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¿Por qué necesitas un abogado mercantil?

¿Por qué necesitas un abogado mercantil?

05 de marzo de 2021. Muller Friedman Abogados Mercantil Concursal

Si estás pensando en empezar un negocio, necesitarás  el asesoramiento de un abogado mercantil. Ser emprendedor no es tarea fácil. De hecho, la burocracia frena en muchas ocasiones la iniciativa y hacer las cosas bien desde el primer momento nos puede ahorrar tiempo, dinero y muchos problemas.

¿Qué cuestiones puede resolver un abogado mercantil?

Lo primero que has de tener en cuenta es qué forma jurídica es la mejor para construir una empresa teniendo en cuenta el volumen y la actividad de tu negocio. Esta no es una decisión fácil, ya que existen más de diez posibilidades distintas. Cada una de ellas tiene un proceso diferente y, por tanto, implica responsabilidades distintas. Hay que determinar el número de socios y la forma en la que cada uno aporta capital o trabajo a la sociedad, así como el nivel de responsabilidad ante las deudas de cada una de las partes. 

¿Por qué necesitas un abogado de derecho mercantil en estos casos? En resumidas cuentas, porque será tu guía en el proceso. Además, muy posiblemente necesites asesoramiento para resolver dudas que tienen que ver con cuestiones como el Número de Indentificación Fiscal, el pago de los impuestos, la inscripción en el Registro Mercantil, etc.

Una vez constituida la empresa, también necesitas de un especialista en derecho mercantil, ¿por qué? Pues entre otras cosas, porque este te ayudará a saber qué normativa regula tu actividad económica y sus límites legales para no incurrir en acciones contrarias a derecho, tanto frente a la Administración, como frente a los cliente o proveedores. Además, si surgen conflictos, un abogado mercantil puede ayudarte en las negociaciones extrajudiciales para resolverlos, ya que pueden actuar como árbitros de consumo y mediación. 

Necesitarás un abogado mercantil a la hora de la financiación también

Otro de los campos relevantes en los que un empresario puede necesitar un abogado mercantil es el de la financiación. El abogado se asegurará de que sus clientes estén protegidos de forma legal contra los riesgos que pueda haber en cualquier acuerdo de financiación. 

Y aunque resulte paradójico, desde un primer momento hay que tener presente la posibilidad de tener la necesidad de disolver y liquidar la sociedad mercantil a la que estamos vinculados. Esto implica seguir unos cauces concretos y el cumplimiento de obligaciones adquiridas por parte de la compañía hacia sus proveedores y hacia la Administración. Este es otro de los motivos de porqué necesitas un abogado de derecho mercantil para tu empresa.

 

Estas son algunas de las razones por las que es necesario un abogado mercantil, pero las posibilidades de su campo de actuación son muy amplias e incluye aspectos como, la participación en el mercado bursátil, la inscripción en la Oficina Española de Marcas y Patentes de los símbolos que caractericen a tu negocio, la modificación de estatutos y muchas más acciones.

Dado que esta figura es muy importante, te recomendamos que elijas siempre a profesionales cualificados. Como los que tenemos en el despacho Muller Friedman, que te atenderán con rigor a todas las necesidades de tu empresa. 

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¿Es válida la prueba de WhatsApp en un juicio laboral?

¿Es válida la prueba de WhatsApp en un juicio laboral?

25 de febrero de 2021. Muller Friedman Abogados Mercantil Concursal

El WhatsApp es un medio de comunicación cada vez más frecuente entre los trabajadores y la empresa. Este hecho hace que cada vez sea más normal que las comunicaciones por este canal sean una prueba fundamental en un procedimiento judicial, tanto para la empresa como para el trabajador, ya sea para un procedimiento de sanción, baja voluntaria,  despido, etc. 

Whatsapp como prueba en un juicio

Una aplicación de comunicación como WhatsApp puede ser una prueba muy válida en un procedimiento judicial. Cuestión diferente es la forma de aportar la prueba, la impugnación que pueda realizar la parte contraria o la valoración del juez que haga del contenido de los mensajes o audios.

El artículo 90 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social indica que las partes “podrán servirse de cuantos medios de prueba se encuentren regulados en la Ley para acreditar los hechos controvertidos o necesitados de prueba, incluidos los procedimientos de reproducción de la palabra, de la imagen y del sonido o de archivo y reproducción de datos”.

Pero no podemos obviar que los Whatsapp se pueden manipular. Por esto, algunas sentencias han considerado que no se puede considerar como una prueba válida. Aunque esta cuestión también dependerá de qué medios complementarios se hayan aportado que puedan garantizar su veracidad o ausencia de manipulación (emails, llamadas, grabaciones, etc).

En última instancia, hemos de destacar que Whatsapp no es un medio válido para notificar cuestiones que se tienen que realizar por escrito de forma obligatoria, como por ejemplo un despido. Además, es preferible evitarlo para notificar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo o bajas voluntarias, ya que es importante utilizar otro medio más formal.

Como excepción a lo anterior, la Audiencia Nacional en la Sentencia de 29 de julio de 2020 ha validado el uso del WhatsApp y el email para comunicar los ERTEs debido a la situación especial del estado de alarma.

¿Qué conversaciones son válidas ómo prueba de WhatsApp? ¿Tengo que participar en ellas?

En el ya mencionado artículo 90 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social se establece que “no se admitirán pruebas que tuvieran su origen o que se hubieran obtenido, directa o indirectamente, mediante procedimientos que supongan violación de derechos fundamentales o libertades públicas“.

Esto es, que siempre es posible aportar los whatsapps en las conversaciones que hemos participado de forma activa. 

Por otra parte, la jurisprudencia también ha permitido que se aporten por parte de la empresa las conversaciones mantenidas en  WhatsApp en las que no haya participado el representante de la empresa, pero sí, compañeros de trabajo.

De hecho, hace un tiempo se consideró como prueba válida en un procedimiento de despido las burlas realizadas a un trabajador por un un grupo de WhatsApp de compañeros de trabajo, conociendo la empresa este hecho por que le fue entregada una copia por parte de uno de dichos compañeros de trabajo.

¿Cómo se deben aportar este tipo de pruebas al procedimiento judicial?

Como cualquier otra prueba, los WhatsApp se deben de aportar en el momento de la vista. 

La clave en esta cuestión es qué podemos hacer para que no sea impugnada por la parte contraria. Normalmente se aportan pantallazos, pero siempre es mejor complementarlo con otro tipo de prueba.

Estas son las mejores formas de acreditar la veracidad de lo recogido en los mensajes, fotos o audios de WhatsApp:

  1. Acta notarial. El notario puede dar fe pública de los mensajes en los que el solicitante haya participado, además, el notario, dejará constancia del número de teléfono, fechas de los mensajes y personas intervinientes en la conversación. Es lógico que también verifique que el teléfono pertenece a la persona que solicita el acta, ya sea mediante una llamada de teléfono al móvil, una factura de teléfono.
  2. Solicitar el cotejo del teléfono móvil por parte del letrado de la administración para que den fe pública de los mensajes que se recogen en ella. El letrado de la administración, a petición de una de las partes, puede realizar un acta para dar fe del contenido de los mensajes, números de teléfonos implicados…
  3. Prueba pericial. Un perito informático puede garantizar que los mensajes no han sido manipulados.
  4. Aportar otras pruebas relacionadas con la conversación, interrogatorio de la parte contraria que acredite la veracidad de los mensajes, documentos que complementen lo que se dice en los mensajes, testifical de las partes que hayan participado en la conversación,etc.

Cabe destacar que, estas cuestiones serán más necesarias en el caso de que la otra parte impugne los WhatsApp ya sea porque considere que no son ciertos, no son exactos o han sido manipulados. 

Si no los impugna, se presume su autenticidad y los mensajes tendrán fuerza probatoria.

En el caso de que el juez no tenga en cuenta los WhatsApp o no se le de la valoración que queremos, tendremos que presentar un recurso de suplicación con las siguientes peculiaridades

¿Es prueba documental o es prueba equivalente a una reproducción de una palabra? Esto es importante para el recurso de reposición

Esta cuestión, aunque pueda parecer que carece de importancia, es algo fundamental respecto a las posibilidades de éxito de un recurso de suplicación.

El recurso de suplicación siempre se realiza sobre los hechos probados en una sentencia por el Juzgado de lo Social.

Si estos hechos no nos benefician, lo único que podemos hacer es solicitar que se modifiquen en virtud de la prueba documental aportada en los autos, y no en virtud de otro tipo de pruebas, como puede ser la reproducción de palabra, interrogatorio de parte o testifical.

En primer lugar, la jurisprudencia se inclina a considerar que el Whatsapp no es una prueba documental, y por  tanto, no es una prueba que podremos utilizar para modificar los hechos probados en la sentencia a efectos del recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia.

Esto mismo ocurría hace un tiempo con los correos electrónicos, sin embargo, la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de junio de 2020 consideró como prueba documental los correos electrónicos a los efectos de ser válidos para la revisión de los hechos. Esto cambia el criterio hasta la fecha, que puede marcar el camino para que los WhatsApp también sean considerados como prueba documental.

Sin embargo, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 28 de enero de 2016 sí que considero el Whatsapp como prueba documental para un procedimiento de despido.

Esta sentencia establece que un Whatsapp se debe considerar documento cuando se cumpla alguno de estos supuestos:

  1. Cuando se reconoce expresamente dicha conversación y su contenido.
  2. Cuando la parte presente en el procedimiento judicial que participa en la conversación no impugne la misma.
  3. Cuando se comprueba su realidad mediante el cotejo con otro terminal implicado.
  4. Cuando se practique prueba pericial que acredite la autenticidad y envió de la conversación.

Sin embargo, justo un año más tarde, el mismo Tribunal Superior de Justicia de Galicia consideró en su sentencia de 27 de enero de 2017 que el WhatsApp no es un documento de prueba válido a los efectos de recurso de suplicación.

Por tanto, para que sea válida una prueba de WhatsApp, esto dependerá del Juzgado y de si, el magistrado, considera que las pruebas de conversaciones de Whastapp presentadas, son o no relevantes para la decisión. 

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El acuerdo extrajudicial de pagos como eficiente mecanismo para reestructurar la deuda y superar una insolvencia empresarial

El acuerdo extrajudicial de pagos como eficiente mecanismo para reestructurar la deuda y superar una insolvencia empresarial

23 de diciembre de 2020. Muller Friedman Abogados Mercantil Concursal

El Acuerdo Extrajudicial de Pagos es un proceso ágil que permite superar situaciones de insolvencia empresarial y particular como alternativa al procedimiento concursal.

En esencia, con este procedimiento extrajudicial, se propone a los acreedores la reestructuración del pasivo mediante propuestas que pueden incluir, entre otros mecanismos, quitas y esperas de las distintas partidas de deuda, y todo esto sin perder la necesaria confidencialidad del proceso, o el control sobre la gestión diaria de la actividad.

Superado el primer semestre, desde que se declaró la pandemia del Covid-19, podemos afirmar que nos encontramos ante una extraordinaria coyuntura económica, de la que puede derivarse a corto plazo una crisis de liquidez en todos los niveles de nuestro tejido empresarial. Salvo que el gobierno o nuestras administraciones nos sorprendan con la adopción, durante las próximas semanas, de decisiones relevantes que permitan a las PYMES y autónomos acceder a una financiación rápida y con garantías de continuidad; podemos afirmar que es el momento de adoptar decisiones preventivas para evitar que una crisis puntual de liquidez devenga irreversible.

En este sentido, el Acuerdo Extrajudicial de Pagos aparece como una eficiente solución que permite la continuidad de la actividad empresarial, sin tener que recurrir al concurso de acreedores ni otros procedimientos judiciales previstos en la ley concursal, mucho más costosos.

El Acuerdo extrajudicial de pagos, introducido por la Ley 14/2013

El Acuerdo Extrajudicial de Pagos, que fue introducido por la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, se creó inicialmente como un mecanismo extrajudicial del que podían servirse profesionales, autónomos, empresarios individuales y sociedades mercantiles de pequeño tamaño para solucionar su insolvencia, sin necesidad de pasar por un procedimiento judicial. Solamente su frustración conllevaba la declaración de concurso de la persona o entidad, si bien el proceso completo se veía simplificado por entenderse que el deudor ya había, de alguna manera, realizado un intento de reestructurar su deuda al margen del control judicial- y su connatural estigmatización-, con la ayuda de un experto denominado mediador concursal.

Posteriormente, en 2015, dicho procedimiento extrajudicial fue renovado para ampliar su ámbito de aplicación, dando entrada así al denominado deudo de consumo, e instituyendo el mecanismo como fase cuasi preceptiva y previa a la posterior y deseada del Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho, comúnmente Segunda Oportunidad del deudor persona física.

Entrada en Vigor del Texto Refundido de la Ley Concursal

Con la entrada en vigor el pasado 1 de septiembre del Texto Refundido de la Ley Concursal, el procedimiento extrajudicial se ha reubicado y sistematizado en los artículos 631 y siguientes.

Se trata de un procedimiento que se tramita, coordina y dirige entre el propio empresario, sus asesores de confianza y un tercer experto específicamente designado a tal efecto, denominado mediador concursal. Al no haber participación judicial, ni publicidad en torno a la situación de insolvencia manifestada por el empresario, posibilita continuar con la actividad empresarial habitual sin más inconveniente que la propia falta de solvencia. No existe, durante la tramitación del procedimiento, intervención judicial, de cuentas ni de actividad, y ello es relevante por cuanto ni se dificulta la gestión, ni se estigmatiza al gestor de la actividad empresarial.

Para acceder al trámite, se exigen diferentes requisitos en función de si el deudor es persona física o jurídica, siendo común en ambos casos el hecho de que se encuentren en una situación de insolvencia actual o inminente. Para el caso de las personas físicas, bastaría con que el pasivo total estimado no fuese superior a 5 millones de euros; mientras que para las personas jurídicas se exige que el pasivo o el activo no superen lo 5 millones de euros o que tenga un número inferior a 50 acreedores, y que acredite disponer de los recursos necesarios para satisfacer los gastos propios de la tramitación del proceso.

En segundo lugar, debemos destacar su rapidez de ejecución, habida cuenta que desde la aceptación del mediador concursal se debe convocar a todos los acreedores del deudor a una Junta que deberá celebrarse en un plazo máximo de un mes (si el deudor en persona física no empresaria) o de dos meses (en el resto de los casos).

Para obtener las medidas modificativas de la deuda, se exige que la propuesta planteada sea aprobada por un número de acreedores que ostenten como mínimo el 60% de los créditos contra el deudor, existiendo condiciones más ventajosas si se alcanza el 75%. Si se alcanza el acuerdo con los porcentajes señalados, el acuerdo vinculará a todos los deudores (salvo los créditos de derecho público y los que gocen de garantía real que no se hayan adherido al acuerdo) con independencia de que hayan o no votado a favor del acuerdo.

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Los derechos del socio minoritario con hasta un 5% del capital

Los derechos del socio minoritario con hasta un 5% del capital

12 de noviembre de 2020. Muller Friedman Abogados Mercantil Concursal

Los derechos del socio minoritario con hasta un 5% del capital

Si eres socio minoritario de una sociedad y sólo tienes hasta un 5% del capital, nuestros abogados especializados en derecho mercantil te explican cuáles son tus derechos respecto a la sociedad de capital.

La Ley de Sociedades de Capital (en adelante “LSC”), establece determinadas acciones orientadas a proteger los derechos de los socios y accionistas minoritarios. Estos derechos pueden aplicarse por el mero hecho de ser partícipe en el capital, o bien, en base al porcentaje de participación de cada socio.

A continuación, resumimos los derechos correspondientes a socios minoritarios con hasta un 5 % del capital:

La documentación de la empresa

Cualquier socio, independientemente de la participación que tenga en la sociedad, tiene derecho a la obtención de documentación relativa a la junta general para la aprobación de cuentas.

La Junta General de socios

Tal y como establece la la LSC, cualquier socio de una Sociedad Limitada (SL) tiene derecho a asistir a la Junta de Socios e intervenir en el acta. En el caso de las Sociedades Anónimas se podrá pedir un mínimo de participación que no podrá superar el 1/1000 de participación en el capital social (art. 179 LSC).

Además, determinados socios minoritarios tendrán derecho a solicitar la asistencia de un Notario a la Junta General de Socios.

Los administradores tienen la obligación de convocar a un Notario para que levante el acta de la Junta General, si en el plazo de 5 días antes de la Junta lo solicite cualquier socio que represente el 1 % en la Sociedad Anónima o el 5% en la Sociedad Limitada (art. 203 LSC).

El nombramiento del auditor de cuentas

Respecto al derecho de solicitud del nombramiento de un Auditor de Cuentas para los socios minoritarios pueden darse dos situaciones (Art 265 LSC):

En el caso de que sea obligatorio el nombramiento de un Auditor de Cuentas y no se haya hecho, tanto los administradores, como cualquier socio podrá solicitar en el Registro Mercantil el nombramiento de un auditor de cuentas.

Si la sociedad no tiene la obligación de auditar las cuentas anuales, los socios que representen un 5% podrán solicitar al Registrado Mercantil el nombramiento de un auditor siempre y cuando, no hayan transcurrido 3 meses desde el cierre del ejercicio.

El derecho de separación de la sociedad

Los socios que no voten a favor de un acuerdo podrán separarse siempre y cuando se den las causas establecidas en el art. 346 LSC:

  • Sustitución o modificación sustancial del objeto social.
  • Creación modificación o extinción anticipada de la obligación de realizar prestaciones accesorias, salvo disposición contraria de los estatutos.
  • Prórroga de la sociedad.
  • Reactivación de la sociedad.

Impugnación de acuerdos sociales

Solo podrán impugnar los acuerdos sociales los Administradores, terceros que acrediten un interés legítimo y socios que hubieran adquirido individual o conjuntamente el 1 % del capital social antes de la toma del acuerdo (Art. 206 LSC).

También se establece que para impugnar acuerdos contrarios al orden público, estará legitimado cualquier socio, aunque hubieran adquirido la condición de socio después de haberse tomado el acuerdo.

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LA NUEVA ERA DEL TELETRABAJO

La nueva era del teletrabajo

01 de octubre de 2020. Muller Friedman Abogados Mercantil Concursal

¿Qué es el trabajo a distancia y dónde se regula?

Según el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia, que entra en vigor el 13 de octubre. Entendemos por trabajo a distancia, aquel que tiene lugar en un mínimo del 30% de la jornada laboral durante un periodo de 3 meses o “el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato de trabajo«.

Respecto a los menores de edad, con contrato en prácticas, formación y aprendizaje, la ley establece una limitación, imponiendo la obligatoriedad de un 50% de presencialidad en el trabajo.

Esta ley no se aplicará al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas.  Este se regirá por una normativa específica en la que trabajan Gobierno y agentes sociales, que se regula en el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores.

Aunque esta figura ya estaba contemplada en el Estatuto de los Trabajadores, debido a la pandemia del COVID19, ganó fuerza con el Estado de Alarma y el confinamiento.

Randstad ha elaborado un estudio, con los datos del INE relativos al segundo trimestre del 2020, del que se constata que 3.015.200 ocupados de nuestro país estuvieron teletrabajando de manera habitual. Es decir, más de la mitad de los días que trabajaron, lo hicieron desde sus casas.

Lo que se pretende obtener mediante la nueva Ley es ayudar «a las partes a trasladar el carácter tuitivo del derecho del trabajo a la nueva realidad», subraya el decreto. 

Las sanciones para aquellas empresas que no cumplan con la Ley del Teletrabajo, pueden ser de más de 6.000 euros, dependiendo de la infracción que cometan.

Es importante resaltar el papel destacado que cumple la negociación colectiva en el tema del teletrabajo.

El teletrabajo requiere acuerdo expreso entre empresario y trabajador

El teletrabajo, al no ser obiligatorio, sino voluntario, requiere un pacto expreso firmado por escrito entre empresario y trabajador para que en caso de que haya cambio de opinión, dé la posibilidad de revertir lo pactado.

Este acuerdo deberá contener toda la información sobre los horarios, los medios, la compensación de las facturas de suministro (luz, internet). En cualquier caso, «es la empresa quien debe sufragar o compensar el desarrollo del trabajo a distancia«.

La empresa deberá entregar una copia del pacto a los representantes de los trabajadores para que lo firmen en un plazo no superior a 10 días desde su firma y posteriormente se enviará a la oficina de empleo.

En el caso de que el trabajador se negare a teletrabajar, esto no puede ser una causa de despido objetivo, ni de una «modificación sustancial de las condiciones».

¿Cómo me van a controlar la jornada laboral?

Como hemos comentado anteriormente, en el caso del teletrabajo, la jornada laboral tiene que quedar reflejada y no queda más remedio que hacerlo mediante instrumentos informáticos o telemáticos.

Respecto a los derechos de los trabajadores que eligen trabajar desde casa porque la empresa les da esa oportunidad, hay que especificar que gozan de los mismos derechos que los de cualquier persona que tiene su puesto de trabajo en una empresa.

Pero la empresa no puede exigir la instalación de programas o aplicaciones en dispositivos propiedad del trabajador.

¿Quién paga los gastos derivados del teletrabajo?

Conforme el Real Decreto, la empresa deberá poner a disposición de la persona trabajadora de «los medios, equipos y herramientas necesarias para el desarrollo de la actividad« y, además, deberá garantizar «la atención precisa en el caso de dificultades técnicas». 

Dado este caso, el empleador debe realizar un inventario de los equipos y aparatos de su propiedad y que pone a disposición del trabajador, que adquiere el compromiso de cuidarlos de modo que no se deterioren.

Se establece en la nueva ley que, el teletrabajo «no podrá suponer la asunción por parte de la persona trabajadora de gastos relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral». 

¿Varía en algo mi sueldo si teletrabajo?

Existe la posibilidad que los pluses derivados del transporte, por ejemplo, se pierdan al volverse completamente innecesarios, pero no debería producirse cambios sustanciales.

Y aunque antes de la pandemia, con el teletrabajo daba la impresión de que íbamos a pasar más tiempo con la familia y amigos, no perder tiempo en transporte y trabajar de forma más relajada. Se ha constatado que la realidad es otra. El teletrabajó nos obligó a aprender forzadamente una nueva forma de organizar y optimizar nuestro tiempo laboral a la vez que en la casa se vive un caos doméstico por las tareas del hogar y los niños.

De lo que no hay duda es de que, el teletrabajo ha llegado para quedarse y hay que admitir que debido al ritmo acelerado al que lo están implementando las empresas, era necesaria una regulación legal.

Muller Friedman

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¿Qué es un Contrato de Leasing o Renting?

¿Qué es un Contrato de Leasing o Renting?

12 de agosto 2020. Muller Friedman Abogados Mercantil Concursal

La forma en que las empresas financian sus activos mobiliarios o inmobiliarios es una decisión clave, en la que se deben tener en cuenta diferentes aspectos, existiendo básicamente los siguientes tipos de contrato para financiar estas operaciones:

  • Contrato de arrendamiento financiero o leasing.

     

  • Contrato de arrendamiento operativo o renting.

Arrendamiento financiero o leasing: características y ventajas

En el contrato de leasing, una de las partes, generalmente una entidad financiera, hace entrega a la otra de un activo (Coche, maquinaria, equipos informáticos etc.) para su uso o disfrute a cambio del pago de un canon periódico, durante un plazo convenido. Al vencimiento del periodo de duración recogido en el contrato, el bien se puede devolver a su propietario o adquirir ejecutando la opción de compra reflejada en el contrato.

Las cuotas a pagar se reflejarán en el contrato, en donde se tendrá que diferenciar la parte correspondiente a la recuperación del importe del bien por la entidad arrendadora, excluido el valor de la opción de compra, y la carga financiera exigida. Las principales ventajas del leasing serían:

Seguridad para el arrendador y accesibilidad al crédito por parte del arrendatario. Las entidades financieras o las empresas que se dedican a ofrecer contratos de leasing adquieren a su nombre los bienes que arriendan a terceros, con la garantía de que si el cliente deja de cumplir su parte del contrato, es decir, pagar su arriendo, el bien deja de ser arrendado y vuelve a la empresa de leasing o banco, de esta manera el contrato de leasing da seguridad al arrendador, y al ser la garantía el propio bien, es una forma de financiación más accesible para las empresas y autónomos.

Los rendimientos obtenidos por el uso del bien pueden utilizarse para pagar las cuotas del leasing.

Beneficios fiscales. Tendrá, en todo caso, la consideración de gasto fiscalmente deducible la carga financiera satisfecha a la entidad arrendadora. La misma consideración tendrá la parte de las cuotas de arrendamiento financiero satisfechas correspondiente a la recuperación del coste del bien, salvo en el caso de que el contrato tenga por objeto terrenos, solares y otros activos no amortizables (art. 106 LIS).

Posibilidad de elegir al final del contrato entre ejercitar la opción de compra al término de este y hacerse con la propiedad del bien, o devolverlo y no ejercitar esta.

Menor consumo en CIRBE.

Evitar la obsolescencia de los activos de la empresa. El leasing otorga una gran flexibilidad y rapidez para obtener una renovación tecnológica de los equipos.

Dentro de los contratos de leasing, hay una opción cada vez más extendida para hacerse con el uso y al vencimiento del contrato con la propiedad de naves industriales, oficinas o locales comerciales, que es el leasing inmobiliario. El leasing inmobiliario es una modalidad de financiación a medio o largo plazo que facilita mediante un contrato de arrendamiento financiero la adquisición de este tipo de inmovilizado por las empresas.

Contrato de arrendamiento empresarial o renting: características y ventajas

Cuando formalizamos un contrato de renting, estamos alquilando bienes muebles, como es el caso del renting de vehículos, una práctica cada vez más extendida, que además elimina riesgos, como el de hacerse con un vehículo que pueda quedar obsoleto por la aparición de nuevas tecnologías, como por ejemplo los vehículos eléctricos. Este tipo de contratos suele tener normalmente una duración superior al año, ya que, si el plazo es muy corto, la cuota puede ser muy alta, siendo la principal particularidad el pacto de una cuota mensual, trimestral o anual fija durante toda la vida del contrato de alquiler.

Las principales características que tienen estos contratos son las siguientes:

  • Los particulares también pueden formalizar contratos de renting, ya que su uso no está restringido a empresas.
  • La empresa que alquila o sociedad de renting suele comprar el bien seleccionado por nosotros si no lo tiene en stock, y lo pone a nuestra disposición en régimen de alquiler.
  • La propiedad del bien la mantiene el arrendador, no el arrendatario.
  • Estos contratos son libres y se rigen por los pactos dispuestos en ellos, respetando siempre el Código Civil y el Código de Comercio. Esto implica que las coberturas, duración o las indemnizaciones por rescisión anticipada están fijadas en las propias cláusulas del contrato.
  • No se contempla opción de compra.
  • Esta tipología de contratación no tiene una regulación específica ni está sujeta a normas individuales de supervisión, ya que no se considera un producto financiero como tal.
  • Las cuotas que se pagan por renting están sujetas a IVA.
  • A nivel empresarial nos permite disponer del uso de un inmovilizado sin aumentar el endeudamiento de la empresa.
  • Los contratos de renting tienen la consideración de gasto fiscalmente deducible siempre y cuando la afectación de los bienes objeto de renting sea del 100 % dentro del desarrollo de actividad normal de la empresa.
  • En el caso de vehículos, en el coste del alquiler mensual se incluyen una serie de coberturas adicionales.

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