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LA NUEVA ERA DEL TELETRABAJO

La nueva era del teletrabajo

01 de octubre de 2020. Muller Friedman Abogados Mercantil Concursal

¿Qué es el trabajo a distancia y dónde se regula?

Según el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia, que entra en vigor el 13 de octubre. Entendemos por trabajo a distancia, aquel que tiene lugar en un mínimo del 30% de la jornada laboral durante un periodo de 3 meses o “el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato de trabajo«.

Respecto a los menores de edad, con contrato en prácticas, formación y aprendizaje, la ley establece una limitación, imponiendo la obligatoriedad de un 50% de presencialidad en el trabajo.

Esta ley no se aplicará al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas.  Este se regirá por una normativa específica en la que trabajan Gobierno y agentes sociales, que se regula en el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores.

Aunque esta figura ya estaba contemplada en el Estatuto de los Trabajadores, debido a la pandemia del COVID19, ganó fuerza con el Estado de Alarma y el confinamiento.

Randstad ha elaborado un estudio, con los datos del INE relativos al segundo trimestre del 2020, del que se constata que 3.015.200 ocupados de nuestro país estuvieron teletrabajando de manera habitual. Es decir, más de la mitad de los días que trabajaron, lo hicieron desde sus casas.

Lo que se pretende obtener mediante la nueva Ley es ayudar «a las partes a trasladar el carácter tuitivo del derecho del trabajo a la nueva realidad», subraya el decreto. 

Las sanciones para aquellas empresas que no cumplan con la Ley del Teletrabajo, pueden ser de más de 6.000 euros, dependiendo de la infracción que cometan.

Es importante resaltar el papel destacado que cumple la negociación colectiva en el tema del teletrabajo.

El teletrabajo requiere acuerdo expreso entre empresario y trabajador

El teletrabajo, al no ser obiligatorio, sino voluntario, requiere un pacto expreso firmado por escrito entre empresario y trabajador para que en caso de que haya cambio de opinión, dé la posibilidad de revertir lo pactado.

Este acuerdo deberá contener toda la información sobre los horarios, los medios, la compensación de las facturas de suministro (luz, internet). En cualquier caso, «es la empresa quien debe sufragar o compensar el desarrollo del trabajo a distancia«.

La empresa deberá entregar una copia del pacto a los representantes de los trabajadores para que lo firmen en un plazo no superior a 10 días desde su firma y posteriormente se enviará a la oficina de empleo.

En el caso de que el trabajador se negare a teletrabajar, esto no puede ser una causa de despido objetivo, ni de una «modificación sustancial de las condiciones».

¿Cómo me van a controlar la jornada laboral?

Como hemos comentado anteriormente, en el caso del teletrabajo, la jornada laboral tiene que quedar reflejada y no queda más remedio que hacerlo mediante instrumentos informáticos o telemáticos.

Respecto a los derechos de los trabajadores que eligen trabajar desde casa porque la empresa les da esa oportunidad, hay que especificar que gozan de los mismos derechos que los de cualquier persona que tiene su puesto de trabajo en una empresa.

Pero la empresa no puede exigir la instalación de programas o aplicaciones en dispositivos propiedad del trabajador.

¿Quién paga los gastos derivados del teletrabajo?

Conforme el Real Decreto, la empresa deberá poner a disposición de la persona trabajadora de «los medios, equipos y herramientas necesarias para el desarrollo de la actividad« y, además, deberá garantizar «la atención precisa en el caso de dificultades técnicas». 

Dado este caso, el empleador debe realizar un inventario de los equipos y aparatos de su propiedad y que pone a disposición del trabajador, que adquiere el compromiso de cuidarlos de modo que no se deterioren.

Se establece en la nueva ley que, el teletrabajo «no podrá suponer la asunción por parte de la persona trabajadora de gastos relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral». 

¿Varía en algo mi sueldo si teletrabajo?

Existe la posibilidad que los pluses derivados del transporte, por ejemplo, se pierdan al volverse completamente innecesarios, pero no debería producirse cambios sustanciales.

Y aunque antes de la pandemia, con el teletrabajo daba la impresión de que íbamos a pasar más tiempo con la familia y amigos, no perder tiempo en transporte y trabajar de forma más relajada. Se ha constatado que la realidad es otra. El teletrabajó nos obligó a aprender forzadamente una nueva forma de organizar y optimizar nuestro tiempo laboral a la vez que en la casa se vive un caos doméstico por las tareas del hogar y los niños.

De lo que no hay duda es de que, el teletrabajo ha llegado para quedarse y hay que admitir que debido al ritmo acelerado al que lo están implementando las empresas, era necesaria una regulación legal.

Muller Friedman

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EL CONCURSO DE ACREEDORES EXPRÉS

El Concurso de Acreedores exprés

24 de septiembre de 2020. Muller Friedman Abogados Mercantil Concursal

Si una empresa que se encuentra en situación de insolvencia inminente no ha presentado concurso de acreedores en el plazo acordado al efecto, se entiende que el administrador ha actuado negligentemente y deberá hacer frente y responder con su patrimonio personal por las deudas contraídas con los acreedores de la sociedad.

La crisis del COVID-19 ha incrementado exponencialmente la utilización de la figura del concurso de acreedores exprés, que está regulado en el art. 176 bis. 4 de la Ley Concursal y en el art. 470 del nuevo Texto refundido:

El juez podrá acordar en el mismo auto de declaración de concurso la conclusión del procedimiento cuando aprecie de manera evidente que la masa activa presumiblemente será insuficiente para la satisfacción de los posibles gastos del procedimiento, y además, que no es previsible el ejercicio de acciones de reintegración o de responsabilidad de terceros ni la calificación del concurso como culpable.”

Pues bien tenemos que puntualizar que, a esta modalidad de concurso, solamente pueden acudir las personas jurídicas.

Así, si una empresa se encuentra en situación de insolvencia, no posea activos y se ve obligada a solicitar el concurso de acreedores, tiene la opción de podrá acudir a un concurso exprés.

Con este tipo de concurso, se salvaguarda la responsabilidad del administrador de la sociedad, al cumplir lo estipulado en el art. 5 Ley Concursal en relación con el art. 367 de la Ley de Sociedades de Capital.

¿Qué requisitos son necesarios para poder acudir al concurso de acreedores exprés?

El concurso exprés es una modalidad de concurso de acreedores dirigida, por norma general, a aquellas empresas que no pueden hacer frente a sus deudas por verse inmersas en una complicada situación económica y que por de falta de liquidez, inminentemente cerrará su negocio. A ello se suma el hecho de que no poseen bienes de ningún tipo para liquidar al objeto de abonar sus deudas o carecen de patrimonio alguno (o sea residual a efectos de liquidación) o incluso cuando poseen, su valor de liquidación es insuficiente para cubrir los costes de un concurso de acreedores ordinario.

Es necesario también que no sea previsible la calificación del concurso como culpable ya que en caso de detectarse que en la empresa hubieren existido irregularidades generadas por la falta de diligencia de sus administradores, el juez podría denegar la solicitud de concurso exprés al caber acciones de reintegración, de impugnación o de responsabilidad de terceros.

¿En qué consiste el concurso exprés?

La solicitud de concurso exprés debe presentarse ante el juzgado de lo mercantil correspondiente. Una vez revisada por el Juzgado la demanda y la documentación aportada, si se han cumplido los requisitos se procede a su admisión o inadmisión.

En caso de admitirlo el juez como concurso exprés, no se nombrará siquiera administrador concursal y se procede al cierre del expediente judicial con la conclusión del concurso y sin tramitación de este en el mismo auto.

Al mismo tiempo con el auto de conclusión del juzgado, se declara la extinción de la sociedad de forma inmediata sin liquidación de los bienes de esta, puesto que ya no dispone de bienes.

Las ventajas del concurso exprés son las siguientes:

  • El ahorro de costes para la empresa.
  • Rapidez y agilidad en el procedimiento: No se procede al nombramiento de un administrador concursal que se ocupe del control y administración de la sociedad mientras dure el procedimiento, sino que el juez dicta en el mismo auto la apertura y la conclusión del concurso, sin necesidad de que se desarrollen ninguna de las fases del concurso ordinario (fase común, fase de convenio y fase de liquidación.
  • De forma paralela, el juez solicitará también la extinción de la sociedad y el cierre de la hoja registral.
  • No se ejecuta la fase de calificación del concurso, derivándose de este hecho la no responsabilidad del deudor por la situación de insolvencia de la sociedad. Aunque el deudor no sea objeto de concurso culpable, el órgano de administración general quedaría sujeto al régimen de responsabilidad correspondiente.
  • Se anuncia la declaración y conclusión del concurso en el Boletín Oficial del Estado, el Registro Público Concursal y en el tablón de anuncios del juzgado. Asimismo, se expide mandamiento dirigido al Registro Mercantil correspondiente para la inscripción de la conclusión del concurso.

Aunque para las empresas sofocadas por deudas puede ser una solución rápida y eficaz, evitando un procedimiento largo y tedioso, para los acreedores es bastante perjudicial ya que en ningún caso van a cobrar sus deudas al no poseer la empresa concursada activo alguno.

Se resalta la ineficacia de poner en marcha un procedimiento judicial de concurso de acreedores cuya función inicial era la de instrumento diseñado para reflotar empresas, para convertirse con la crisis del coronavirus en una herramienta perfecta para cerrarlas.

Muller Friedman

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El nuevo negocio: Compraventa de empresas insolventes

El nuevo negocio: Compraventa de empresas insolventes

17 de septiembre de 2020. Muller Friedman Abogados Mercantil Concursal

  • La compraventa de empresas sueles ser una solución para aquellas empresas que, devido al Covid-19, están en situación de insolvencia

No son pocas las empresas que se encuentran con una crítica situación económica agravada debido a la Covid-19. Ante la amenaza de la inminente situación de insolvencia, se ven inmersas en la situación de buscar nuevas alternativas para preservar la viabilidad del negocio y de los puestos del trabajo. En ocasiones,incluso, para evitar la responsabilidad como administrador.

Esta situación suele darse en empresas no viables, aunque también puede ocurrir en empresas viables que presentan desequilibrios financieros. La insolvencia de una empresa puede deberse a un desequilibrio entre el pasivo a largo y corto plazo, a una mala gestión del negocio o a una inadecuada estructura de capital (mucha deuda y pocos recursos propios).

Desde la perspectiva de la empresa en crisis, el agotamiento que supone la gestión de la insolvencia, junto a la percepción de los socios actuales del valor de su negocio y, en ocasiones, el vínculo emocional que tienen con su empresa, dificultan el cierre de acuerdos con un socio externo, donde el precio suele ser muy reducido.

Soluciones para ayudar a las empresas insolventes: La compraventa

Así, una de las soluciones que surge como auxilio a las compañías que tienen dificultades para mantener su actividad, es la oportunidad de venderla a un tercero que cuente con la capacidad suficiente para dotarla de recursos.

Ello supone una buena oportunidad para un comprador experto, que puede generar valor con su aportación en gestión, la aportación de financiación externa y el cierre de acuerdos con los acreedores originarios.

Punto de vista del comprador de una empresa insolvente

Desde el punto de vista del comprador, una de las principales ventajas será la capacidad de ocupar la posición que posiblemente ocupaba su competidor. De esta forma podrá beneficiarse de la adquisición, por ejemplo, de una o varias unidades productivas, del conocimiento del mercado local y del público objetivo.

Una nueva financiación y dirección, unida a nuevos ajustes operativos, en ocasiones evitan llegar a un concurso de acreedores. Un procedimiento legal que regula la forma en que se liquidan las empresas inviables (el 98%) y que sirve para alcanzar un acuerdo con los acreedores en caso de graves desequilibrios financieros (el 2%).

Pero, lo que hay que resaltar es que si un comprador adquiriese una empresa que ya se encuentra incursa en un concurso, la transmisión de una unidad productiva, no implica la cesión de todos los pasivos de la concursada al adquirente. Sino que hay que estar al contenido del propio plan de liquidación elaborado por la administración concursal y aprobado por el Juez del concurso. O así debería de ser lógico.

¿Qué ocurre con los créditos laborales y deudas a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social?

Pregunta muy frecuente a la hora de intentar realizar una compraventa de unidad productiva es: ¿qué ocurre con los créditos laborales y deudas a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social?

Respecto a los créditos derivados de las obligaciones de pago a favor de los trabajadores que continúen en plantilla en la unidad productiva con posterioridad a la adquisición de esta, el adquirente está claro que debe asumirlos. Dicha adquisición permite la continuidad y la conservación de los puestos de trabajo aun cuando existe la posibilidad de que se modifiquen las condiciones laborales, incluido el marco geográfico.

Pero tema muy controvertido y debatido por nuestros Tribunales que aún mantienen posiciones enfrentadas, es respecto a aquellos trabajadores que hubiesen dejado de serlo en la fase común del concurso y antes de la transmisión de la unidad productiva.

En nuestra opinión, el despido no debería tener efectos más allá de la etapa concursal. Además, entendemos que la subrogación debería ser sólo respecto a aquellos trabajadores que sigan en la plantilla en fase de liquidación, pero no respecto a aquellos cuyos contratos se extinguieron.

A pesar de lo expuesto en el Real Decreto-ley 11/2014 que, recordemos, era «garantizar en lo posible la continuación de la actividad empresarial, facilitando, fundamentalmente, la venta del conjunto de los establecimientos y explotaciones del concursado o de cualesquiera otras unidades productivas«. Aún sigue habiendo muchas sentencias que declaran la responsabilidad solidaria del adquirente de una unidad productiva en materia de créditos laborales pertenecientes a relaciones extintas con anterioridad a la transmisión de la reseñada unidad productiva.

Empresarios que quieren vender

Así, en la actualidad, los empresarios que quieren vender sus empresas se encuentran con medidas que dificultan los procedimientos de transmisión.  A su vez,  los inversores o adquirentes, se encuentran en la tesitura de tener que hacer frente a unos costes innecesarios y a unos efectos perniciosos que benefician como siempre, a los poderes públicos sin importar que lo que se intenta es mantener las unidades de negocio viables. Claramente las ofertas de los inversores a la existencia de estas contingencias disminuirán considerablemente pero así se evitarán sorpresas desagradables tras la adquisición.

Hay que poner el foco en que en la actualidad y, aprovechándose de las tensiones del mercado o de las dificultades que tienen las empresas para mantener su negocio a flote, están surgiendo multitud de “oportunidades” de compraventa de empresas fraudulentos.

Debe ser una señal de alarma si los “inversores” no presentan un plan de financiación o no informan adecuadamente de las intenciones que tienen. Ya que estas intenciones pueden no ser otras que lucrarse con los activos que quedan en la sociedad y dejarla morir. En este caso, la Ley extiende la responsabilidad a todo aquel que haya ostentado el cargo de administrador durante los dos años anteriores.

Comprar empresas en crisis, requiere desplegar una serie de actuaciones y de un análisis previo exhaustivo para valorar la viabilidad del negocio. El proceso de estudio de riesgos se conoce como Due Diligence, y opera a modo de auditoría legal en la que se diagnostican las contingencias que pueden generar algún tipo de responsabilidad en el futuro.

Es indispensable contar con asesoramiento experto e independiente en la materia e informarse sobre todas las repercusiones legales que puede tener una operación de esta magnitud.

Desde Muller Friedman le proponemos soluciones “a medida” para la superación de la crisis y la rápida toma de decisiones si desea contar con asesoramiento experto durante todo proceso de compraventa.

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Posible vía ante el caos contractual en las empresas por el Covid19

Posible vía ante el caos contractual en las empresas por el Covid19

07 de Julio 2020. Muller Friedman Abogados Mercantil Concursal

  • La desescalada está permitiendo retomar su actividad a muchas empresas. Sin embargo, el camino hacia la nueva normalidad no está siendo fácil, teniendo en cuenta el deterioro de la economía y las nuevas condiciones que se imponen en esta nueva situación ocasionada por el Covid19.

Para muchas empresas resulta imposible, dado lo sufrido y las circunstancias actuales por el Covid19, cumplir los contratos tal y como están redactados. En este contexto, la renegociación y el acuerdo se presentan como figuras clave para superar las dificultades, pero no siempre las partes están dispuestas a ceder.

Antes de llegar a un punto de no retorno las empresas y particulares cuentan con un último recurso de emergencia: invocar la conocida como rebus sic stantibus, un mecanismo legal que permite solicitar a los tribunales la modificación de un contrato alegando que ha habido un cambio excepcional de circunstancias; como puede ser, por ejemplo, una bajada repentina e imprevisible de ingresos, que hace muy difícil o imposible su cumplimiento de manera temporal.

Sin embargo, invocar la flexibilización judicial no es una opción recomendable en estos momentos por dos razones: porque su aplicación ha sido más bien excepcional en los últimos años y porque suele venir acompañada de grandes exigencias probatorias.

Reforma legislativa.

Convencido de crear un marco normativo estable, Javier Orduña, ahora exmagistrado del Tribunal Supremo, ha remitido al Ministerio de Justicia una propuesta de reforma legal en colaboración con Jesús Sánchez, secretario de la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB). El objetivo es que la rebus sea reconocida como un principio general del derecho, se establezca el deber de negociación de las partes y, en el caso de que no lleguen a un acuerdo, se den plenos poderes a los jueces para fijar las nuevas condiciones contractuales.

La presidente del Consejo General de la Abogacía Español (CGAE), Victoria Ortega, apoya la iniciativa. Ortega entiende que la norma podría servir para equiparar a España con el resto de países de su entorno, como Francia, Alemania o Italia, que ya contemplan este mecanismo como vía para encauzar los contratos cuyo cumplimiento se ha vuelto imposible.

Inseguridad jurídica.

Una reforma urgente del Código Civil alumbraría una vía de entendimientos para muchas empresas que ahora mismo discuten entre ellas sobre cómo resolver sus conflictos contractuales. Pero no todos los juristas están de acuerdo con el cambio de paradigma. Algunos advierten de que este reconocimiento legal podría provocar una situación de inseguridad jurídica y, en consecuencia, encarecer las primas y los intereses asociados a ciertos contratos, como el de préstamo o el de seguro.

Si eres una empresa y te encuentras en esta situación, desde Muller Friedman podemos ayudarte.