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Posible vía ante el caos contractual en las empresas por el Covid19

Posible vía ante el caos contractual en las empresas por el Covid19

07 de Julio 2020. Muller Friedman Abogados Mercantil Concursal

  • La desescalada está permitiendo retomar su actividad a muchas empresas. Sin embargo, el camino hacia la nueva normalidad no está siendo fácil, teniendo en cuenta el deterioro de la economía y las nuevas condiciones que se imponen en esta nueva situación ocasionada por el Covid19.

Para muchas empresas resulta imposible, dado lo sufrido y las circunstancias actuales por el Covid19, cumplir los contratos tal y como están redactados. En este contexto, la renegociación y el acuerdo se presentan como figuras clave para superar las dificultades, pero no siempre las partes están dispuestas a ceder.

Antes de llegar a un punto de no retorno las empresas y particulares cuentan con un último recurso de emergencia: invocar la conocida como rebus sic stantibus, un mecanismo legal que permite solicitar a los tribunales la modificación de un contrato alegando que ha habido un cambio excepcional de circunstancias; como puede ser, por ejemplo, una bajada repentina e imprevisible de ingresos, que hace muy difícil o imposible su cumplimiento de manera temporal.

Sin embargo, invocar la flexibilización judicial no es una opción recomendable en estos momentos por dos razones: porque su aplicación ha sido más bien excepcional en los últimos años y porque suele venir acompañada de grandes exigencias probatorias.

Reforma legislativa.

Convencido de crear un marco normativo estable, Javier Orduña, ahora exmagistrado del Tribunal Supremo, ha remitido al Ministerio de Justicia una propuesta de reforma legal en colaboración con Jesús Sánchez, secretario de la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB). El objetivo es que la rebus sea reconocida como un principio general del derecho, se establezca el deber de negociación de las partes y, en el caso de que no lleguen a un acuerdo, se den plenos poderes a los jueces para fijar las nuevas condiciones contractuales.

La presidente del Consejo General de la Abogacía Español (CGAE), Victoria Ortega, apoya la iniciativa. Ortega entiende que la norma podría servir para equiparar a España con el resto de países de su entorno, como Francia, Alemania o Italia, que ya contemplan este mecanismo como vía para encauzar los contratos cuyo cumplimiento se ha vuelto imposible.

Inseguridad jurídica.

Una reforma urgente del Código Civil alumbraría una vía de entendimientos para muchas empresas que ahora mismo discuten entre ellas sobre cómo resolver sus conflictos contractuales. Pero no todos los juristas están de acuerdo con el cambio de paradigma. Algunos advierten de que este reconocimiento legal podría provocar una situación de inseguridad jurídica y, en consecuencia, encarecer las primas y los intereses asociados a ciertos contratos, como el de préstamo o el de seguro.

Si eres una empresa y te encuentras en esta situación, desde Muller Friedman podemos ayudarte.

Novedades Ley Concursal

abogados derecho concursal en madrid

Novedades Ley Concursal

abogados derecho concursal en madrid09 de Junio 2020. Muller Friedman Abogados Mercantil Concursal

Una de las novedades del nuevo Texto Refundido de la Ley Concursal es que pasamos de 250 artículos a 752 con 4 disposiciones adicionales, divididos en tres libros:

  • Libro I (artículos 1 a 582) incluye las reglas del concurso de acreedores
  • Libro II (artículos 583 a 720) aparece bajo la denominación de Derecho preconcursal y engloba las normas sobre comunicación de la apertura de negociaciones con los acreedores del art. 5 bis LC; el acuerdo de refinanciación (artículo. 71 bis y Disposición adicional cuarta LC) y el acuerdo extrajudicial de pagos (artículos. 231 a 242 bis LC); Además, se añade al final un título dedicado a las especialidades del concurso consecutivo que se abre tras fracasar el acuerdo de refinanciación o el acuerdo extrajudicial de pagos.
  • Libro III (artículos 721 a 752) incluye las normas de derecho internacional privado que hasta ahora contenía el título IX de la Ley Concursal y que se aplican tanto al concurso de acreedores propiamente dicho como a las instituciones preconcursales.

*Aclaración: A excepción de una mínima salvedad, no recogemos aquí las novedades concursales derivadas de la legislación de excepción que se está dictando en pleno estado de alarma, en particular las del Real Decreto-ley 16/2020 de 28 de abril.

ARTÍCULOS DE VIGENCIA DEMORADA

La Disposición transitoria única del Real Decreto Legislativo 1/2020, en consonancia con la Ley Concursal, demora la entrada en vigor de los artículos 57 a 6384 a 89560 a 566 y 574.1 del Texto Refundido, quedando mientras tanto vigentes los artículos 27, 34 y 198 de la Ley Concursal en la redacción anterior a la entrada en vigor de la Ley 17/2014, de 30 de septiembre.

Por tanto, una parte sustancial de la regulación de la administración concursal, de su retribución y del Registro público concursal queda pendiente de que el Gobierno dicte el reglamento a que se refiere la disposición transitoria segunda de dicha ley 17/2014.

abogados especialistas en concurso de acreedoresJUZGADO COMPETENTE PARA ENTENDER DEL CONCURSO

El artículo 44 del Texto Refundido solo coincide con el correlativo de la Ley Concursal, que es el art. 8, en el apartado 1 que atribuye a los jueces de lo mercantil la competencia para entender del procedimiento concursal. TRANSMISIÓN CONCURSAL DE BIENES INCLUIDA LA EJECUCIÓN COLECTIVA

A excepción de los supuestos en que la ley concursal tolera que se inicien o continúen ejecuciones sobre bienes del activo aplicando la legislación ordinaria (hoy recogidos fundamentalmente en los artículos 142 a 151 del TR), la regla general es que sea la legislación concursal la que rija la transmisión de dichos bienes o derechos.

Una de las mayores innovaciones del Texto Refundido desde el punto de vista sistemático ha sido reunir en un solo capítulo normas que la Ley Concursal incluía antes entre las que regulan los efectos de la declaración de concurso (artículos 43 y 44 LC), el contenido del convenio (art. 100 LC) o la liquidación de bienes (artículos 149 y 155 LC). Ello explica la remisión a este capítulo que se prevé en el nuevo texto para el caso de convenio con previsiones para la realización de bienes o derechos afectos a créditos con privilegio especial (art. 323 TR) y lo mismo en caso de abrirse la fase de liquidación, haya o no plan (art. 415.3 TR), sin perjuicio, para el caso de que no haya plan, de la aplicación supletoria de la Ley de Enjuiciamiento Civil (art. 421 TR).

De esta manera los artículos 205 a 225 del Texto Refundido desarrollan la materia distinguiendo, fundamentalmente entre según que se trate o no se trate de bienes del concursado afectos a privilegio especial.

EJECUCIÓN SEPARADA PESE A TRATARSE DE BIENES INTEGRADOS EN LA MASA ACTIVA

Aunque la razón de ser del procedimiento concursal es lograr la continuidad de la actividad del concursado y, cuando esto no es posible, repartir el activo entre los acreedores de la forma más equitativa posible, la legislación concursal admite en determinadas circunstancias que continúen o en menor medida se inicien ejecuciones separadas que, incluso cuando se siguen en el juzgado concursal, no se rigen por las reglas específicas del concurso sino por las del procedimiento que el acreedor hubiera podido emplear de no haberse declarado.

En la Ley Concursal estos casos especiales se regulaban, fundamentalmente, en los tantas veces citados, estudiados y discutidos artículos 55, 56 y 57 de la Ley Concursal.[1]

Hoy hay que acudir a los artículos 142 a 151 del Texto Refundido.

Partiendo de la regla del artículo 142 TR que prohíbe iniciar ejecuciones de cualquier tipo contra la masa activa desde la declaración de concurso el nuevo texto regula por separado el efecto que produce dicha declaración sobre las ejecuciones ordinarias y sobre las que se basan en créditos con garantía real que se iniciaron antes de la declaración. A los solos efectos de este breve apunte voy a hablar de ejecución común y de bienes embargados por una parte y, por otra, de ejecución hipotecaria y de bienes hipotecados, tomando a sabiendas la parte por el todo.

 CANCELACIÓN DE CARGAS

La regla fundamental sobre cancelación de cargas impuestas sobre bienes concursales que aparecía en el art. 149.5 LC pasa a constituir ahora el artículo 225 TR que pone fin a la polémica sobre el título formal que documenta la adjudicación judicial de bienes. El problema surgió cuando tras la atribución a los letrados AJ de la competencia para aprobar tras la subasta la adjudicación correspondiente, sustituyendo el auto por el decreto (Ley 13/2009, de 3 de noviembre que modifica en dicho sentido el art. 650 LEC), no se hizo lo mismo en sede concursal entendiendo la Dirección General de los Registros y del Notariado que seguía precisándose auto dictado por el juez, pese a ser práctica generalizada en los juzgados concursales, tanto mercantiles como de primera instancia, el empleo del decreto.

Esta es la opción del texto refundido que sustituye la referencia al auto de aprobación del remate por el decreto del Letrado de la Administración de Justicia por el que se apruebe el remate.

Incide en esta materia, aunque sea temporalmente, el art. 15 del Real Decreto-ley 16/2020 de 28 de abril conforme al que las futuras subastas de bienes concursales que se celebren dentro del plazo establecido por dicha legislación excepcional solo podrán ser extrajudiciales, con las excepciones que el propio articulo prevé.

CESE DEL ADMINISTRADOR SOCIAL POR APERTURA DE LA LIQUIDACIÓN

Hay una apenas perceptible diferencia entre el art. 413.3 TR y el art. 145.3 LC. El nuevo texto dice: “3. Si el concursado fuese persona jurídica, la resolución judicial que abra la fase de liquidación contendrá la declaración de disolución si no estuviese acordada y, en todo caso, el cese de los administradores o liquidadores, que serán sustituidos a todos los efectos por la administración concursal, sin perjuicio de continuar aquellos en representación de la concursada en el procedimiento concursal y en los incidentes en los que sea parte”.

El precedente decía exactamente lo mismo pero sin lo destacado. No decía “a todos los efectos”. A mi juicio se cierra con ello la puerta a la opinión doctrinal que sostiene que el cese del órgano social derivado de la apertura de la fase de liquidación no supone que pierda todas sus facultades, como el propio artículo reconoce al mantener ciertas funciones representativas de la concursada y, en opinión de quienes patrocinan esta tesis, ser precisa su intervención en determinados casos por lo que en realidad y pese al tenor de la Ley Concursal tendría que coexistir la antigua administración social con la administración concursal. Parece claro que esta coexistencia es claramente rechazada ahora.

NOVEDADES EN PLAN DE LIQUIDACIÓN

El Texto Refundido introduce un precepto novedoso en relación con el plan de liquidación, que es el art. 420 relativo a la modificación del plan en interés del concurso y de la más rápida satisfacción de los acreedores que puede solicitar el administrador concursal, se tramita como el mismo plan y se aprueba por auto del juez si lo estima conveniente, en decisión apelable.

También es novedad la previsión en el artículo 419.1 del Texto Refundido de que el auto aprobatorio del plan debe incluirlo íntegramente. 

SUCESIÓN DE EMPRESA

El artículo 221 del Texto Refundido recoge el contenido del art. 149.4 LC de forma que la enajenación de unidad productiva se considera como sucesión empresarial. Sin embargo la refundición ha incorporado a la legislación concursal la atribución expresa al juez del concurso de la competencia exclusiva para declarar la existencia de dicha sucesión.

 La novedad contradice la doctrina de la Sentencia 981/2018 de la Sala Sexta del Tribunal Supremo, de 27 de noviembre de 2018 que estimó competencia exclusiva de la jurisdicción social la declaración sobre existencia de sucesión de empresa regulada en el art. 44 del Estatuto de los Trabajadores declarando ineficaz la declaración que en tal sentido había incluido el juez del concurso en el auto de adjudicación según el que no existía obligación laboral respecto de los trabajadores de los que no se había hecho cargo la adquirente de la unidad productiva.

Por lo demás el art. 224.1.3º TR, cuyo primer inciso carece de correlativo en la LC, permite precisamente lo que el auto de adjudicación del juez del concurso había acordado en el caso de dicha sentencia, es decir limitar la responsabilidad de la adquirente de una unidad productiva por los créditos laborales y de seguridad social exclusivamente a los que correspondan a los trabajadores incluidos en el perímetro de la operación.

CONCURSO CON UN ACREEDOR

Ha sido cuestión discutida si cabe tramitar un concurso de acreedores cuando el concursado tiene un solo acreedor. La Ley Concursal exigía en el artículo 6. 2. 4º que se incluya en la solicitud de declaración una relación de acreedores, en plural, y era mayoritaria la opinión de que esta pluralidad era necesaria. El Texto Refundido mantiene en el artículo 7.3º la misma exigencia pero añade en el art. 465.2º una nueva causa de conclusión del concurso: Cuando de la lista definitiva de acreedores resulte la existencia de único acreedor.

En consecuencia parece claro que si la existencia de un solo acreedor resulta ya cuando se solicita del juez la declaración lo que procede es inadmitir a trámite la solicitud (art. 11.2 TRpor falta de un presupuesto necesario; en otro caso habrá que estar a lo que resulta de la lista definitiva de acreedores.

Se trata de una cuestión que tuvo cierta derivada registral en la medida en que alguna resolución DGRN impidió la inscripción en el Registro Mercantil de la extinción de una sociedad por aparecer un acreedor en el balance final de liquidación, entendiendo imprescindible en todo caso que se tramitara un concurso de acreedores (Resoluciones de 2 de julio y 4 de octubre de 2012) si bien no es doctrina vigente, al haber descartado esa necesidad la Resolución de 1 de agosto de 2016 que tenía otros precedentes más antiguos.

EXTINCIÓN DE PERSONALIDAD POR CONCLUSIÓN DEL CONCURSO

El artículo 481 del Texto Refundido reproduce casi literalmente el art. 178.3 LC por lo que si declara la conclusión del concurso de una persona jurídica una vez concluida la liquidación, o, y este el aspecto más conflictivo, aunque exista patrimonio remanente que no se considere suficiente para continuar la tramitación, el juzgado acuerda la extinción de su personalidad y la cancelación de todos sus asientos en el registro en que esté inscrita.

La novedad en este caso es que no hay novedad al no haberse aceptado la redacción propuesta de un segundo párrafo para este artículo cuya redacción en el proyecto era la siguiente: “De existir bienes o derechos en la masa activa al tiempo de decretarse la conclusión del concurso, el juez, en la misma resolución en que la acuerde, decidirá sobre la atribución de esos bienes y derechos y, de estar hipotecados o pignorados, se darán en pago al titular del derecho real de garantía”.

Para más información no dude en contactar con nosotros, Muller Friedman, abogados Derecho Concursal en Madrid, tfo 91 178 10 75.

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Diferencias entre Propiedad Intelectual y Propiedad Industrial

Diferencias entre Propiedad Intelectual y Propiedad Industrial

11 de Mayo 2020. Muller Friedman Abogados Mercantil Concursal

La propiedad intelectual y la propiedad industrial son un conjunto de normas que regulan y protegen la adquisición y el uso de bienes intangibles susceptibles de uso comercial. Ambas son fruto de la fase creativa e imaginativa humana. 

¿Qué es la propiedad intelectual?

La propiedad intelectual se relaciona con las creaciones de la mente, invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio. Se usa para referirnos al derecho de autor unilateralmente. Se proyecta sobre las creaciones de la inteligencia humana que tiene pacto entre el Estado y el autor, por lo que éste acepta la protección de su creación socialmente, a cambio de su reconocimiento como propietario, con el consiguiente derecho exclusivo de explotación económica o de concesión de licencias de explotación.

Por lo tanto, la propiedad intelectual se configura como un monopolio sobre la creación del autor que limita la libre competencia, y que justifica la imposición de limitaciones temporales.

Los derechos de propiedad intelectual se encuentran protegidos en nuestra legislación por normas y principios recogidos en el Real Decreto 1/1996, de 12 de abril, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

¿Qué es la propiedad industrial?

La propiedad industrial e la creación del intelecto humano capaz de ser aplicada en la industria. Se engloban diferentes elementos (patentes, diseños industriales, marcas, etc.). Merecen una amplia protección, ya que son vulnerables porque pueden ser fácilmente utilizados por cualquiera.

Los derechos de propiedad industrial se dividen en dos grupos que son de una parte los derechos relativos a las creaciones técnicas (como patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, títulos de obtención vegetal y las topografías de productos semiconductores.

Y de otra parte están: la marca, el nombre comercial, el rótulo de establecimiento, las denominaciones de origen y los nombres de dominio. Se encuentran protegidos por la Constitución Española, el código de Comercio, y normas específicas como la Ley 24/2015, de 24 de julio de patentes, los diseños industriales y semiconductores en la Ley 11/1988, de 3 de mayo, y sus respectivas modificaciones. La Propiedad Industrial se trata de un tipo de derecho que protegen a los creadores de invenciones para que puedan desarrollar su actividad en el mercado frente a los competidores y cuenten con una protección suficiente frente a terceros.

¿Cómo puedo proteger mi propiedad intelectual o mi propiedad industrial?

La inscripción de creaciones en el registro de la Propiedad Intelectual es voluntaria ya que la ley otorga protección a los autores. Aun así, es recomendable su inscripción en la oficina de registro de propiedad intelectual.

Para la protección de la Propiedad Industrial e impedir que terceros la usen sin los pertinentes permisos, hay que llevar a a cabo su registro en las oficinas correspondientes.

  • A nivel nacional, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)
  • A nivel europeo, la Oficina Europea de Patentes (OEP)
  • A nivel internacional, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

Por otro lado, si hablamos de innovaciones formales de diseño (diseños industriales) o identidad corporativa (marcas o nombre comerciales), es necesario acudir a:

Acudir a una u otra oficina dependerá de en qué mercado o mercados pretende una empresa comercializar sus productos o servicios.

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Ley de Segunda Oportunidad – ¿Un salvavidas para Autónomos?

Ley de Segunda Oportunidad ¿Un salvavidas para Autónomos?

5 de Mayo 2020. Muller Friedman Abogados Mercantil Concursal

La Ley de Segunda Oportunidad posibilita a particulares y autónomos la opción de recuperarse de una mala situación económica, sin tener que menoscabar el derecho de sus acreedores. Pero lo importante, es que es un instrumento que nos da una oportunidad de no tener que malgastar el resto de nuestra vida penando por no haber logrado sacar a flote una idea (nuestros negocios). Cuántos autónomos, y más estos días, han tenido que echar el cierre y no saben que existe la posibilidad de no estar embargados el resto de sus vidas.

Como bien dice la propia ley en su preámbulo “Su objetivo no es otro que permitir lo que tan expresivamente describe su denominación: que una persona física, a pesar de un fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer”. En este enlace podéis encontrar el texto con el que se aprobó en el BOE.

Pero vamos a lo concreto,

¿Quién puede beneficiarse de la Ley de Segunda Oportunidad?

Los autónomos, un particular, las personas físicas y cualquier familia que no puedan hacer frente al exceso de endeudamiento. De esta forma, se abre un abanico muy potente para Pymes que no han conseguido salir adelante, y que no pueden hacer efectivo el pago de sus deudas. A partir de aquí tienes que contactar con un abogado experto que compruebe todos los datos para ver si se cumplen los requisitos.

 

¿Qué requisitos son necesarios para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad?

  • No haber sido declarado culpable en un concurso de acreedores.
  • No haber sido condenado en sentencia firme por delitos contra la Hacienda Pública, Seguridad Social; y el Derecho y Libertad de los trabajadores en los diez años anteriores.
  • Demostrar haber intentado llegar a un acuerdo con todos los acreedores y que no ha sido posible pagar por la situación económica actual del deudor. En este punto ya tienes que estar asesorado por un abogado experto en Ley de Segunda Oportunidad que te habrá puesto en contacto con un mediador para llevar a cabo esa primera parte del proceso.
  • Por último, aceptar inscribir el beneficio en un Registro Público Concursal (al que solo se tiene acceso con autorización expresa del juez).

Una vez comprobado los requisitos y efectuada la mediación, es totalmente necesaria ya la participación de un abogado y un procurador. Se debe presentar la solicitud de dicho beneficio ante el juez que haya conocido el previo concurso de acreedores. Y previamente a todo ello haber intentado, al menos, un acuerdo extrajudicial de pago con los acreedores (la mediación que antes mencionábamos).

La solicitud debe ir acompañada de una propuesta de Plan de Pagos, que se adecue a tus capacidades y que te permite mantener un nivel de vida acorde, y confirmar que las opciones de las propuestas que ofrecen los bancos no son asumibles por el deudor.

Una vez visto esto, será el juez el que decidirá expuesto los documentos la exoneración de la deuda o no, o qué tipo de pago o quita se puede realizar. Las opciones son múltiples, pero siempre en beneficio del deudor.

Si necesitas ayuda con la Ley de Segunda Oportunidad, no dudes en llamarnos al 91 178 1075, Muller Friedman, abogados expertos en Derecho Mercantil.

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¿Quién debe acogerse a un Concurso de Acreedores? Guía para Autónomos y empresarios

¿Quién debe acogerse a un Concurso de Acreedores? Guía para Autónomos y Empresarios

30 de Abril 2020. Muller Friedman Abogados Mercantil Concursal

La mayoría de autónomos, y muchos empresarios, a pesar de tener asesoramiento jurídico en muchísimos casos, no tienen muy claro en qué consiste un Concurso de Acreedores y si es una herramienta a la que ellos pueden optar. O incluso, si realmente deben recurrir.

Los pagos nos acechan, los caseros nos reclaman, la administración nos agobia, no puedo pagar a mis trabajadores…No es el estribillo de una canción, si no algunas de las cuantas razones que te deben hacer llegar a las manos de un buen abogado concursal. Hoy aquí vamos a desgranar las principales cosas que debes saber.

Lo primero, saber qué es un Concurso de Acreedores:

Definición Jurídica: Es un instrumento jurídico para el tratamiento eficiente de la masa concursal dirigida a la satisfacción de los diversos créditos que existen contra el patrimonio insolvente del deudor, evitando la satisfacción preferente de unos sobre otros y justificando una distribución equitativa entre dichos acreedores respecto de la insuficiencia patrimonial habida como consecuencia de una actividad mercantil infructuosa.

O lo que es lo mismo, si somos insolventes que un juzgado distribuya de manera equitativa nuestro patrimonio entre nuestros deudores. Puede entrar en concurso de acreedores tanto personas jurídicas como personas físicas.

¿Cuándo se puede solicitar un concurso de acreedores?

Cuando una empresa se encuentra en una situación difícil donde no puede hacer frente a sus obligaciones regularmente, como son las obligaciones crediticias, tributarias, de seguridad social, salarios, indemnizaciones o de cualquier otro tipo. Dependiendo de la situación se puede diferencia entre insolvencia inminente o actual.

Es aquí donde debes hacerte con un abogado especializado en Derecho Concursal.

¿Quiénes son las partes que tienen potestad para solicitar la declaración del concurso de acreedores?

La solicitud de declaración de concurso de acreedores lo puede presentar tanto el propio deudor como los acreedores, será el mediador concursal en el caso de que se inicie un procedimiento de acuerdo extrajudicial de pagos. Cuando el deudor sea una persona jurídica, será el órgano de administración la competente para solicitar la declaración de concurso de acreedores.

¿Cuáles son los plazos para presentar el concurso de acreedores?

Como hemos comentado anteriormente, el estado de insolvencia puede ser actual o inminente, el deudor una vez conocido el estado de insolvencia tendrá la obligación legal de solicitar en el plazo de dos meses la declaración de concurso de acreedores.

¿Cuáles son los tipos de concurso de acreedores?

Hay dos tipos de concursos de acreedores dependiendo de quién sea la parte que lo solicite.

  • Concurso de forma voluntaria, presentada por el deudor, es importante solicitar a tiempo el concurso de acreedores, para evitar posteriores responsabilidades que puede ser desde una multa hasta responsabilidad penal.
  • Concurso de forma forzosa, presentada por los acreedores o uno de los socios de la sociedad, el juez será el que decida si se tramita la solicitud o no del concurso de acreedores, en caso de que no haya acuerdo con la administración de la empresa.

¿Cuáles son las consecuencias de no solicitar el concurso de acreedores?

En el caso de que no se solicita el concurso de acreedores, sabiendo la situación de insolvencia, esto puede dar a lugar a que los acreedores puedan pedir responsabilidad personal de los administradores. Algunos acreedores como Hacienda o la seguridad social pueden derivar responsabilidad contra los administradores en vía administrativa, sin necesidad de acudir a un juicio. En caso de que se presenta muy tarde el concurso los administradores también puede tener consecuencias por ese retraso.

¿Cuáles son las fases de un concurso de acreedores?

El concurso de acreedores se divide en cuatro fases

  • Primera fase: Fase común. En esta fase el administrador concursal emite un informe donde se determina cuál es el activo del deudor, y cuál es el pasivo del deudor determinando la lista de acreedores, clasificando a los mismos en privilegiados, ordinarios y subordinados. El administrador concursal necesitará de toda colaboración de la concursada, así como de los abogados para reunir toda la documentación e información necesaria.
  • Segunda fase: convenio o liquidación. En esta fase dependiendo de la situación económica del deudor, si la empresa puede continuar con su actividad económica entonces se buscará un convenio con los acreedores en el que la empresa concursada podrá buscar una quita (condonaciones de deudas) o espera (aumento del plazo para pagar). Si la empresa no puede continuar con la actividad, entonces se procede a la venta del activo y al pago del pasivo, previa deducción de los créditos contra la masa, y en la medida que el activo alcance para ello.  La concursada y sus abogados colaboran con la administración concursal negociando con los acreedores un posible convenio o, en caso de liquidación entonces buscando posibles compradores para los distintos elementos del activo.
  • Tercera fase: calificación. En esta fase el administrador concursal emitirá un informe sobre el concurso de acreedores a fin de catalogarlo como fortuito o como culpable. El concurso de considerará culpable cuando la generación de insolvencia se aprecie dolo o culpa grave del deudor. Cuando el concurso sea declarado como culpable, los afectado serán inhabilitados para administrar bienes ajenos, condenados a devolver los bienes o derechos que hubieran obtenido indebidamente del patrimonio del deudor y deberán indemnizar por los daños causados.
  • Cuarta fase: Archivo. Finalizado todo lo anterior el administrador concursal emitirá otro informe de rendición de cuentas y solicitando el archivo del procedimiento, que se inscribirá en el registro mercantil, extinguiendo de forma definitiva a la concursada del tráfico mercantil.

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El Gobierno relaja la ley Concursal para evitar el colapso de los juzgados

El Gobierno relaja la ley Concursal para evitar el colapso de los juzgados

  • Se aplaza durante un año desde la declaración del estado de alarma el deber de deudor que tuviera un convenio suscrito con los acreedores
  • Se recupera la figura del reconvenio

29 de Abril 2020. Muller Friedman Abogados Mercantil Concursal

Con motivo de la avalancha de concursos de acreedores que se preveía, el Gobierno en su último Consejo de Ministros (28/4/20) ha lanzado un paquete de medidas para hacer frente al colapso de los juzgados de lo Mercantil.

Según el Gobierno, estas medidas tienen una triple finalidad. En primer lugar, mantener la continuidad económica de las empresas y de los profesionales y autónomos que, con anterioridad al estado de alarma, venían cumpliendo sus obligaciones derivadas de un convenio o un acuerdo extrajudicial o de refinanciación.

Medidas para hacer frente al colapso de los juzgados

Por otra parte, también buscan potenciar e incentivar la financiación de las empresas para atender sus necesidades transitorias de liquidez y evitar el colapso de los juzgados de lo Mercantil debido a la gran afluencia de casos que se espera tras la reanudación de los plazos procesales. Estas son las más importantes:

  • Recuperación la figura del reconvenio: Durante el año siguiente a la declaración del estado de alarma la empresa o autónomo concursado podrá presentar una propuesta de modificación del convenio concursal que estuviera en período de incumplimiento

  • Se aplaza durante un año desde la declaración del estado de alarma el deber de deudor que tuviera un convenio suscrito con los acreedores y que previsiblemente no pueda cumplir, siempre que presente una propuesta de modificación del convenio.

  • Esta permitido a los deudores que tuvieran un acuerdo de refinanciación homologado presentar propuesta de modificación o una nueva solicitud sin necesidad de que haya transcurrido el plazo de un año desde la anterior solicitud.

  • Las empresas o autónomos que se encuentren en estado de insolvencia no tendrán la obligación de solicitar la declaración de concurso hasta el 31 de diciembre de 2020. Hasta esa misma fecha, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario presentadas desde el estado de alarma.

Si necesitas ayuda con cualquiera de estos temas, no dudes en ponerte en contacto con nosotros, Muller Friedman, especialistas en derecho concursal.

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Avalancha de Concursos de Acreedores. Aspectos a tener en cuenta

Concurso de Acreedores

Avalancha de Concursos de Acreedores.
Aspectos a tener en cuenta

                      • En los dos primeros meses del año se ha producido un incremento sustancial de concursos de acreedores
                      • En el concurso voluntario, el deber de solicitud queda suspendido
  • En los dos primeros meses del año se ha producido un incremento sustancial de concursos
  • En el concurso voluntario, el deber de solicitud queda suspendido
  • 23 de Abril 2020. Muller Friedman Abogados Mercantil Concursal

Durante estos días de confinamiento, una conclusión a la que se llega de manera unánime (al escuchar y leer los comentarios de la mayoría de expertos) es que habrá una avalancha de concursos de acreedores en cuanto todo vuelva a la normalidad, ya que la situación de insolvencia y las medidas tomadas no serán suficientes.

La situación del estado de alarma está causando perjuicios económicos de difícil reparación a las PYMES. El gobierno ha decretado el cierre forzoso de establecimientos comerciales e industrias, por lo que muchas de estas empresas se han visto forzadas a no poder realizar el pago de los gastos ordinarios, y en consecuencia solicitarán el concurso de acreedores

Últimos datos

Con los últimos datos que tenemos acceso, en los dos primeros meses del año se ha producido un incremento sustancial de concursos en España, de un 17,63% en enero y de un 49,13% en febrero. Por lo que estas cifras nos indican que habrá un aumento exponencial en éste área, lo que nos lleva a pensar que también habrá un gran aumento de liquidaciones concursales.

Concurso de Acreedores

Desde Muller Friedman, abogados especializados en Derecho Concursal, queremos comentaros los aspectos a tener en cuenta si estabas ya en proceso de concurso de acreedores antes de declararse el estado de alarma o si vas a solicitarlo durante el mismo.

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Legislación especial:

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo establece la suspensión de plazos procesales, el cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que acabe el estado de alarma, que es cuando el Real Decreto pierda vigencia o, en su caso, las prórrogas del mismo. Pero se establece que, si el juez lo estima conveniente y lo lleva a cabo mediante resolución motivada, podrá establecer cualesquiera actuaciones judiciales que sean necesarias para evitar perjuicios irreparables en los derechos e intereses legítimos de las partes en el proceso.

Como es el caso de los ERES (Expedientes de Regulación de Empleo), ERTES (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo), homologación de acuerdo de refinanciación y cualquier acuerdo de medidas cautelares. Y, asimismo, la suspensión de plazos de prescripción y caducidad.

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, debemos de tener en cuenta lo siguiente:

En el concurso voluntario, el deber de solicitud queda suspendido (el plazo de 2 meses desde que se produce la insolvencia o desde que se tiene en cuenta, aplicable al plazo especial del art 5 bis 2+3+1+plazo de estado de alarma). Pero todo esto dependerá del lugar, hay juzgados donde se ha procedido a permitir la presentación de forma telemático, pero debemos de entender que una cosa es la presentación y otra cosa es la tramitación, salvo caso que se consideren urgente no se llevará acabo la tramitación de esta. Todo dependerá del juez de instancia, ya que se consinderará urgente si se acredita que se van a causar perjuicios irreparables.

Por otra parte, en el caso de las solicitudes presentadas antes del estado alarma, se puede requerir que el juzgado se pronuncie sobre cuáles son los bienes ejecutables, y cuáles son las medidas necesarias para continuar con la actividad y así evitar un perjuicio irreparable mercantil.

Los Concursos obligatorios no se proveerán. Se podrá presentar y repartirse al juzgado correspondiente, pero no se podrá declarar hasta pasado dos meses más acabado el estado de alarma, causando así un perjuicio para el acreedor.  En caso de que el deudor presente un concurso voluntario antes de que pase esos dos meses, entonces se considerará como concurso voluntario.

Aspectos especiales a tener en cuenta

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

Los Expedientes de regulación del empleo, por el que se cambió drásticamente la competencia objetivo de ERTEs concursales (al alterar la competencia objetivo contraviniendo la legislación concursal), declara competente a la autoridad laboral, y no la administración concursal.

Recordemos que todo esto se trata de medidas excepcionales que tienen vigencia durante el estado de alarma.

Si tienen cualquier duda pueden ponerse en contacto con nosotros para un asesoramiento especializado. Tanto si eres acreedor o como deudor.

Muller Friedman

C/ EDGAR NEVILLE 6, 28020, MADRID

Teléfono: 911 78 10 75

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LA AUSENCIA DE UN PROGRAMA DE “COMPLIANCE” EMPRESARIAL FACILITÓ LA COMISIÓN DE LOS DELITOS DE ESTAFA Y FALSEDAD TRIBUNAL SUPREMO, SALA DE LO PENAL, SENTENCIA 9 ABRIL 2019

LA AUSENCIA DE UN PROGRAMA DE “COMPLIANCE” EMPRESARIAL FACILITÓ LA COMISIÓN DE LOS DELITOS DE ESTAFA Y FALSEDAD TRIBUNAL SUPREMO, SALA DE LO PENAL, SENTENCIA 9 ABRIL 2019

TRIBUNAL SUPREMO, SALA DE LO PENAL, SENTENCIA 9 ABRIL 2019

Esta ausencia de control interno hacia las personas que tienen conferidos poderes de dirección o de actividades relevantes en una empresa revela el riesgo de que, bajo el abuso de las relaciones personales, se lleven a cabo actos de firmas en blanco.

Sucesión de los hechos 

La acusada, encargada de la contabilidad durante unos 20 años en una empresa de carpintería, aprovechó que gozaba de la máxima confianza de los socios para obtener dinero en su propio beneficio para ocultar sus múltiples retiradas de efectivo de la cuenta de la empresa, a través de una operativa ideada por ella en la que alteraba los listados de movimientos que presentaba a los socios y que previamente había corregido, haciendo recortes de otros listados de movimientos, pegando encima de los reintegros en efectivo, cargo de cheques y otro tipo de operaciones.

Los hechos son constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito continuado de estafa agravada, por abuso de firma, por la cuantía de lo defraudado y por abuso de confianza.

Se dan todos los elementos del tipo de falsedad documental porque se modificaban después de firmados los documentos para introducir en ellos y a posteriori de la firma por los socios, las cantidades que luego eran retiradas en efectivo; también se alteraban los extractos bancarios remitidos por el Banco mediante la elaboración de un documento en el que se modificaban los conceptos por otros no existentes, logrando así un documento inveraz que aparentaba un estado de la cuenta bancaria que no se correspondía con la realidad; e incluso se alteraban cheques de la empresa ya firmados, introduciendo cantidades no autorizadas.

Con esta operativa se alteraba la verdad en algunos de los elementos esenciales de las órdenes de pago y se ofrecía a los socios un estado de las cuentas que no se correspondía con la realidad, con la única finalidad de lograr un enriquecimiento para la acusada que de otro modo no podría haber conseguido.

Operación falsaria

La operación falsaria es notoria y evidente para conseguir el fin del desplazamiento patrimonial con engaño de la sociedad y a sus socios.

Confirma también el Supremo la comisión del delito de estafa con la agravante de abuso de confianza porque la confianza previa que había adquirido la acusada por sí misma integra la agravación más allá del “engaño bastante” propio de la estafa.

Al hilo del engaño bastante, estima la Sala que en el caso no puede hablarse de una “autopuesta en peligro” por parte de la empresa por la confianza depositada en la acusada porque ello ya integra la agravación por abuso de las relaciones personales que provocó que los socios no sospecharan al creer en su honestidad.

Destaca el Supremo que es precisamente la ausencia de un compliance ad intra en el sector empresarial lo que provoca la existencia de estos delitos de apropiación indebida, estafa, administración desleal y falsedades.

Esta ausencia de control interno hacia las personas que tienen conferidos poderes de dirección o materialización de actividades relevantes en una empresa revela el riesgo de que, bajo el abrigo del abuso de las relaciones personales existentes, se lleven a cabo actos de firmas en blanco, como aquí ha ocurrido.

De haber tenido la empresa el debido control interno hubiera sido elevado el grado de imposibilidad de ejecución de este tipo de ilícitos penales pero la falta del compliance ad intra no enerva la concurrencia de los elementos del tipo de estafa.

Además, puntualiza la sentencia que no puede reprochar la acusada a la empresa la falta de detección del desfase porque precisamente ello vino motivado en la relación de confianza que se mantuvo hasta que una auditoría detectó las irregularidades que fueron inmediatamente denunciadas.

Muller Friedman

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