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¿Es válida la prueba de WhatsApp en un juicio laboral?

¿Es válida la prueba de WhatsApp en un juicio laboral?

25 de febrero de 2021. Muller Friedman Abogados Mercantil Concursal

El WhatsApp es un medio de comunicación cada vez más frecuente entre los trabajadores y la empresa. Este hecho hace que cada vez sea más normal que las comunicaciones por este canal sean una prueba fundamental en un procedimiento judicial, tanto para la empresa como para el trabajador, ya sea para un procedimiento de sanción, baja voluntaria,  despido, etc. 

Whatsapp como prueba en un juicio

Una aplicación de comunicación como WhatsApp puede ser una prueba muy válida en un procedimiento judicial. Cuestión diferente es la forma de aportar la prueba, la impugnación que pueda realizar la parte contraria o la valoración del juez que haga del contenido de los mensajes o audios.

El artículo 90 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social indica que las partes “podrán servirse de cuantos medios de prueba se encuentren regulados en la Ley para acreditar los hechos controvertidos o necesitados de prueba, incluidos los procedimientos de reproducción de la palabra, de la imagen y del sonido o de archivo y reproducción de datos”.

Pero no podemos obviar que los Whatsapp se pueden manipular. Por esto, algunas sentencias han considerado que no se puede considerar como una prueba válida. Aunque esta cuestión también dependerá de qué medios complementarios se hayan aportado que puedan garantizar su veracidad o ausencia de manipulación (emails, llamadas, grabaciones, etc).

En última instancia, hemos de destacar que Whatsapp no es un medio válido para notificar cuestiones que se tienen que realizar por escrito de forma obligatoria, como por ejemplo un despido. Además, es preferible evitarlo para notificar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo o bajas voluntarias, ya que es importante utilizar otro medio más formal.

Como excepción a lo anterior, la Audiencia Nacional en la Sentencia de 29 de julio de 2020 ha validado el uso del WhatsApp y el email para comunicar los ERTEs debido a la situación especial del estado de alarma.

¿Qué conversaciones son válidas ómo prueba de WhatsApp? ¿Tengo que participar en ellas?

En el ya mencionado artículo 90 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social se establece que “no se admitirán pruebas que tuvieran su origen o que se hubieran obtenido, directa o indirectamente, mediante procedimientos que supongan violación de derechos fundamentales o libertades públicas“.

Esto es, que siempre es posible aportar los whatsapps en las conversaciones que hemos participado de forma activa. 

Por otra parte, la jurisprudencia también ha permitido que se aporten por parte de la empresa las conversaciones mantenidas en  WhatsApp en las que no haya participado el representante de la empresa, pero sí, compañeros de trabajo.

De hecho, hace un tiempo se consideró como prueba válida en un procedimiento de despido las burlas realizadas a un trabajador por un un grupo de WhatsApp de compañeros de trabajo, conociendo la empresa este hecho por que le fue entregada una copia por parte de uno de dichos compañeros de trabajo.

¿Cómo se deben aportar este tipo de pruebas al procedimiento judicial?

Como cualquier otra prueba, los WhatsApp se deben de aportar en el momento de la vista. 

La clave en esta cuestión es qué podemos hacer para que no sea impugnada por la parte contraria. Normalmente se aportan pantallazos, pero siempre es mejor complementarlo con otro tipo de prueba.

Estas son las mejores formas de acreditar la veracidad de lo recogido en los mensajes, fotos o audios de WhatsApp:

  1. Acta notarial. El notario puede dar fe pública de los mensajes en los que el solicitante haya participado, además, el notario, dejará constancia del número de teléfono, fechas de los mensajes y personas intervinientes en la conversación. Es lógico que también verifique que el teléfono pertenece a la persona que solicita el acta, ya sea mediante una llamada de teléfono al móvil, una factura de teléfono.
  2. Solicitar el cotejo del teléfono móvil por parte del letrado de la administración para que den fe pública de los mensajes que se recogen en ella. El letrado de la administración, a petición de una de las partes, puede realizar un acta para dar fe del contenido de los mensajes, números de teléfonos implicados…
  3. Prueba pericial. Un perito informático puede garantizar que los mensajes no han sido manipulados.
  4. Aportar otras pruebas relacionadas con la conversación, interrogatorio de la parte contraria que acredite la veracidad de los mensajes, documentos que complementen lo que se dice en los mensajes, testifical de las partes que hayan participado en la conversación,etc.

Cabe destacar que, estas cuestiones serán más necesarias en el caso de que la otra parte impugne los WhatsApp ya sea porque considere que no son ciertos, no son exactos o han sido manipulados. 

Si no los impugna, se presume su autenticidad y los mensajes tendrán fuerza probatoria.

En el caso de que el juez no tenga en cuenta los WhatsApp o no se le de la valoración que queremos, tendremos que presentar un recurso de suplicación con las siguientes peculiaridades

¿Es prueba documental o es prueba equivalente a una reproducción de una palabra? Esto es importante para el recurso de reposición

Esta cuestión, aunque pueda parecer que carece de importancia, es algo fundamental respecto a las posibilidades de éxito de un recurso de suplicación.

El recurso de suplicación siempre se realiza sobre los hechos probados en una sentencia por el Juzgado de lo Social.

Si estos hechos no nos benefician, lo único que podemos hacer es solicitar que se modifiquen en virtud de la prueba documental aportada en los autos, y no en virtud de otro tipo de pruebas, como puede ser la reproducción de palabra, interrogatorio de parte o testifical.

En primer lugar, la jurisprudencia se inclina a considerar que el Whatsapp no es una prueba documental, y por  tanto, no es una prueba que podremos utilizar para modificar los hechos probados en la sentencia a efectos del recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia.

Esto mismo ocurría hace un tiempo con los correos electrónicos, sin embargo, la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de junio de 2020 consideró como prueba documental los correos electrónicos a los efectos de ser válidos para la revisión de los hechos. Esto cambia el criterio hasta la fecha, que puede marcar el camino para que los WhatsApp también sean considerados como prueba documental.

Sin embargo, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 28 de enero de 2016 sí que considero el Whatsapp como prueba documental para un procedimiento de despido.

Esta sentencia establece que un Whatsapp se debe considerar documento cuando se cumpla alguno de estos supuestos:

  1. Cuando se reconoce expresamente dicha conversación y su contenido.
  2. Cuando la parte presente en el procedimiento judicial que participa en la conversación no impugne la misma.
  3. Cuando se comprueba su realidad mediante el cotejo con otro terminal implicado.
  4. Cuando se practique prueba pericial que acredite la autenticidad y envió de la conversación.

Sin embargo, justo un año más tarde, el mismo Tribunal Superior de Justicia de Galicia consideró en su sentencia de 27 de enero de 2017 que el WhatsApp no es un documento de prueba válido a los efectos de recurso de suplicación.

Por tanto, para que sea válida una prueba de WhatsApp, esto dependerá del Juzgado y de si, el magistrado, considera que las pruebas de conversaciones de Whastapp presentadas, son o no relevantes para la decisión. 

Muller Friedman

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Los despidos por covid-19 ¿son nulos o improcedentes?

Los despidos por Covid-19 ¿son nulos o improcedentes?

21 de enero de 2021. Muller Friedman Abogados Mercantil Concursal

Legalidad de los despidos como consecuencia del Covid-19

La situación que estamos viviendo en la actualidad como consecuencia del Covid-19 además de haber dado origen a una incertidumbre laboral, también ha generado inseguridad en los trabajadores que se han visto desplazados de sus actuales puestos de trabajo. 

En el post de hoy os vamos a aclarar todas las dudas sobre los despidos en la era del Covid-19. Sigue leyendo…

¿Son nulos o improcedentes los despidos por Covid?

Con el objetivo de mitigar la destrucción de empleo, desde el inicio del estado de alarma el gobierno ha adoptado distintas medidas que regulan las suspensiones temporales de contrato, el Real Decreto-Ley 8/2020 del 17 de marzo fue el primero de ellos. Sin embargo, no se ha tomado ninguna medida para proteger a los trabajadores de los despidos individuales. Por tanto, al no haber una jurisprudencia al respecto, cada despido se ha tratado de forma individual. Por tanto, decidir si el despido es improcedente  o nulo queda sujeto al criterio del Tribunal de lo Social al que el caso llega.

¿Qué se considera un despido improcedente?

Un despido se considera improcedente cuando una empresa decide acabar con la relación laboral de un empleado si que haya una causa que lo justifique. Los motivos más comunes para considerar que un despido sea improcedente son: 

  • Cuando el despido se realiza por razones discriminatorias (motivos raciales, edad o sexo) o por vulnerar los derechos fundamentales, las condiciones de los representantes de los trabajadores o los derechos de la maternidad y de conciliación de la vida laboral con la familiar.
  • No cumplir con los requisitos legales recogidos en los artículos 51-55 de los Estatutos de los Trabajadores.
  • Cuando los motivos expuestos por la empresa no justifican el despido.

Si el despido se ejecuta bajo cualquiera de estas circunstancias, este será considerado despido nulo y la empresa tendrá que readmitir al empleado. En el caso de que la empresa se niegue a readmitirlo, deberá pagarle la correspondiente indemnización por despido.

¿Qué indemnización le corresponde al trabajador por despido improcedente?

Desde la pasada reforma del 12 de febrero del 2012, la indemnización por despido que corresponde al trabajador es el equivalente a 33 días de salario por año trabajado. Aunque debemos tener en cuenta que antes de dicha reforma, era de 45 días por año de trabajo.  Por tanto, si el contrato se produjo antes de la reforma y finaliza tras esta, tendrá derecho a la aplicación de ambos baremos

¿Cuáles son los tipos de despidos existen?

Puede haber diferentes motivos por los que una empresa decide rescindir un contrato laboral:

  • Despido colectivo: Este despido se da cuando afecta a un número determinado de trabajadores de la empresa. En este caso, se exige un ERE y para que este sea efectivo la empresa ha de cumplir con las formalidades legales y de aplicación recogidas en el Estatuto de los Trabajadores.
  • Despido disciplinario: Se da cuando el trabajador incumple sus obligaciones laborales en la empresa: faltas injustificadas al puesto de trabajo, escaso rendimiento laboral, agresiones físicas o verbales, acoso sexual…
  • Despido objetivo: Cuando la empresa decide extinguir un contrato laboral basándose en causas legales, este se considera despido objetivo. Dichas causas se encuentran recogidas en el Estatuto de los Trabajadores: motivos económicos, técnicos, organizativos o de producción, ineptitud o inadaptación del trabajador. Cualquiera que sea el motivo, este siempre tiene que estar justificado por la empresa.   

¿Qué hacer en caso de despido laboral?

Lo primero que debemos tener en cuenta es que cualquier despido, sea del tipo que sea, debe ser comunicado por escrito al trabajador. Si un trabajador se ha visto afectado por despido debe seguir una serie de pautas:

  • Exigir la copia de la carta de despido antes de firmar.

     

  • Comprobar que las dos cartas (original y copia) son exactamente iguales y, sobre todo, que las fechas coinciden.
     
  • A la hora de firmar el documento, siempre conviene hacer constar “No conforme” antes de la rúbrica. De esta forma, las posibles reclamaciones se realizarán más fácilmente.

     

  • También es recomendable que la firma siempre esté acompañada de la fecha para tener la constancia del momento exacto de la comunicación escrita del despido. Este punto es importante porque existe un plazo de 20 días laborables para presentar alegaciones o solicitar (si procede) la prestación por desempleo.

     

  • Siempre que tenga cualquier tipo de duda, recomendamos buscar asesoramiento jurídico para saber cuáles son los pasos que ha de dar.  

Despidos provocados por la crisis del  Covid-19

Ya que hemos explicado todos los tipos de despidos por los que una empresa puede extinguir un contrato laboral, lo único que nos queda por aclarar es que el gobierno español, mediante el Real Decreto-Ley 30/2020 del 29 de septiembre, ha prorrogado la prohibición de despedir a un trabajador por motivos del Covid-19 hasta el 31 de enero del 2021.

Sin ir más lejos, el pasado domingo El País publicó una noticia que rezaba así “El TSJ de Madrid declara improcedentes los despidos por la covid-19”. De hecho, esta ha sido la primera sentencia de un alto tribunal autonómico que se pronuncia sobre la medida que prohibía las rescisiones de contrato provocadas por la pandemia. Puedes leer la noticia al completo aquí

Sin embargo, y a pesar de esta disposición, sabemos que en tiempos de crisis o inestabilidad financiera, es cuando más abusos laborales se dan y son muchas las personas que se están viendo involucradas en una situación laboral complicada y confusa.

La mayoría de los trabajadores no saben realmente cuáles son sus derechos. Por esto, contar con un buen asesoramiento legal es de gran importancia para conocer todos los derechos legales que te amparan como trabajador y así poder actuar en caso de que exista la improcedencia del despido.

Muller Friedman

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Nuevas medidas en materia de arrendamientos de locales de negocios tras el Real Decreto-ley 35/2020

Nuevas medidas en materia de arrendamientos de locales de negocios tras el Real Decreto-ley 35/2020

14 de enero de 2021. Muller Friedman Abogados Mercantil Concursal

El pasado diciembre se aprobó el Real Decreto-ley 35/2020, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria, con entrada en vigor al día inmediato posterior a su publicación en el BOE. Este Real Decreto-ley establece medidas para reducir los gastos de arrendamientos de locales que soportan empresas y autónomos, en materia tributaria y en el ámbito laboral y de seguridad social.

Respecto a los contratos de arrendamientos de locales 

Con respecto a los contratos de arrendamientos, en caso de ausencia de acuerdo entre las partes, cuando el arrendador sea una empresa o entidad pública o un gran tenedor, entendiendo por tal la persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2; el arrendatario podrá antes del 31 de enero de 2021 solicitar de la persona arrendadora una de las siguientes opciones:

  1. Una reducción del 50% de la renta. Durante el tiempo que dure el estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el Covid-19. Así como sus prórrogas, y podrá extenderse a las mensualidades siguientes, hasta un máximo de cuatro meses.
  2. Una moratoria en el pago de la renta que se aplicará durante el periodo de tiempo que dure el estado de alarma declarado por el RD 926/2020 y sus prórrogas, y podrá extenderse a las mensualidades siguientes, hasta un máximo de cuatro meses. Dicha renta se aplazará, sin penalización ni devengo de intereses.

El pago aplazado de las rentas se podrá realizar durante un periodo de dos años a contar desde la finalización de la moratoria, y siempre dentro del plazo de vigencia del contrato de arrendamiento o cualquiera de sus prórrogas, repartiéndose los importes aplazados de manera proporcional a lo largo del período.

Asimismo, el arrendador deberá comunicar de manera expresa su decisión a la arrendataria, en el plazo máximo de siete días hábiles desde que la arrendataria le haya formulado su solicitud por un medio fehaciente.

Lo establecido en este apartado no resultará de aplicación cuando la persona arrendadora se encuentre en concurso de acreedores o cuando, como consecuencia de la aplicación de estas medidas, el arrendador se encuentra en probabilidad de insolvencia o ante una insolvencia inminente o actual, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, debiendo el arrendador que pretenda la aplicación de esta excepción acreditar encontrarse en alguna de las situaciones enunciadas.

Condiciones de los trabajadores autónomos y pymes para beneficiarse de las medidas de los arrendamientos de locales 

Para la aplicación de las medidas indicadas, los trabajadores autónomos y pymes arrendatarios de bienes inmuebles para uso distinto del de vivienda han de cumplir las siguientes condiciones:

  1. En el caso del trabajador autónomo, estar afiliado y en situación de alta, en la fecha de la declaración del estado de alarma mediante el RD 926/2020, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar o, en su caso, en una de las Mutualidades sustitutorias del RETA.
  2. En el caso de las pymes, que no se superen los límites establecidos en el artículo 257.1 de la Ley de Sociedades de Capital, que establece las circunstancias que permiten formular balance y estado de cambios en el patrimonio neto de forma abreviada.
  3. Tanto para autónomos como para pymes, que su actividad haya quedado suspendida como consecuencia de la entrada en vigor del RD 926/2020, o por órdenes dictadas por la Autoridad competente y las Autoridades competentes delegadas al amparo del referido real decreto.
  4. Tanto para autónomos como para pymes, en el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida como consecuencia de la entrada en vigor del RD 926/2020, se deberá acreditar la reducción de la facturación del mes natural anterior al que se solicita el aplazamiento o reducción de la renta en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la facturación media mensual del trimestre al que pertenece dicho mes referido al año anterior.

El cumplimiento de los requisitos establecidos, se acreditará por la persona arrendataria ante la arrendadora mediante la presentación de la siguiente documentación:

  1. La reducción de actividad se acreditará mediante una declaración responsable en la que se haga constar la reducción de la facturación mensual en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la facturación media mensual del mismo trimestre del año anterior.
  2. La suspensión de actividad se acreditará mediante certificado expedido por la AEAT o por la entidad competente para tramitar el cese de actividad extraordinario regulado en el artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19.

Por último, las personas arrendatarias que se hayan beneficiado de la reducción y del aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la rente sin reunir los requisitos establecidos, serán responsables de los daños y perjuicios que se hayan podido producir. 

Personas afectadas por las nuevas medidas de arrendamientos de locales

Si eres uno de los afectados por la entrada en vigor de estas nuevas medidas, no dudes en contactar con nosotros y te resolveremos todas las dudas. 

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Sociedades inactivas: qué son y cómo evitar que te perjudiquen

Sociedades inactivas: qué son y cómo evitar que te perjudiquen

31 de diciembre de 2020. Muller Friedman Abogados Mercantil Concursal

La crisis del coronavirus está llevando al cierre de muchos negocios, pero hay gerentes que aún tienen la esperanza de reanudar su actividad una vez que podamos recuperar la verdadera normalidad. Una buena alternativa para estos casos son las sociedades inactivas, gracias a las que podemos dejar todas las clases de sociedades en standby ante la posibilidad de reapertura.

¿Qué son las sociedades inactivas?

Vamos a empezar por definir qué es una sociedad inactiva: es aquella que no desarrolla ninguna actividad económica. Habitualmente se trata de empresas que han estado vinculadas al desarrollo de un negocio que ha tenido que cerrarse. Cuando dejamos una sociedad inactiva, comunicamos la baja de la actividad en Hacienda y queda a la espera de su reactivación con la misma actividad o con otra, aunque también cabe la posibilidad de liquidarla finalmente.

Cómo dejar inactiva una sociedad en dos pasos

¿Cómo dejar inactiva una sociedad limitada, por ejemplo? Cualquier tipo de sociedad puede quedar inactiva a través del proceso que indicamos a continuación, sin llegar a la disolución de una empresa y liquidación de esta:

  1.     Comunicar ante la Administración Tributaria el cese de la actividad mediante la presentación de una declaración censal de modificación en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores, correspondiente al modelo 036. Tienes a tu disposición dos vías para realizarla:
  •       Presencialmente en tu oficina de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT). En este caso, puedes solicitar el impreso en la misma oficina o bien descargarlo en la sede electrónica de la Agencia Tributaria.
  •       Por vía telemática, a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria, para lo cual necesitarás tener un certificado electrónico.

  1.     Siempre deberás marcar la casilla 140, que es la que corresponde al deseo de dejar nuestra sociedad inactiva. A continuación, debes indicar en la casilla 141 la fecha del cese de la actividad y firmar el modelo.

¿Cómo reactivar las sociedades inactivas?

El proceso para reactivar las sociedades inactivas es sencillo siempre y cuando se haya respondido a las obligaciones fiscales y mercantiles durante el periodo de inactividad. Igual que en el caso anterior, debemos comunicarlo a la AEAT a través de cualquiera de las dos vías que hemos indicado y rellenando el mismo modelo 036. La diferencia es que deberemos rellenar la casilla 127 de la página 1 y además cumplimentar la página 4 del documento.

¿Se puede reactivar una sociedad inactiva sin presentar los libros y las cuentas anuales en el Registro Mercantil?

La respuesta es no. Hablamos de un punto clave a la hora de entender cómo reactivar una sociedad inactiva. Si en el momento en que queremos reactivar nuestra sociedad aún no hemos llevado a cabo estos trámites, estamos obligados a presentar los libros y las cuentas anuales en el Registro Mercantil antes. Del mismo modo, debemos declarar el Impuesto de Sociedades si no lo hemos presentado.

Por otra parte, debemos tener en cuenta que podemos ser sancionados si no presentamos los libros de cuentas o el Impuesto de Sociedades mientras permanece la sociedad inactiva.

¿Cómo se contabilizan los gastos de una sociedad inactiva?

Lo primero que debemos saber es que se pueden seguir soportando ciertos gastos. Por ejemplo, podemos seguir afrontando comisiones bancarias, agua, electricidad, alquiler y asesoría. Estos gastos no son deducibles en las sociedades inactivas, desde un punto de vista fiscal, sin embargo, deben figurar en nuestro registro contable. Y, por ello, estamos sujetos a ciertas obligaciones, tal como adelantábamos:

        Declaración del Impuesto de Sociedades

        Legalización de los libros contables

        Realizar el depósito de cuentas

El cambio esta vez consiste en que no estamos obligados a presentar la declaración trimestral del IVA, puesto que no vamos a generar ninguna factura, en principio.

¿Cuándo prescribe una sociedad inactiva?

Si eres el administrador de una sociedad inactiva debes fijarte en el tiempo en que puedes mantenerla en este estado porque, de lo contrario, podrías ser el responsable de posibles deudas. Te lo explicamos a continación:

        Una sociedad puede estar inactiva durante un periodo máximo de un año desde la comunicación del cese de actividad en el Registro Mercantil. A partir del año, la sociedad tiene la obligación de disolverse y en ese momento, el administrador debe convocar una Junta General y realizar un balance de liquidación de la sociedad inactiva en un plazo de dos meses. Si este acontecimiento no tiene lugar y hay deudas que atender, el administrador está obligado a responder ante ellas al considerarse que no existe sociedad alguna.

        Por otro lado, cabe destacar que la acción de responsabilidad del administrador de una sociedad prescribe a los 4 años desde la inscripción del cese en el Registro Mercantil.

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Lo que debes saber sobre el teletrabajo desde el extranjero o desde España

Lo que debes saber sobre el teletrabajo desde el extranjero o desde España

30 de octubre de 2020. Muller Friedman Abogados Mercantil Concursal

Los impuestos y fiscalidad del teletrabajo desde el extranjero o desde España

La crisis sanitaria provocada por el covid-19 ha potenciado en gran medida el teletrabajo y también las consultas fiscales y legales sobre esta forma de trabajar, sobre todo en el caso en que el empleado decide trasladarse al extranjero y trabajar desde su casa. En este sentido, surgen muchas dudas como, por ejemplo, si se deben pagar más impuestos por teletrabajar o qué requisitos se deben cumplir para considerar si se es residente o no en España.

En el post de esta semana vamos a aclarar todas vuestras dudas relacionadas con este tema.

¿Qué requisitos debo de cumplir para saber si soy residente o no residente en España?

Desde un punto de vista fiscal una persona física se considera que reside en España cuando se produce alguna de las siguientes circunstancias:

  • Que permanezca más de 183 días al año natural en territorio español. Se computarán también las ausencias esporádicas, a excepción de que el contribuyente pruebe su residencia fiscal en otro país.
  • Que radique en España su base de actividades o intereses económicos.
  • Que residan en España el cónyuge no separado y los hijos menores de edad. En este caso se admite prueba en contrario.

En el caso de que no se cumplan los requisitos que hemos detallado anteriormente o la persona pruebe que tiene la residencia fiscal en otro país a través de un certificado de residencia fiscal, se le considerará como no residente.

¿Tendría que pagar más impuestos si decido realizar el teletrabajo en el extranjero?

La determinación de la residencia fiscal es importante para saber dónde se va a tener que tributar por el teletrabajo que se realiza en el extranjero: en España, en el país en el que se teletrabaja o en los dos.

La fijación de la residencia fiscal supondrá que el trabajador deba tributar por todas las rentas que perciba en el país en el que resida de forma habitual. Asimismo, se deberá analizar si entre los países de residencia y de trabajo existe un convenio para evitar la doble imposición.

También es importante acudir a los convenios que tenga firmados España con terceros países para determinar el concepto y lugar de tributación, así como los efectos de evitar la doble imposición.

Si se entiende que, aplicando los criterios para establecer la residencia, podemos ver que el trabajador se puede considerar que reside tanto en España como en el país en el que trabaja, también habrá que consultar los convenios de doble imposición. Y, en última instancia, se aplicará el criterio de la nacionalidad.

¿Qué factores debo tener en cuenta si teletrabajo desde casa, pero resido en el extranjero?

En el caso de que hayas decidido teletrabajar para una empresa con domicilio en España pueden darse dos casos diferentes:

  • Que trabajes desde tu casa en España. En este primer supuesto, deberás tributar por tus ingresos igual que lo harías si trabajaras de forma presencial y la empresa realizará en la nómina las retenciones de IRPF que correspondan.
  • Que trabajes desde tu casa en el extranjero. En este segundo ejemplo, tú te trasladas al extranjero, pero tienes una relación laboral con una empresa española y realizas tu actividad mediante el teletrabajo. Si cumples los criterios para fijar tu residencia en España, los cuales citamos anteriormente, seguirás tributando en España por el IRPF por todos tus ingresos. En cambio, si no cumples los requisitos para que se te considere residente en España, tributarás por el impuesto sobre la Renta de No Residentes. La diferencia es que el tipo de gravamen es fijo en este impuesto y no progresivo como en el IRPF.

Pero, el país de residencia también podría gravar las rentas y, para evitarlo, se tendrán que consultar los convenios entre los dos países. Puede que el convenio regule que, si el empleado tributa en ambos países, la Agencia Tributaria española devuelva el exceso al empleado.

Muller Friedman

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