del ejercicio 2020.

5.     Suspensión de la causa de disolución por pérdidas (art. 363.1.e de la LSC)

Novedad: Si en el resultado del ejercicio 2021 se apreciaran pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, deberá convocarse y celebrarse la junta para proceder a la disolución de la sociedad, a no ser que se aumente o reduzca el capital en la medida suficiente.

Si tienes más dudas de las novedades relacionadas con la disolución de las sociedades mercantiles, no dudes en ponerte en contacto con nosotros y te ayudaremos.