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Qué autónomos y pymes pueden solicitar las ayudas directas

Qué autónomos y pymes pueden solicitar las ayudas directas

18 de marzo de 2021. Muller Friedman Abogados Mercantil Concursal

El pasado 12 de marzo, el Ejecutivo aprobó en un Consejo de Ministros Extraordinario del  Real Decreto-ley 5/2021 un nuevo paquete de ayudas de 11.000 millones de euros para los sectores que más afectados se han visto por la pandemia. Es decir, los sectores de la hostelería, el comercio y el turismo. Este paquete incluye un fondo de ayudas directas a pymes y autónomos de 7.000 millones de euros de cuya gestión se encargaran las comunidades autónomas.

Esta asignación de fondos se realizará llevando a cabo los mismo criterios que para el REACT-EU: impacto de la pandemia en la riqueza de las comunidades autónomas, impacto de la crisis en el desempleo e impacto en el desempleo juvenil. 

¿Qué sectores pueden acceder a las ayudas directas?

Pues bien, este paquete de ayudas está destinado a 95 subsectores dentro de los negocios más afectados por la crisis provocada por el Covid-19 pero, deja fuera a muchos trabajadores y empresarios que han visto disminuir sus ingresos de forma considerable. 

¿Cuáles son los requisitos que hay que cumplir para la recepción de ayudas?

Aquí viene el punto más controvertido de todos, ya que es curioso cómo, a pesar de que una empresa no se pueda permitir pagar a sus trabajadores e, incluso tenga que estar cerrada por el Covid, si que tiene que seguir pagando la Seguridad Social y Hacienda. 

A continuación enumeramos los requisitos que hay que cumplir:

  • Pertenecer a uno de los  sectores recogidos en el Real Decreto

  •  No haber sido condenado mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.

  • No haber dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarada culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.

  • Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones o ayudas públicas.

  • Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

  • No haber solicitado la declaración de concurso voluntario, no haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, no hallarse declarados en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, no estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

  • No tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

Por si los requisitos que se piden no fuesen suficientes, los destinatarios de estas ayudas también deberán comprometerse a mantener la actividad correspondiente a las ayudas hasta el 30 de junio de 2022. No podrán repartir dividendos durante 2021 y 2022 ni podrán aprobar incrementos en las retribuciones de alta dirección durante un periodo de dos años.

Además de esto, es imprescindible tener en cuenta que solo podrán recibir las ayudas empresas que hayan sufrido una caída de su facturación de al menos el 30 % con respecto a los ingresos obtenidos en el año anterior a la pandemia de coronavirus (2019).

Este tipo de requisitos nos deja algo claro: que sólo podrán recibir estas ayudas aquellas empresas que aún han podido seguir pagando todos los seguros e, incluso, a Hacienda. Por tanto, son empresas que, a pesar de que lo estén pasando mal, han podido subsistir. Pero, ¿qué ocurre con aquellas empresas que no han podido pagar a estas entidades públicas? la respuesta es clara… Están abocadas al cierre.   

Cuál será la cuantía de las ayudas

Los autónomos y medianas y pequeñas empresas podrán recibir cuantías de entre los 4.000 y 200.000 euros, a excepción de los autónomos que tributen en el régimen de estimación objetiva en el IRPF, que recibirán ayudas de hasta 3.000 euros.

Plazos para solicitar las ayudas directas

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero aseguró el pasado viernes que en un mes y diez días se formalizará la orden de reparto a las comunidades autónomas y estas podrán comenzar a firmar convenios. Como la gestión de las ayudas es de carácter regional, cada comunidad decidirá sus plazos y las cuantías exactas a repartir.

Conclusión

Es curioso ver como, en España, las empresas pueden dejar de pagar el alquiler, a sus trabajadores e incluso a sus proveedores pero, sin embargo, y a pesar de no poder afrontar los pagos, deben de seguir pagando a Hacienda y a la Seguridad Social.

Por tanto, creemos que realmente, al final estas ayudas no podrán recibirlas aquellas empresas que realmente las necesitan, es decir, aquellas que no pueden afrontar los pagos obligatorios para acceder a las mismas. 

Muller Friedman

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¿Por qué necesitas un abogado mercantil?

¿Por qué necesitas un abogado mercantil?

05 de marzo de 2021. Muller Friedman Abogados Mercantil Concursal

Si estás pensando en empezar un negocio, necesitarás  el asesoramiento de un abogado mercantil. Ser emprendedor no es tarea fácil. De hecho, la burocracia frena en muchas ocasiones la iniciativa y hacer las cosas bien desde el primer momento nos puede ahorrar tiempo, dinero y muchos problemas.

¿Qué cuestiones puede resolver un abogado mercantil?

Lo primero que has de tener en cuenta es qué forma jurídica es la mejor para construir una empresa teniendo en cuenta el volumen y la actividad de tu negocio. Esta no es una decisión fácil, ya que existen más de diez posibilidades distintas. Cada una de ellas tiene un proceso diferente y, por tanto, implica responsabilidades distintas. Hay que determinar el número de socios y la forma en la que cada uno aporta capital o trabajo a la sociedad, así como el nivel de responsabilidad ante las deudas de cada una de las partes. 

¿Por qué necesitas un abogado de derecho mercantil en estos casos? En resumidas cuentas, porque será tu guía en el proceso. Además, muy posiblemente necesites asesoramiento para resolver dudas que tienen que ver con cuestiones como el Número de Indentificación Fiscal, el pago de los impuestos, la inscripción en el Registro Mercantil, etc.

Una vez constituida la empresa, también necesitas de un especialista en derecho mercantil, ¿por qué? Pues entre otras cosas, porque este te ayudará a saber qué normativa regula tu actividad económica y sus límites legales para no incurrir en acciones contrarias a derecho, tanto frente a la Administración, como frente a los cliente o proveedores. Además, si surgen conflictos, un abogado mercantil puede ayudarte en las negociaciones extrajudiciales para resolverlos, ya que pueden actuar como árbitros de consumo y mediación. 

Necesitarás un abogado mercantil a la hora de la financiación también

Otro de los campos relevantes en los que un empresario puede necesitar un abogado mercantil es el de la financiación. El abogado se asegurará de que sus clientes estén protegidos de forma legal contra los riesgos que pueda haber en cualquier acuerdo de financiación. 

Y aunque resulte paradójico, desde un primer momento hay que tener presente la posibilidad de tener la necesidad de disolver y liquidar la sociedad mercantil a la que estamos vinculados. Esto implica seguir unos cauces concretos y el cumplimiento de obligaciones adquiridas por parte de la compañía hacia sus proveedores y hacia la Administración. Este es otro de los motivos de porqué necesitas un abogado de derecho mercantil para tu empresa.

 

Estas son algunas de las razones por las que es necesario un abogado mercantil, pero las posibilidades de su campo de actuación son muy amplias e incluye aspectos como, la participación en el mercado bursátil, la inscripción en la Oficina Española de Marcas y Patentes de los símbolos que caractericen a tu negocio, la modificación de estatutos y muchas más acciones.

Dado que esta figura es muy importante, te recomendamos que elijas siempre a profesionales cualificados. Como los que tenemos en el despacho Muller Friedman, que te atenderán con rigor a todas las necesidades de tu empresa. 

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Medidas jurídicas a disposición de las empresas en situación de insolvencia por COVID-19

Medidas jurídicas a disposición de las empresas en situación de insolvencia por COVID-19

11 de febrero de 2021. Muller Friedman Abogados Mercantil Concursal

Las disposiciones legales y la Ley Concursal publicadas en los últimos meses derivadas de la situación actual del COVID-19, nos han dado distintas herramientas para poder ayudar a empresas  en situación de insolvencia gracias a la ampliación de determinados plazos. 

Hoy os vamos a explicar cuáles son las medidas jurídicas adoptadas para hacer frente a la crisis del Covid-19 en beneficio de las empresas:

Concurso exprés en la Ley Concursal para empresas en situación de insolvencia

La actual Ley Concursal, nos permite articular mecanismos de disolución exprés de empresas en situación de insolvencia por causas objetivas, sin que ello suponga un estigma o punto final a la iniciativa empresarial futura de quien ha demostrado ser un buen empresario.

Consiste en un concurso de acreedores que se declara y concluye en el mismo acto por falta de bienes de la empresa. No se nombra a ningún Administrador Concursal y la empresa se extingue de forma inmediata teniendo los mismos efectos que un concurso de acreedores ordinario. 

Ampliación del plazo para solicitar la declaración del concurso

El plazo del que dispone el deudor insolvente con la obligación de solicitar la declaración del concurso de acreedores se amplia. Siempre atendiendo a la restricción de la libertad de movimientos y a la suspensión de plazos.

Si se presenta una comunicación de apertura de negociaciones para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos, un acuerdo de refinanciación o adhesiones a una propuesta anticipada de convenio antes del 14 de marzo de 2021, no existe el deber de solicitar la declaración de concurso hasta transcurridos seis meses desde la comunicación.

Venta de unidad productiva para empresas en situación de insolvencia

Un concurso de acreedores también es idóneo para poder llevar a cabo la venta de una o varias unidades productivas pudiendo delimitar los elementos que conforman dicha unidad. Incluso existe la opción de poder realizarlo de una forma ágil al comienzo del procedimiento, a través de los denominados “pre-pack”, es decir, adjuntando una oferta vinculante por la unidad productiva al presentar concurso. 

Esta medida consigue que se acorten mucho los plazos y lo único que hay que velar es por que se haga la venta con la máxima difusión y transparencia.

Además, las actuaciones que están orientadas a la enajenación de unidades productivas en los concursos, han sido decretadas de tramitación judicial preferente hasta el próximo mes de marzo de 2021 con el claro propósito de mantener la actividad de las empresas y preservar su valor.

Esperamos que os hayan quedado claras estas nuevas medidas jurídicas y si tienes alguna duda o tu empresa se encuentra en una situación de insolvencia económica y no sabes que hacer, contáctanos y te ayudaremos a tomar la mejor decisión. 

Muller Friedman

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Nuevas medidas en materia de arrendamientos de locales de negocios tras el Real Decreto-ley 35/2020

Nuevas medidas en materia de arrendamientos de locales de negocios tras el Real Decreto-ley 35/2020

14 de enero de 2021. Muller Friedman Abogados Mercantil Concursal

El pasado diciembre se aprobó el Real Decreto-ley 35/2020, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria, con entrada en vigor al día inmediato posterior a su publicación en el BOE. Este Real Decreto-ley establece medidas para reducir los gastos de arrendamientos de locales que soportan empresas y autónomos, en materia tributaria y en el ámbito laboral y de seguridad social.

Respecto a los contratos de arrendamientos de locales 

Con respecto a los contratos de arrendamientos, en caso de ausencia de acuerdo entre las partes, cuando el arrendador sea una empresa o entidad pública o un gran tenedor, entendiendo por tal la persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2; el arrendatario podrá antes del 31 de enero de 2021 solicitar de la persona arrendadora una de las siguientes opciones:

  1. Una reducción del 50% de la renta. Durante el tiempo que dure el estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el Covid-19. Así como sus prórrogas, y podrá extenderse a las mensualidades siguientes, hasta un máximo de cuatro meses.
  2. Una moratoria en el pago de la renta que se aplicará durante el periodo de tiempo que dure el estado de alarma declarado por el RD 926/2020 y sus prórrogas, y podrá extenderse a las mensualidades siguientes, hasta un máximo de cuatro meses. Dicha renta se aplazará, sin penalización ni devengo de intereses.

El pago aplazado de las rentas se podrá realizar durante un periodo de dos años a contar desde la finalización de la moratoria, y siempre dentro del plazo de vigencia del contrato de arrendamiento o cualquiera de sus prórrogas, repartiéndose los importes aplazados de manera proporcional a lo largo del período.

Asimismo, el arrendador deberá comunicar de manera expresa su decisión a la arrendataria, en el plazo máximo de siete días hábiles desde que la arrendataria le haya formulado su solicitud por un medio fehaciente.

Lo establecido en este apartado no resultará de aplicación cuando la persona arrendadora se encuentre en concurso de acreedores o cuando, como consecuencia de la aplicación de estas medidas, el arrendador se encuentra en probabilidad de insolvencia o ante una insolvencia inminente o actual, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, debiendo el arrendador que pretenda la aplicación de esta excepción acreditar encontrarse en alguna de las situaciones enunciadas.

Condiciones de los trabajadores autónomos y pymes para beneficiarse de las medidas de los arrendamientos de locales 

Para la aplicación de las medidas indicadas, los trabajadores autónomos y pymes arrendatarios de bienes inmuebles para uso distinto del de vivienda han de cumplir las siguientes condiciones:

  1. En el caso del trabajador autónomo, estar afiliado y en situación de alta, en la fecha de la declaración del estado de alarma mediante el RD 926/2020, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar o, en su caso, en una de las Mutualidades sustitutorias del RETA.
  2. En el caso de las pymes, que no se superen los límites establecidos en el artículo 257.1 de la Ley de Sociedades de Capital, que establece las circunstancias que permiten formular balance y estado de cambios en el patrimonio neto de forma abreviada.
  3. Tanto para autónomos como para pymes, que su actividad haya quedado suspendida como consecuencia de la entrada en vigor del RD 926/2020, o por órdenes dictadas por la Autoridad competente y las Autoridades competentes delegadas al amparo del referido real decreto.
  4. Tanto para autónomos como para pymes, en el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida como consecuencia de la entrada en vigor del RD 926/2020, se deberá acreditar la reducción de la facturación del mes natural anterior al que se solicita el aplazamiento o reducción de la renta en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la facturación media mensual del trimestre al que pertenece dicho mes referido al año anterior.

El cumplimiento de los requisitos establecidos, se acreditará por la persona arrendataria ante la arrendadora mediante la presentación de la siguiente documentación:

  1. La reducción de actividad se acreditará mediante una declaración responsable en la que se haga constar la reducción de la facturación mensual en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la facturación media mensual del mismo trimestre del año anterior.
  2. La suspensión de actividad se acreditará mediante certificado expedido por la AEAT o por la entidad competente para tramitar el cese de actividad extraordinario regulado en el artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19.

Por último, las personas arrendatarias que se hayan beneficiado de la reducción y del aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la rente sin reunir los requisitos establecidos, serán responsables de los daños y perjuicios que se hayan podido producir. 

Personas afectadas por las nuevas medidas de arrendamientos de locales

Si eres uno de los afectados por la entrada en vigor de estas nuevas medidas, no dudes en contactar con nosotros y te resolveremos todas las dudas. 

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Sociedades inactivas: qué son y cómo evitar que te perjudiquen

Sociedades inactivas: qué son y cómo evitar que te perjudiquen

31 de diciembre de 2020. Muller Friedman Abogados Mercantil Concursal

La crisis del coronavirus está llevando al cierre de muchos negocios, pero hay gerentes que aún tienen la esperanza de reanudar su actividad una vez que podamos recuperar la verdadera normalidad. Una buena alternativa para estos casos son las sociedades inactivas, gracias a las que podemos dejar todas las clases de sociedades en standby ante la posibilidad de reapertura.

¿Qué son las sociedades inactivas?

Vamos a empezar por definir qué es una sociedad inactiva: es aquella que no desarrolla ninguna actividad económica. Habitualmente se trata de empresas que han estado vinculadas al desarrollo de un negocio que ha tenido que cerrarse. Cuando dejamos una sociedad inactiva, comunicamos la baja de la actividad en Hacienda y queda a la espera de su reactivación con la misma actividad o con otra, aunque también cabe la posibilidad de liquidarla finalmente.

Cómo dejar inactiva una sociedad en dos pasos

¿Cómo dejar inactiva una sociedad limitada, por ejemplo? Cualquier tipo de sociedad puede quedar inactiva a través del proceso que indicamos a continuación, sin llegar a la disolución de una empresa y liquidación de esta:

  1.     Comunicar ante la Administración Tributaria el cese de la actividad mediante la presentación de una declaración censal de modificación en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores, correspondiente al modelo 036. Tienes a tu disposición dos vías para realizarla:
  •       Presencialmente en tu oficina de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT). En este caso, puedes solicitar el impreso en la misma oficina o bien descargarlo en la sede electrónica de la Agencia Tributaria.
  •       Por vía telemática, a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria, para lo cual necesitarás tener un certificado electrónico.

  1.     Siempre deberás marcar la casilla 140, que es la que corresponde al deseo de dejar nuestra sociedad inactiva. A continuación, debes indicar en la casilla 141 la fecha del cese de la actividad y firmar el modelo.

¿Cómo reactivar las sociedades inactivas?

El proceso para reactivar las sociedades inactivas es sencillo siempre y cuando se haya respondido a las obligaciones fiscales y mercantiles durante el periodo de inactividad. Igual que en el caso anterior, debemos comunicarlo a la AEAT a través de cualquiera de las dos vías que hemos indicado y rellenando el mismo modelo 036. La diferencia es que deberemos rellenar la casilla 127 de la página 1 y además cumplimentar la página 4 del documento.

¿Se puede reactivar una sociedad inactiva sin presentar los libros y las cuentas anuales en el Registro Mercantil?

La respuesta es no. Hablamos de un punto clave a la hora de entender cómo reactivar una sociedad inactiva. Si en el momento en que queremos reactivar nuestra sociedad aún no hemos llevado a cabo estos trámites, estamos obligados a presentar los libros y las cuentas anuales en el Registro Mercantil antes. Del mismo modo, debemos declarar el Impuesto de Sociedades si no lo hemos presentado.

Por otra parte, debemos tener en cuenta que podemos ser sancionados si no presentamos los libros de cuentas o el Impuesto de Sociedades mientras permanece la sociedad inactiva.

¿Cómo se contabilizan los gastos de una sociedad inactiva?

Lo primero que debemos saber es que se pueden seguir soportando ciertos gastos. Por ejemplo, podemos seguir afrontando comisiones bancarias, agua, electricidad, alquiler y asesoría. Estos gastos no son deducibles en las sociedades inactivas, desde un punto de vista fiscal, sin embargo, deben figurar en nuestro registro contable. Y, por ello, estamos sujetos a ciertas obligaciones, tal como adelantábamos:

        Declaración del Impuesto de Sociedades

        Legalización de los libros contables

        Realizar el depósito de cuentas

El cambio esta vez consiste en que no estamos obligados a presentar la declaración trimestral del IVA, puesto que no vamos a generar ninguna factura, en principio.

¿Cuándo prescribe una sociedad inactiva?

Si eres el administrador de una sociedad inactiva debes fijarte en el tiempo en que puedes mantenerla en este estado porque, de lo contrario, podrías ser el responsable de posibles deudas. Te lo explicamos a continación:

        Una sociedad puede estar inactiva durante un periodo máximo de un año desde la comunicación del cese de actividad en el Registro Mercantil. A partir del año, la sociedad tiene la obligación de disolverse y en ese momento, el administrador debe convocar una Junta General y realizar un balance de liquidación de la sociedad inactiva en un plazo de dos meses. Si este acontecimiento no tiene lugar y hay deudas que atender, el administrador está obligado a responder ante ellas al considerarse que no existe sociedad alguna.

        Por otro lado, cabe destacar que la acción de responsabilidad del administrador de una sociedad prescribe a los 4 años desde la inscripción del cese en el Registro Mercantil.

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El acuerdo extrajudicial de pagos como eficiente mecanismo para reestructurar la deuda y superar una insolvencia empresarial

El acuerdo extrajudicial de pagos como eficiente mecanismo para reestructurar la deuda y superar una insolvencia empresarial

23 de diciembre de 2020. Muller Friedman Abogados Mercantil Concursal

El Acuerdo Extrajudicial de Pagos es un proceso ágil que permite superar situaciones de insolvencia empresarial y particular como alternativa al procedimiento concursal.

En esencia, con este procedimiento extrajudicial, se propone a los acreedores la reestructuración del pasivo mediante propuestas que pueden incluir, entre otros mecanismos, quitas y esperas de las distintas partidas de deuda, y todo esto sin perder la necesaria confidencialidad del proceso, o el control sobre la gestión diaria de la actividad.

Superado el primer semestre, desde que se declaró la pandemia del Covid-19, podemos afirmar que nos encontramos ante una extraordinaria coyuntura económica, de la que puede derivarse a corto plazo una crisis de liquidez en todos los niveles de nuestro tejido empresarial. Salvo que el gobierno o nuestras administraciones nos sorprendan con la adopción, durante las próximas semanas, de decisiones relevantes que permitan a las PYMES y autónomos acceder a una financiación rápida y con garantías de continuidad; podemos afirmar que es el momento de adoptar decisiones preventivas para evitar que una crisis puntual de liquidez devenga irreversible.

En este sentido, el Acuerdo Extrajudicial de Pagos aparece como una eficiente solución que permite la continuidad de la actividad empresarial, sin tener que recurrir al concurso de acreedores ni otros procedimientos judiciales previstos en la ley concursal, mucho más costosos.

El Acuerdo extrajudicial de pagos, introducido por la Ley 14/2013

El Acuerdo Extrajudicial de Pagos, que fue introducido por la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, se creó inicialmente como un mecanismo extrajudicial del que podían servirse profesionales, autónomos, empresarios individuales y sociedades mercantiles de pequeño tamaño para solucionar su insolvencia, sin necesidad de pasar por un procedimiento judicial. Solamente su frustración conllevaba la declaración de concurso de la persona o entidad, si bien el proceso completo se veía simplificado por entenderse que el deudor ya había, de alguna manera, realizado un intento de reestructurar su deuda al margen del control judicial- y su connatural estigmatización-, con la ayuda de un experto denominado mediador concursal.

Posteriormente, en 2015, dicho procedimiento extrajudicial fue renovado para ampliar su ámbito de aplicación, dando entrada así al denominado deudo de consumo, e instituyendo el mecanismo como fase cuasi preceptiva y previa a la posterior y deseada del Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho, comúnmente Segunda Oportunidad del deudor persona física.

Entrada en Vigor del Texto Refundido de la Ley Concursal

Con la entrada en vigor el pasado 1 de septiembre del Texto Refundido de la Ley Concursal, el procedimiento extrajudicial se ha reubicado y sistematizado en los artículos 631 y siguientes.

Se trata de un procedimiento que se tramita, coordina y dirige entre el propio empresario, sus asesores de confianza y un tercer experto específicamente designado a tal efecto, denominado mediador concursal. Al no haber participación judicial, ni publicidad en torno a la situación de insolvencia manifestada por el empresario, posibilita continuar con la actividad empresarial habitual sin más inconveniente que la propia falta de solvencia. No existe, durante la tramitación del procedimiento, intervención judicial, de cuentas ni de actividad, y ello es relevante por cuanto ni se dificulta la gestión, ni se estigmatiza al gestor de la actividad empresarial.

Para acceder al trámite, se exigen diferentes requisitos en función de si el deudor es persona física o jurídica, siendo común en ambos casos el hecho de que se encuentren en una situación de insolvencia actual o inminente. Para el caso de las personas físicas, bastaría con que el pasivo total estimado no fuese superior a 5 millones de euros; mientras que para las personas jurídicas se exige que el pasivo o el activo no superen lo 5 millones de euros o que tenga un número inferior a 50 acreedores, y que acredite disponer de los recursos necesarios para satisfacer los gastos propios de la tramitación del proceso.

En segundo lugar, debemos destacar su rapidez de ejecución, habida cuenta que desde la aceptación del mediador concursal se debe convocar a todos los acreedores del deudor a una Junta que deberá celebrarse en un plazo máximo de un mes (si el deudor en persona física no empresaria) o de dos meses (en el resto de los casos).

Para obtener las medidas modificativas de la deuda, se exige que la propuesta planteada sea aprobada por un número de acreedores que ostenten como mínimo el 60% de los créditos contra el deudor, existiendo condiciones más ventajosas si se alcanza el 75%. Si se alcanza el acuerdo con los porcentajes señalados, el acuerdo vinculará a todos los deudores (salvo los créditos de derecho público y los que gocen de garantía real que no se hayan adherido al acuerdo) con independencia de que hayan o no votado a favor del acuerdo.

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Algunos juzgados impiden a los arrendadores a ejecutar los avales aplicando la cláusula “rebus sic stantibus”

Algunos juzgados impiden a los arrendadores a ejecutar los avales aplicando la cláusula “rebus sic stantibus”

18 de diciembre de 2020. Muller Friedman Abogados Mercantil Concursal

Debido a la pandemia del COVID19, vivimos probablemente un cambio histórico en cuanto a la aplicabilidad por nuestros juzgados de la cláusula rebus sic stantibus.

Existen ya varios pronunciamientos a nivel nacional en primeras instancias, en cuanto a la concesión de medidas cautelares en el marco de demandas basadas en la mencionada rebus sic stantibus y consistentes en impedir, por ejemplo, la ejecución de avales y la incorporación en ficheros de morosos a los deudores impagados.

Los jueces han acogido estas solicitudes suspendiendo –según los casos- el pago del 50% de la renta, la ejecución de los avales bancarios o la posibilidad de reclamar judicialmente el desahucio o el pago. Y en relación con la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus, deja claro que, si bien la pandemia es un acontecimiento sobrevenido, extraordinario e imprevisible, es necesario probar que es la causa concreta del desequilibrio y valorar éste para determinar el reajuste.

Resolución del Juzgado de Primera Instancia de Zaragoza respecto a la cláusula “rebus sic stantibus”

Merece especial mención la resolución dictada por un Juzgado de Primera Instancia de Zaragoza respecto a un contrato de franquicia de una conocida marca deportiva, uno de cuyos franquiciados solicitaba precisamente dicha medida cautelar que impida que se pueda ejecutar el aval que la marca tenía previsto en el contrato para el caso de determinados incumplimientos; o en suspender determinados vencimientos en contratos de financiación o la exigencia de cumplimiento de determinados ratios financieros, tal y como ha dictado un juzgado de primera instancia de Madrid en el marco de un préstamo sindicado a favor del grupo empresarial prestatario.

 Especial mención vamos a hacer al Auto 288/2020, 25 de septiembre, mediante el cual la magistrada Teresa Álvarez de Sotomayor Soria, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Navalcarnero (Madrid) ha acordado la suspensión cautelar de la ejecución del aval bancario de 10.800 euros en aplicación de la cláusula “rebus sic stantibus”.

Esta resolución se basa en el “impacto económico y social grave” de la pandemia de Covid-19, por el cual el juzgado suspende la ejecución del aval por impago de un local situado en el centro comercial Xanadú, al oeste de la Comunidad de Madrid, constituido por CaixaBank.

Según indica la magistrada Álvarez de Sotomayor en el auto septiembre, la adopción de esta medida cautelar exige el cumplimiento de tres requisitos: peligro por mora procesal, apariencia de buen derecho y prestación de caución, que sí se dan en este asunto.

En este sentido, indica que los derechos y obligaciones de las partes que surgen de un contrato de arrendamiento de local de un negocio ubicado en un centro comercial “se han visto afectados por dichas circunstancias” y hasta la declaración del estado de alarma, había cumplido con sus obligaciones contractuales y con el pago de la renta pactada.

Igualmente, apunta que el obligado cese de la actividad profesional de muchos arrendatarios puede ocasionar una imposibilidad de pago de la renta. E indica que dicha circunstancia deberá acreditarse en el pleito principal, así como las consecuencias contractuales.

“Rebus sic stantibus”, una excepción al principio “pacta sunt servanda”

El artículo 1.105 del Código Civil establece una excepción al principio de conservación de los contratos contenido en el brocardo “pacta sunt servanda”. Esta excepción se refiere a los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor. En concreto, este precepto señala que nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables.

Asimismo, el Tribunal Supremo ha concretado que para que opere este supuesto, ha de tratarse de un hecho no imputable al deudor, siendo las circunstancias totalmente imprevisibles en el momento de la contratación y tener como consecuencia el incumplimiento de la obligación.

De este modo, la magistrada subraya, que la declaración del estado de alarma puede considerarse como un caso de fuerza mayor, que puede llegar a tener incidencia directa en el cumplimiento de las obligaciones pactadas en los distintos contratos de arrendamientos.

Ejecución del aval bancario durante la pandemia

La magistrada Álvarez de Sotomayor concluye que la ejecución del aval bancario por el impago de una mensualidad en un contrato de 3 años de duración es desproporcionado”, siendo por tanto improcedente en este momento.

Por otra parte, señala que se acredita igualmente el peligro por la moral procesal porque en caso de que se proceda a la ejecución del aval constituido como garantía adicional y posteriormente se estime íntegra o parcialmente la demanda, puede forzar al demandante a nuevo procedimiento judicial.

Lo que está claro es que habrá un cambio significativo en nuestra legislación y jurisprudencia, todo ello fruto del efecto provocado por la pandemia y crisis económica generada en consecuencia. No faltan propuestas en el Congreso de los Diputados para trasladar esta doctrina al Código Civil.

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Nuevas medidas urgentes en apoyo de la solvencia empresarial y en materia tributaria contenidas en el RDLey 34/2020

Nuevas medidas urgentes en apoyo de la solvencia empresarial y en materia tributaria contenidas en el RDLey 34/2020

09 de diciembre de 2020. Muller Friedman Abogados Mercantil Concursal

El nuevo Real Decreto ley ha sido promulgado como norma con rango legal reguladora de un conjunto de medidas aprobadas en distintos ámbitos al objeto de paliar los efectos que la crisis sanitaria, derivada del Covid-19, está teniendo en la actividad productiva y en la solvencia empresarial. 

Estas nuevas medidas entraron en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, que tuvo lugar el 18 de noviembre de 2020.

La crisis sanitaria causada por el Covid-19 puede dar lugar a que las empresas se vean afectadas por una caída de ingresos produciéndose el cumplimiento de las condiciones que refleja una situación de insolvencia y que llevarían, en su caso, a entrar en alguna de las causas que exigirían solicitar la declaración de concurso de acreedores.

Por otra parte, la aplicación generalizada de estos requisitos en un contexto excepcional y transitorio, como el actual, podría desencadenar un proceso de paralización de la actividad económica, que tendría un impacto negativo en la estabilidad financiera.

Para hacerle frente, ya fue necesario aprobar un conjunto de medidas en el ámbito de la Administración de Justicia, que se materializaron a través del Real Decreto-ley 16/2020, cuyas medidas fueron objeto de confirmación mediante la Ley 3/2020.

Las medidas adoptadas en estas normas, en el ámbito concursal y societario, tenían como objetivo evitar la declaración de concurso o la apertura de la fase de liquidación, respecto empresas que podrían ser viables en condiciones normales, evitando con ellos un posible efecto en cadena que diera lugar a una paralización de la economía.

Con esta nueva norma se prorrogan algunas de las medidas adoptadas por la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, ya que se considera necesario conservarlas para preservar la continuidad económica de las empresas, profesionales y autónomos.

Por otra parte, el Real Decreto-ley 8/2020 dispuso una serie de medidas extraordinarias aplicables al funcionamiento de los órganos de administración y gobierno y a la convocatoria de las juntas generales y asambleas de las personas jurídicas de derecho privado durante el ejercicio 2020.

La declaración del estado de alarma derivado del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre hasta el día 9 de mayo de 2021, hace necesario ampliar la duración de algunas de las medidas excepcionales adoptadas en el mencionado Real Decreto-ley 8/2020.

De este modo, las medidas tributarias, mercantiles y procesales que contiene, pueden clasificarse del siguiente modo:

Medidas tributarias para conseguir una solvencia empresarial 

En el ámbito del Impuesto sobre Sociedades:

  • Se adapta la deducción por inversiones en producciones extranjeras de largometrajes cinematográficos o de obras audiovisuales – 36 Ley 27/2014-, a los términos de la Comunicación de la Comisión Europea sobre ayuda estatal.
  • Se adapta a la libertad de amortización en inversiones realizadas en la cadena de valor de movilidad eléctrica, sostenible o conectada- Disposición adicional decimosexta de la Ley 27/2014 (Ley IS).
  • Se adapta el incremento de la deducción en el impuesto por actividades de innovación tecnológica de procesos de producción en la cadena de valor de la industria de la automoción- establecido por el 7 RDley 23/2020– a lo dispuestos en el Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.

En el ámbito del Impuesto Sobre el Valor Añadido:

  • Se mantiene hasta el 30 de abril de 2021- y con efectos desde 1 de noviembre- la aplicación de un tipo del cero por ciento del Impuesto sobre el Valor Añadido a las entregas interiores, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de material sanitario para combatir la Covid-19.

  • Se rebaja temporalmente- desde el 19 de noviembre de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2021- del 21 al 4 por ciento el tipo impositivo del IVA aplicable a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de mascarillas quirúrgicas desechables.

Medidas mercantiles para alcanzar mayor solvencia empresarial 

Temporalmente- durante el año 2021-, a las sociedades de capital se les aplicarán medidas tales como:

  • La asistencia a la junta general por medios telemáticos y el voto a distancia, en el caso de las sociedades anónimas.
  • La celebración de junta general por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, siempre que todas las personas que tuvieran derecho de asistencia o quienes los representen dispongan de los medios necesarios.

Medidas procesales

Vía modificación de la Ley 3/2020, esta nueva norma legal contiene medidas de ámbito procesal que implican la ampliación hasta el 14 de marzo de 2021 de la suspensión del deber de solicitar la declaración del concurso de acreedores, así como de la obligación del juez de admitir a trámite las solicitudes de concurso necesario presentadas por los acreedores.

Igualmente, amplía el alcance hasta el 31 de enero de 2021 de las medidas de inadmisión a trámite de una declaración de incumplimiento de acuerdo de refinanciación, de convenio o de acuerdo extrajudicial de pagos, siempre condicionadas a la renegociación de un nuevo acuerdo o convenio.

 

Muller Friedman

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Las fusiones bancarias en España: menos sucursales y empleados, más comisiones

Las fusiones bancarias en España: menos sucursales y empleados, más comisiones

27 de noviembre de 2020. Muller Friedman Abogados Mercantil Concursal

Fusiones bancarias en época de covid

Una de las alternativas elegida por los bancos españoles para recuperar la rentabilidad perdida a raíz de la crisis financiera de 2008 han sido las fusiones bancarias. A través de estas operaciones, las entidades financieras, demasiado ligadas al ciclo económico, reducen una parte importante de sus costes, a la vez que se aseguran una mayor presencia en el mercado.

Hace una década, en España operaban más de 60 entidades, pero la acusada caída de beneficios y el retraso en la subida de tipos en Europa desde 2011 han reducido el número a su mínima expresión. Hoy son prácticamente una docena los bancos que han sobrevivido a la onda expansiva generada a raíz de la caída de Lehman Brothers, allá por 2008, y todo apunta a que la cifra se reducirá hasta ocho, consecuencia directa del desplome de beneficios generado por la pandemia.

Dos concentraciones en menos de tres meses

El pistoletazo de salida de esta nueva ronda de fusiones lo dieron CaixaBank y Bankia, entidades que agrupan casi a una veintena de antiguas cajas, y que aspiran a culminar su fusión en los primeros meses de 2021, lo que implicará un importante ajuste de la red y de la plantilla, aún por concretar.

Se trata de la segunda operación anunciada en menos de tres meses, tras la de Unicaja y Liberbank. Aunque se esperaba una tercera fusión entre el Banco Sabadell y BBVA, finalmente estas entidades financieras han puesto punto y final a las conversaciones que mantenían para su fusión tras encontrar discrepancias al hacer números para cerrar un principio de acuerdo.

La ruptura se produce 11 días después de que los dos bancos confirmaran contactos incipientes para una posible integración. Esta fusión habría generado un grupo financiero con más de 950.000 millones de euros en activos y un tamaño en España algo por debajo al que tendría la unión de CaixaBank y Bankia.

España, uno de los países con mayor concentración bancaria

Esto se traduce en una mayor concentración bancaria, ya de por sí elevada con respecto a nuestros vecinos europeos. Mientras que en Alemania y Reino Unido, los cinco grandes bancos concentran solo el 31,2% del total de activos, Italia el 47,9% y en Francia el 48,7%, en España más del 67% de los activos bancarios al cierre de 2019 estaban en manos de las cinco principales entidades (Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia y Sabadell), porcentaje que se disparará hasta el 70,6% en el caso de que se materializasen las fusiones CaixaBank-Bankia y BBVA-Sabadell, según los datos recopilados por Analistas Financieros Internacionales (Afi).

Menos sucursales y más desigualdad

Algunos de los efectos colaterales de estas fusiones bancarias serán el cierre de sucursales y la progresiva desaparición de establecimientos de algunos territorios, principalmente en las zonas rurales.

En 2008, España era el país europeo con un mayor número de oficinas bancarias, con 46.065. Esta cifra suponía el 24,7% del total de la zona euro y el 19,4% de la Unión Europea (UE). Doce años más tarde, el número de sucursales ha disminuido prácticamente a la mitad, tal como recogen las estadísticas del Banco Central Europeo (BCE).

La situación más crítica se produce en los municipios que han perdido la única oficina bancaria que tenían: es el caso de 4.194 localidades españoles, según un estudio de lNE y el Banco de España. Los municipios sin oficina bancaria se han incrementado un 17,4% desde 2008.

Menos empleados

El progresivo cierre de oficinas, además de debilitar la atención personalizada al cliente, también ha repercutido en el número de empleados. El ajuste de la banca se ha traducido en un recorte de 97.000 puestos de trabajo desde el inicio de la crisis, cuando el sector daba empleo a unas 240.000 personas. Solo durante este año unos 7.400 trabajadores han salido o van a salir a través de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).

Todo esto sitúa a España como uno de los países con una de las redes de sucursales de menor tamaño de la Unión Europea: apenas hay cinco o seis empleados por cada sucursal, frente a los 120 trabajadores por sucursal con los que cuenta Luxemburgo, según el BCE.

Incremento en el precio de los servicios financieros y las comisiones

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) también ha manifestado su preocupación por el impacto de las fusiones bancarias en el nivel de competencia y en el acceso a los servicios financieros en España. Según indican, a raíz de estos procesos, podrían verse incrementados los precios de los servicios financieros a medio y largo plazo.

Así como el aumento de las comisiones, que ya se está produciendo en las principales entidades financieras. BBVA ya ha anunciado que empezará a cobrar desde el próximo 1 de enero a sus clientes una cuota de dos euros cada vez que retiren dinero en efectivo en ventanilla por un importe inferior a 2.000 euros. Una comisión que ya cobra CaixaBank por retirar efectivo en ventanilla, aunque en este caso las cuatro primeras operaciones están exentas.

Conclusiones

Pero las fusiones no se dan únicamente entre las entidades más grandes, ya que también Unicaja Banco y Liberbank, con un tamaño más reducido, decidieron también retomar sus conversaciones de fusión, mientras se mantiene la duda de qué pasará con otras entidades como Ibercaja Banco, que aspiraba a salir a Bolsa, Kutxabank o Abanca.

Bankinter, entretenida con su expansión en Portugal e Irlanda y la compra de EVO Banco, parece que apuesta por mantenerse al margen de esta nueva oleada de fusiones, al igual que el Banco Santander, que con la compra de Popular reforzó su posición en España.

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La cláusula “Rebus sic Stantibus”, primeras resoluciones de los Juzgados

La cláusula “rebus sic stantibus”, primeras resoluciones de los Juzgados

19 de noviembre de 2020. Muller Friedman Abogados Mercantil Concursal

¿Qué es la cláusula “rebus sic stantibus”?

La cláusula “rebus sic stantibus” viene a significar algo así como “según el estado de las cosas” o “estando así las cosas”, se basa en el principio de equilibrio de las prestaciones entre partes. Contiene la prevención de que un contrato pactado en determinadas circunstancias pueda revisarse si dichas circunstancias cambian de manera sustancial, alterando la base del negocio y suponiendo por ello una excesiva onerosidad para una de las partes. Cumple, por tanto, una función eminentemente económica.

Dicha cláusula se basa en el principio de mantenimiento de los contratos, pero aplicando una revisión en las condiciones de los mismos. El problema es que, a pesar de su creciente importancia, en nuestro ordenamiento no está regulada expresamente, sino que se ha ido modulando a través de la jurisprudencia, cuya función no debería ser la de “legislar”.

¿Se pueden extinguir o modificar los contratos en vigor por la crisis del COVID-19?

Que los efectos de la pandemia del Covid-19 iban a ser devastadores para la economía era algo que pocos dudaban. Y que derivado de esto, numerosas relaciones contractuales iban a resultar afectadas también era algo más que previsible.

Entre los más afectados se encuentran los empresarios, que ven como sus ingresos han caído notablemente, o incluso han facturado 0 euros en los últimos meses, y que sin embargo se veían obligados a continuar pagando las rentas mensuales de sus locales de negocio.

Cierto es que los contratos están para cumplirse, principio “pacta sunt servanda” del artículo 1.091 del Código Civil”. Pero también es cierto que este principio encuentra límites, unos establecidos normativamente, como el que recoge el artículo 1.105 del mismo Código Civil– casos de fuerza mayor-, y otros establecidos y reconocidos por la jurisprudencia, como la ampliamente comentada durante los últimos meses, y objeto de debate en multitud de foros, jurídicos y no jurídicos, cláusula “rebus sic stantibus”.

Primeras resoluciones de los Juzgados

Pues bien, nos quedaba la duda de cómo iban a acoger los Juzgados las pretensiones de los arrendatarios en este sentido. La primera de las premisas, es decir, que se den unas circunstancias excepcionales que no pudieron preverse, no admite en el presente caso demasiada discusión, dada la magnitud de la pandemia, ya que el propio Real Decreto 463/2020 que declaró el primer Estado de Alarma hacía referencia expresa a esas “circunstancias excepcionales” que vivíamos.

Pero a esta primera premisa deben acompañarle otras circunstancias en cada caso concreto, ya que los arrendatarios deberán acreditar que en efecto esta situación extraordinaria le ha provocado una disminución de ingresos real que haga efectivamente aplicable la cláusula “rebus”.

Ya son numerosas las resoluciones judiciales que sí reconocen su aplicación, modificando total o parcialmente las condiciones de los contratos. Como, por ejemplo:

  • Auto 256/2020 de 25 de junio de 2020, dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Valencia, estimó parcialmente el aplazamiento del 50% de la renta mínima mensual pactada en el contrato, aplicando la cláusula rebus sic stantibus ya que “resulta notorio que la crisis derivada de la actual pandemia por COVID’ 19 no era previsible. Igualmente, se ha producido una situación que ha afectado de manera extraordinaria, inmediata e intensa a la situación económica de la parte actora”.

  • Auto 162/2020 de 7 de julio de 2020, dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Benidorm, por una parte, estimó la suspensión parcial del pago de la renta durante un período determinado, y, por otra parte, la medida de prohibición de la parte demandada de interponer demanda de desahucio o de reclamación de rentas durante la tramitación del procedimiento, entendida como la obligación de abstenerse temporalmente de llevar a cabo dicha conducta.

  • Auto 299/2020 de 13 de agosto de 2020 dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº 74 de Madrid estimó las medidas cautelares consistentes, fundamentalmente, en suspender la facultad de la demandada de reclamar judicial o extrajudicialmente las garantías del contrato de arrendamiento, cuando mediante su ejercicio se pretenda por la arrendadora el cobro de importes respecto de los que se haya solicitado se ajuste en la demanda, y en imponer a la arrendadora la obligación de abstenerse de incluir a la arrendataria en ficheros de morosos, como es ASNEF, como consecuencia del impago de cantidades respecto de los que se haya solicitado su ajuste en la demanda.

  • El Juzgado de 1ª instancia número 81 de Madrid, en su auto número 447/2020 resolviendo unas medidas cautelares, aplica la cláusula ‘rebus sic stantibus’ y acuerda:
    a) suspender el pago del alquiler a una discoteca de Madrid de la renta que venía abonando por una situación de causa de fuerza mayor -en este caso la crisis del coronavirus- hasta que vuelva a permitirse la reapertura de la discoteca.

    b) acuerda la suspensión del pago de la renta (con el mantenimiento del pago de las cantidades complementarias abonadas en virtud del Real-Decreto ley 15/2020) mientras no se permita la reapertura del Local.

    El Auto estudia la situación de un empresario del ocio nocturno que, como consecuencia de la situación sanitaria existente en España derivada de la crisis del coronavirus, se vio interrumpida la actividad del negocio y no se ha podido reiniciar debido a los numerosos rebrotes.

Conclusiones

Si bien, aunque en determinadas circunstancias se podrá aplicar, y tener acogida; no es posible aplicar de forma general la cláusula “rebus sic stantibus” y así lo han establecido las numerosas resoluciones judiciales. Debe realizarse un estudio individualizados de cada caso, pues si se diera una aplicación generalizada y automática, también podría producirse el efecto contrario, y es que ese desequilibrio entre partes acabara por ir en perjuicio, en este caso del arrendador0

Muller Friedman

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