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Las nuevas obligaciones en igualdad de género para las empresas

Las nuevas obligaciones en igualdad de género para las empresas

26 de abril de 2021. Muller Friedman Abogados Mercantil Concursal

Con el fin de promover un trato igualitario en materia de oportunidades laborales, las empresas tendrán la obligación de tener un plan de igualdad. Este plan incluye medidas que derrumban las barreras discriminatorias que obstaculizan el desarrollo productivo laboral.

Te mostramos cuáles son tus obligaciones como empresario al crear un plan de igualdad en Madrid para tu empresa.

La igualdad de género en las empresas es una obligación

a Ley Orgánica que regula estas disposiciones igualitarias no es nueva; sin embargo, el pasado año se anexaron nuevas obligaciones que las empresas deben cumplir. Por ejemplo, todas las empresas que tengan una nómina de trabajadores mayor a 50 personas deben implementar un plan de igualdad, por cuanto muchas están gestionando su presupuesto para un plan de igualdad con el fin de cumplir la ley.

Bajo la norma, las empresas que tengan alrededor de 100 a 150 trabajadores tienen hasta el 7 de marzo 2021 para implementar este plan. E incumplir la Ley de igualdad efectiva puede acarrear sanciones tan graves como multas de gran cuantía hasta la pérdida de ayuda empresarial. Ahora bien, existen nuevas obligaciones que hay que adoptar y que están registradas en el Decreto Real 902/2020.

Estas empresas están obligadas a crear medidas preventivas contra el acoso laboral, especialmente cuando su origen obedece a discriminaciones sexuales. Las campañas de sensibilización de la plantilla laboral se tendrán que hacer de manera frecuente, con el fin de crear conciencia de equidad de género.

El plan incluirá protocolos que puedan llevarse a cabo frente a una denuncia formal que conlleve a una investigación, sin importar quien haya sido la víctima ni el acosador.

Auditoría retributiva: Una nueva obligación para acercar a la equidad laboral de géneros

Este término viene a representar un análisis que evalúa cómo la empresa retribuye a sus trabajadores. A través de este proceso se determina si existe una brecha entre los salarios entre hombres y mujeres, lo que supondría trato desigual e ilegal en materia laboral.

La auditoría también contempla la evaluación de las promociones laborales que se realizan, entre otros aspectos fundamentales de la organización empresarial y las asignaciones a su plantilla laboral. Por ejemplo, se evalúan los puestos de trabajo con el fin de determinar desigualdad de las asignaciones que obedezcan a discriminación por género.

Este proceso tiene como propósito asegurar que ambos sexos posean igualdad retributiva salarial. El plan de igualdad contempla las medidas que garanticen que tanto hombres como mujeres posean las mismas oportunidades, y de haber fallas, se hagan las correcciones pertinentes.

Las medidas propuestas en este proyecto empresarial de igualdad serán voluntarias, salvo que se hallase la empresa en obligación por inadecuación legal. Y aunque no fuese una obligación crear el plan de igualdad, todas las empresas están sujetas por ley a establecer acciones contra la discriminación por género.

El plan de igualdad viene a representar un importante avance en materia de igualdad. Pero crear este plan requiere de expertos, llamados agentes de igualdad. La razón es que la auditoría de igualdad retributiva puede resultar confusa, y errores en su elaboración e implementación pueden exponer a la empresa a graves consecuencias.

Muller Friedman

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Qué autónomos y pymes pueden solicitar las ayudas directas

Qué autónomos y pymes pueden solicitar las ayudas directas

18 de marzo de 2021. Muller Friedman Abogados Mercantil Concursal

El pasado 12 de marzo, el Ejecutivo aprobó en un Consejo de Ministros Extraordinario del  Real Decreto-ley 5/2021 un nuevo paquete de ayudas de 11.000 millones de euros para los sectores que más afectados se han visto por la pandemia. Es decir, los sectores de la hostelería, el comercio y el turismo. Este paquete incluye un fondo de ayudas directas a pymes y autónomos de 7.000 millones de euros de cuya gestión se encargaran las comunidades autónomas.

Esta asignación de fondos se realizará llevando a cabo los mismo criterios que para el REACT-EU: impacto de la pandemia en la riqueza de las comunidades autónomas, impacto de la crisis en el desempleo e impacto en el desempleo juvenil. 

¿Qué sectores pueden acceder a las ayudas directas?

Pues bien, este paquete de ayudas está destinado a 95 subsectores dentro de los negocios más afectados por la crisis provocada por el Covid-19 pero, deja fuera a muchos trabajadores y empresarios que han visto disminuir sus ingresos de forma considerable. 

¿Cuáles son los requisitos que hay que cumplir para la recepción de ayudas?

Aquí viene el punto más controvertido de todos, ya que es curioso cómo, a pesar de que una empresa no se pueda permitir pagar a sus trabajadores e, incluso tenga que estar cerrada por el Covid, si que tiene que seguir pagando la Seguridad Social y Hacienda. 

A continuación enumeramos los requisitos que hay que cumplir:

  • Pertenecer a uno de los  sectores recogidos en el Real Decreto

  •  No haber sido condenado mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.

  • No haber dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarada culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.

  • Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones o ayudas públicas.

  • Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

  • No haber solicitado la declaración de concurso voluntario, no haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, no hallarse declarados en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, no estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

  • No tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

Por si los requisitos que se piden no fuesen suficientes, los destinatarios de estas ayudas también deberán comprometerse a mantener la actividad correspondiente a las ayudas hasta el 30 de junio de 2022. No podrán repartir dividendos durante 2021 y 2022 ni podrán aprobar incrementos en las retribuciones de alta dirección durante un periodo de dos años.

Además de esto, es imprescindible tener en cuenta que solo podrán recibir las ayudas empresas que hayan sufrido una caída de su facturación de al menos el 30 % con respecto a los ingresos obtenidos en el año anterior a la pandemia de coronavirus (2019).

Este tipo de requisitos nos deja algo claro: que sólo podrán recibir estas ayudas aquellas empresas que aún han podido seguir pagando todos los seguros e, incluso, a Hacienda. Por tanto, son empresas que, a pesar de que lo estén pasando mal, han podido subsistir. Pero, ¿qué ocurre con aquellas empresas que no han podido pagar a estas entidades públicas? la respuesta es clara… Están abocadas al cierre.   

Cuál será la cuantía de las ayudas

Los autónomos y medianas y pequeñas empresas podrán recibir cuantías de entre los 4.000 y 200.000 euros, a excepción de los autónomos que tributen en el régimen de estimación objetiva en el IRPF, que recibirán ayudas de hasta 3.000 euros.

Plazos para solicitar las ayudas directas

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero aseguró el pasado viernes que en un mes y diez días se formalizará la orden de reparto a las comunidades autónomas y estas podrán comenzar a firmar convenios. Como la gestión de las ayudas es de carácter regional, cada comunidad decidirá sus plazos y las cuantías exactas a repartir.

Conclusión

Es curioso ver como, en España, las empresas pueden dejar de pagar el alquiler, a sus trabajadores e incluso a sus proveedores pero, sin embargo, y a pesar de no poder afrontar los pagos, deben de seguir pagando a Hacienda y a la Seguridad Social.

Por tanto, creemos que realmente, al final estas ayudas no podrán recibirlas aquellas empresas que realmente las necesitan, es decir, aquellas que no pueden afrontar los pagos obligatorios para acceder a las mismas. 

Muller Friedman

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Un okupa denuncia al dueño de un piso por ocuparlo para recuperarlo

Un okupa denuncia al dueño de un piso por ocuparlo para recuperarlo

11 de marzo de 2021. Muller Friedman Abogados Mercantil Concursal

Artículo publicado con anterioridad en Abc Sevilla

El pasado año, un hombre ponía en conocimiento de la Justicia la ocupación de forma violenta de la que era su casa en un barrio de Sevilla. No logró identificar a la persona que había llevado a cabo tal acción. El denunciante accedió a este piso de forma «pacífica», aunque admitía en su denuncia que estaba de okupa.

El juez decidió que este asunto habría de tramitarse como un procedimiento por delito leve y con juicio rápido.

Pero el Okupa, no tranquilo con la decisión del Juez, recurrió dicha decisión judicial al considerar que la gravedad de los hechos denunciados hacen apropiado llevar el procedimiento como delito grave del artículo 245 del Código Penal que hace referencia a la usurpación u ocupación de viviendas.

Un aviso con un mes de antelación para salir

En su alegato de motivos para recurrir la decisión, el abogado del okupa admitió que su cliente había estado ocupando el piso «sin título de propiedad suficiente para ello. Es lo que se dice un okupa, aunque entró de forma pacífica y lleva más de un año viviendo allí».

Según informaron a Abc fuentes del caso, reconoce que esta situación no le da derecho a ser propietario, pero «sí a que su posesión, sin título, no sea violentada sino por el legítimo propietario y con el procedimiento legalmente establecido. El tiempo transcurrido y la ocupación pacífica convierte a mi representado en un precarista, con derecho a ser requerido con un mes de antelación para desalojar el inmueble».

El okupa del okupa

Además de exigir un plazo para salir del piso, califica al denunciado, a la postre dueño del piso, como «ocupa del ocupa», pero con salvando las distancias entre la actuación «pacífica» del okupa original con «violenta e intimidatoria» del sucedáneo de okupa.

En el recurso presentado ante el juez, se señala que el nuevo okupa no ha acreditado ser el legítimo propietario del piso, por lo que pide el desahucio de éste. Además de la vía judicial, el okupa había contactado con una empresa ‘desokupa’.

Como se ha expuesto antes, el okupa denunciante no identificó al nuevo habitante de su hogar, aunque ya intuía que podría ser el dueño del piso por haber instalado inmediatamente una puerta blindada, algo poco inusual en el movimiento okupa.

Por tanto, la Policía llevó a cabo una serie de actuaciones para lograr contactar con el nuevo okupa del inmueble e identificarlo, resultando ser el dueño legítimo de la vivienda, que entró de forma pacífica a su casa, como atestigua la presidenta de la comunidad, y decidió cambiar la puerta de acceso. Recupera a su casa pero tiene una causa pendiente con la Justicia.

¿Te has visto en esta situación? Contacta con nosotros y te ayudaremos a recuperar tu vivienda.

Muller Friedman

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El nuevo Código de conducta sobre el uso de influencers en la publicidad

El nuevo Código de conducta sobre el uso de influencers en la publicidad

18 de febrero de 2021. Muller Friedman Abogados Mercantil Concursal

La Asociación para la Autorregulación de la Comunidad Comercial (AUTOCONTROL) y la Asociación Española de Anunciantes (AEA)  han creado un nuevo Código de Conducta sobre el uso de influencers en la publicidad. Este tiene como objetivo establecer un conjunto de principios y normas que están destinados a la protección y al fomento de la publicidad responsable.

¿Por qué son importantes los influencers para la publicidad?

Para empezar, cabe aclarar qué es realmente un influencer. Se llama influencer a una persona pública que se ha hecho famosa a través de las redes sociales y que encuentra en el ámbito digital su principal ámbito de influencia. 

Los influencers son personas con miles o millones de seguidores en redes sociales, por lo que son capaces de viralizar un contenido en poco tiempo. Además, pueden llegar a incidir en las decisiones de consumo de sus seguidores. Por eso, son figuras que contratan empresas y marcas para sus campañas publicitarias ya que, su fama, llega a garantizar a dichas marcas la llegada de los anuncios a un número muy amplio de personas. 

¿Pueden hacer los influencers publicidad de productos?

La globalización traída por la comunicación digital, ha hecho que la industria de la publicidad la utilice a su favor. De hecho, muchas empresas han visto disparadas sus ventas si el producto que ofrecen lo publica un influencer a través de sus canales de comunicación (redes sociales).

Actualmente los influencers son uno de los medios de difusión publicitaria clave y, aunque estas relaciones comerciales se pueden considerar lícitas, son muchas las ocasiones en las que es complejo distinguir entre una publicidad pagada o una mera recomendación. Es por esto por lo que el nuevo Código trata de garantizar el cumplimiento de uno de los principios básicos de la publicidad lícita: el principio de autenticidad o identificación del carácter publicitario. Este indica que ha de desvelarse ante los destinatarios cuándo nos hallamos ante una comunicación, publicación o post con fines promocionales.

¿Cuáles son los contenidos que se regulan con el nuevo Código sobre el uso de influencers en la publicidad?

En un principio, el Código sólo se aplica a los contenidos de carácter publicitario, que son aquellos que reúnen los siguientes requisitos:

  • Que el anunciante o sus agentes ejerzan un control editorial sobre el contenido divulgado, estableciendo previamente todo o parte del mismo y/o validandolo.

     

  • Deben estar dirigidos a la promoción de productos o servicios.

     

  • La obligación de ser divulgados en el marco de colaboraciones o compromisos recíprocos, siendo la divulgación del citado contenido objeto de un pago u otra contraprestación por parte del anunciante o sus representantes.

En lo que tiene que ver con la contraprestación, es totalmente indiferente el modo en que se haga siempre que quede claro que tras publicitar un bien o un servicio el influencer ha recibido una contraprestación a cambio: productos gratis, cheques regalo, etc.

Para poder determinar la naturaleza de carácter publicitario se tendrá en cuenta la perspectiva de un consumidor medio que, de acuerdo con el Código, se trata de aquel consumidor activo y conocedor de las nuevas tecnologías de la información, normalmente atento e informado, con capacidad suficiente para el acceso y comprensión de los medios digitales y la autonomía de buscar, discriminar y adaptar los contenidos de la red en su proceso de navegación en función de sus gustos e intereses.

En este ámbito, quedan excluidos aquellos contenidos que sean divulgados por los influencers de manera voluntaria y por su propia iniciativa.

El Código se aplicará tanto a las empresas como a los influencers que se hayan adherido a la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (AUTOCONTROL) o sean miembros de la Asociación Española de Anunciantes (AEA), pero también se podrá supervisar la actividad de empresas o influencers no adheridos.

Si soy un influencer, ¿cómo tengo que identificar el contenido publicitario en mis publicaciones?

Aquí cabe aclarar que no toda la publicidad tiene que venir acompañada de una identificación. En este sentido, el Código únicamente exige una serie de etiquetas para los casos en los que la publicidad no sea clara y manifiesta a la vista de la propia mención o contenido.  

En este sentido, es necesario usar de forma clara las indicaciones como: “publicidad”, “patrocinado por”, “gracias a [marca]” o “regalo de [marca]”. Esta mención debe hacerse de forma clara y que no quede diluida.

¿Quién se encarga del cumplimiento del Código y qué pasa si no se cumple?

La aplicación del Código de conducta sobre el uso de influencers en la publicidad se encomendará al Jurado de Publicidad, perteneciente al organismo español AUTOCONTROL, quien monitorizará el grado de cumplimiento de las empresas o influencers adheridos.

En caso de que una empresa adherida quiera contratar a un influencer para hacer publicidad de sus productos deberá comunicarle la existencia de estas normas, así como la obligación de cumplirlas, por tanto, estas normas deontológicas pasan a entrar a la relación contractual y, por ende, el incumplimiento de alguna de las partes puede exigirse en vía judicial y habrá una sanción.

Por otra parte las empresas e influencers adheridos, podrán denunciar la infracción de la normativa a las Administraciones Públicas.

Muller Friedman

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¿Se puede reducir la pensión de alimentos por el Covid-19?

¿Se puede reducir la pensión de alimentos por el Covid-19?

28 de enero de 2021. Muller Friedman Abogados Mercantil Concursal

En el artículo de hoy os vamos a contar todo lo relacionado sobre la pensión de alimentos, incluido el hecho de si se puede reducir esta debido a la crisis provocada por el Covid-19. 

¿Cuándo tenemos que actualizar la pensión por alimentos?

Lo normal es que puedas elegir entre dos fechas diferentes. La primera opción consiste en aplicar la actualización del 1 de enero de cada año. La segunda es hacerlo cada vez que se cumpla un año de haberse dictado la resolución judicial en la cual se establece la obligación de pagar alimentos. 

¿Cuáles son los criterios que rigen para actualizar la pensión compensatoria?

Para realizar el cálculo de la pensión compensatoria pueden intervenir diversos factores. El criterio más relevante, por lo general, es el Índice de Precios de Consumo (IPC). Se trata de un indicador anual que cuantifica las variaciones en el coste de los bienes y servicios esenciales para las familias.
Otros elementos que pueden tenerse en cuenta como base para la actualización de la pensión son: el aumento de salario, las referencias a los ingresos fijos y las modificaciones en los convenios colectivos.

Los artículos 90, 100 y 103 del Código Civil contienen la legislación que se utiliza como base para las actualizaciones de pensiones. 

¿Prescribe la reclamación que no se haya efectuado? ¿Cuándo?

La ex cónyuge puede interponer una demanda de pensión alimenticia al Juzgado si no la modificas tras doce meses. Ahora bien, el beneficiario sólo podrá exigir las actualizaciones correspondientes a los últimos cinco años. Después de dicho plazo, prescriben.

¿Es posible reducir la pensión de alimentos por el Covid-19?

La pérdida de trabajo generalizada y la disminución de ingresos con motivo de la crisis desatada por el Covid-19 ha hecho que varios padres se hagan esta pregunta. Porque, dejar simplemente de pagar la pensión no es una alternativa válida.

De hecho, si se suspende el pago de la pensión sin un aviso previo, la ex cónyuge podrá presentar una demanda de pensión alimenticia, y los jueces pueden obligarte a cubrir el faltante. 

Para que eso no ocurra,  lo mejor es hacer un convenio con la otra parte. Eso sí, siempre recomendamos que lo hagas con la ayuda de un abogado especialista en derecho de familia. Si las dos partes están de acuerdo con la reducción de pensión, se deberá hacer por escrito en un documento que indique la nueva cuantía y deje claro que ambos progenitores firman de conformidad. Además, siempre es recomendable que el juzgado esté al tanto de este acuerdo, es decir, hay que judicializar el documento. 

Si no es posible llegar a un acuerdo, podrás acudir al Juzgado y solicitar una modificación pensión de alimentos. Ahora bien, si quieres conseguir la reducción de la pensión debes ser capaz de demostrar que tu situación económica ha sufrido un cambio trascendental y duradero, y que no pudo preverse al momento de establecer el acuerdo original.

En el caso de que la respuesta que recibas sea positiva, se aplicará el principio de proporcionalidad. Es decir, se tendrá en cuenta tu capacidad económica actual para fijar la cuantía de la nueva pensión de alimentos. Sin embargo, el magistrado se asegurará de que dicha cantidad no esté por debajo de la cuantía mínima, es decir, la cantidad necesaria para cubrir los gastos imprescindibles para el cuidado y la atención del menor. 

Recientemente, el gobierno publicó una norma jurídica relacionada con el ajuste a las pensiones alimenticias durante la emergencia del Covid-19. Estamos hablando del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril.

En su artículo 3 establece que la crisis sanitaria del Covid-19 es una circunstancia trascendental. Por lo tanto, se considera un motivo válido para solicitar el ajuste en la pensión de los progenitores más afectados en sentido económico.

Si te has visto afectado por la crisis del coronavirus y  necesitas disminuir la pensión de alimentos, no dudes en ponerte en contacto con nosotros para agilizar el proceso y que consigas tu objetivo con mayor facilidad. 

Muller Friedman

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El acuerdo extrajudicial de pagos como eficiente mecanismo para reestructurar la deuda y superar una insolvencia empresarial

El acuerdo extrajudicial de pagos como eficiente mecanismo para reestructurar la deuda y superar una insolvencia empresarial

23 de diciembre de 2020. Muller Friedman Abogados Mercantil Concursal

El Acuerdo Extrajudicial de Pagos es un proceso ágil que permite superar situaciones de insolvencia empresarial y particular como alternativa al procedimiento concursal.

En esencia, con este procedimiento extrajudicial, se propone a los acreedores la reestructuración del pasivo mediante propuestas que pueden incluir, entre otros mecanismos, quitas y esperas de las distintas partidas de deuda, y todo esto sin perder la necesaria confidencialidad del proceso, o el control sobre la gestión diaria de la actividad.

Superado el primer semestre, desde que se declaró la pandemia del Covid-19, podemos afirmar que nos encontramos ante una extraordinaria coyuntura económica, de la que puede derivarse a corto plazo una crisis de liquidez en todos los niveles de nuestro tejido empresarial. Salvo que el gobierno o nuestras administraciones nos sorprendan con la adopción, durante las próximas semanas, de decisiones relevantes que permitan a las PYMES y autónomos acceder a una financiación rápida y con garantías de continuidad; podemos afirmar que es el momento de adoptar decisiones preventivas para evitar que una crisis puntual de liquidez devenga irreversible.

En este sentido, el Acuerdo Extrajudicial de Pagos aparece como una eficiente solución que permite la continuidad de la actividad empresarial, sin tener que recurrir al concurso de acreedores ni otros procedimientos judiciales previstos en la ley concursal, mucho más costosos.

El Acuerdo extrajudicial de pagos, introducido por la Ley 14/2013

El Acuerdo Extrajudicial de Pagos, que fue introducido por la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, se creó inicialmente como un mecanismo extrajudicial del que podían servirse profesionales, autónomos, empresarios individuales y sociedades mercantiles de pequeño tamaño para solucionar su insolvencia, sin necesidad de pasar por un procedimiento judicial. Solamente su frustración conllevaba la declaración de concurso de la persona o entidad, si bien el proceso completo se veía simplificado por entenderse que el deudor ya había, de alguna manera, realizado un intento de reestructurar su deuda al margen del control judicial- y su connatural estigmatización-, con la ayuda de un experto denominado mediador concursal.

Posteriormente, en 2015, dicho procedimiento extrajudicial fue renovado para ampliar su ámbito de aplicación, dando entrada así al denominado deudo de consumo, e instituyendo el mecanismo como fase cuasi preceptiva y previa a la posterior y deseada del Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho, comúnmente Segunda Oportunidad del deudor persona física.

Entrada en Vigor del Texto Refundido de la Ley Concursal

Con la entrada en vigor el pasado 1 de septiembre del Texto Refundido de la Ley Concursal, el procedimiento extrajudicial se ha reubicado y sistematizado en los artículos 631 y siguientes.

Se trata de un procedimiento que se tramita, coordina y dirige entre el propio empresario, sus asesores de confianza y un tercer experto específicamente designado a tal efecto, denominado mediador concursal. Al no haber participación judicial, ni publicidad en torno a la situación de insolvencia manifestada por el empresario, posibilita continuar con la actividad empresarial habitual sin más inconveniente que la propia falta de solvencia. No existe, durante la tramitación del procedimiento, intervención judicial, de cuentas ni de actividad, y ello es relevante por cuanto ni se dificulta la gestión, ni se estigmatiza al gestor de la actividad empresarial.

Para acceder al trámite, se exigen diferentes requisitos en función de si el deudor es persona física o jurídica, siendo común en ambos casos el hecho de que se encuentren en una situación de insolvencia actual o inminente. Para el caso de las personas físicas, bastaría con que el pasivo total estimado no fuese superior a 5 millones de euros; mientras que para las personas jurídicas se exige que el pasivo o el activo no superen lo 5 millones de euros o que tenga un número inferior a 50 acreedores, y que acredite disponer de los recursos necesarios para satisfacer los gastos propios de la tramitación del proceso.

En segundo lugar, debemos destacar su rapidez de ejecución, habida cuenta que desde la aceptación del mediador concursal se debe convocar a todos los acreedores del deudor a una Junta que deberá celebrarse en un plazo máximo de un mes (si el deudor en persona física no empresaria) o de dos meses (en el resto de los casos).

Para obtener las medidas modificativas de la deuda, se exige que la propuesta planteada sea aprobada por un número de acreedores que ostenten como mínimo el 60% de los créditos contra el deudor, existiendo condiciones más ventajosas si se alcanza el 75%. Si se alcanza el acuerdo con los porcentajes señalados, el acuerdo vinculará a todos los deudores (salvo los créditos de derecho público y los que gocen de garantía real que no se hayan adherido al acuerdo) con independencia de que hayan o no votado a favor del acuerdo.

Muller Friedman

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¿Se puede enviar publicidad por WhatsApp?

¿Se puede enviar publicidad por WhatsApp?

03 de diciembre de 2020. Muller Friedman Abogados Mercantil Concursal

Al margen de ser una práctica que puede resultar demasiado invasiva, en el post de esta semana os vamos a explicar si a nivel legal se puede o no enviar publicidad por WhatsApp, tanto a contactos como a terceras personas.

WhatsApp se ha convertido en el sistema de comunicación más utilizado entre particulares, y su uso se ha extendido también al ámbito empresarial, a pesar de ser una práctica de marketing agresiva. 

Además del cumplimiento de los artículos 6 y 13 del RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) y del artículo 21 de la LSSI (Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico), con respecto a WhatsApp, su normativa ya establece unos límites legales:

  • Cuando aceptamos las condiciones de uso al descargar la aplicación, nos comprometemos a no usarla con fines comerciales o empresariales.

Por este motivo, WhatsApp no puede utilizarse para mandar publicidad, porque sin entrar a valorar si se cumple la normativa en materia de protección de datos o en materia de publicidad, se está produciendo un incumplimiento contractual.

¿WhatsApp realmente controla si no se cumple el contrato?

La respuesta es afirmativa, WhatsApp cuenta con un filtro avanzado que detecta cuando un usuario envía mensajes de forma masiva y procede a cancelar el servicio por incumplimiento contractual, más aún cuando el servicio de la aplicación de mensajería instantánea está a nombre de una sociedad.

El usuario al se le desactiva la cuenta recibe el siguiente mensaje: “Su número de teléfono ya no puede utilizar nuestro servici” (Your phone number is no longer allowed to use our service).

Y con respecto a WhatsApp Business, ¿Puedo usarlo para enviar publicidad?

WhatsApp creó la versión business para poder adaptarse a las necesidades de las empresas, proporcionando una API (Application Programming Interface), que permite implementar productos software para empresas. Asimismo, esta incluye un CRM para la gestión de clientes, permite el envío de mensajes masivos (hasta un total de 256 personas), etiquetar clientes, etc.

Pero, ¡Cuidado! Porque con esta aplicación también podéis tener problemas legales si no cumplís con ciertas premisas.

  1. En primer lugar, tenéis que contratar un dispositivo exclusivamente para WhatsApp Business, no podéis tener en el mismo dispositivo ambos WhatsApp.

  2. En segundo lugar, debéis obtener el consentimiento del usuario. Con la aplicación que mencionamos anteriormente (Application Programming Interface) se puede obtener el consentimiento de los usuarios antes de comenzar a interactuar con ellos por medio de WhatsApp.

El consentimiento es el gran requisito a la hora de utilizar WhastApp Business como canal de comunicación a nivel informativo o como envío de publicidad (así como medio para compartir datos personales o información confidencial, ya que el control de estos datos los tiene WhatsApp/ Facebook).

En efecto, hay que pedirle al cliente que nos añada en su lista de contactos, en caso contrario los mensajes masivos no les llegará.

Además, al destinatario hay que ofrecerle la posibilidad de oponerse al tratamiento de sus datos con fines comerciales mediante un procedimiento sencillo y gratuito, tanto en el momento de la recogida como en cualquiera de las comunicaciones.

Conclusiones sobre el envío de publicidad por WhatsApp

En definitiva, concluimos que WhatsApp no debe utilizarse como medio publicitario. En primer lugar, WhatsApp tiene filtros para detectarte, y además puedes recibir denuncias. Desde el año 2005 se han aplicado sanciones a través de la Agencia de Protección de Datos.

Como alternativa, existe la opción de WhatsApp Business, pero debes seguir las reglas establecidas y tienes que poder demostrar siempre cómo obtuviste el consentimiento y que facilitabas la oposición al tratamiento de esos datos.

 

Muller Friedman

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La cláusula “Rebus sic Stantibus”, primeras resoluciones de los Juzgados

La cláusula “rebus sic stantibus”, primeras resoluciones de los Juzgados

19 de noviembre de 2020. Muller Friedman Abogados Mercantil Concursal

¿Qué es la cláusula “rebus sic stantibus”?

La cláusula “rebus sic stantibus” viene a significar algo así como “según el estado de las cosas” o “estando así las cosas”, se basa en el principio de equilibrio de las prestaciones entre partes. Contiene la prevención de que un contrato pactado en determinadas circunstancias pueda revisarse si dichas circunstancias cambian de manera sustancial, alterando la base del negocio y suponiendo por ello una excesiva onerosidad para una de las partes. Cumple, por tanto, una función eminentemente económica.

Dicha cláusula se basa en el principio de mantenimiento de los contratos, pero aplicando una revisión en las condiciones de los mismos. El problema es que, a pesar de su creciente importancia, en nuestro ordenamiento no está regulada expresamente, sino que se ha ido modulando a través de la jurisprudencia, cuya función no debería ser la de “legislar”.

¿Se pueden extinguir o modificar los contratos en vigor por la crisis del COVID-19?

Que los efectos de la pandemia del Covid-19 iban a ser devastadores para la economía era algo que pocos dudaban. Y que derivado de esto, numerosas relaciones contractuales iban a resultar afectadas también era algo más que previsible.

Entre los más afectados se encuentran los empresarios, que ven como sus ingresos han caído notablemente, o incluso han facturado 0 euros en los últimos meses, y que sin embargo se veían obligados a continuar pagando las rentas mensuales de sus locales de negocio.

Cierto es que los contratos están para cumplirse, principio “pacta sunt servanda” del artículo 1.091 del Código Civil”. Pero también es cierto que este principio encuentra límites, unos establecidos normativamente, como el que recoge el artículo 1.105 del mismo Código Civil– casos de fuerza mayor-, y otros establecidos y reconocidos por la jurisprudencia, como la ampliamente comentada durante los últimos meses, y objeto de debate en multitud de foros, jurídicos y no jurídicos, cláusula “rebus sic stantibus”.

Primeras resoluciones de los Juzgados

Pues bien, nos quedaba la duda de cómo iban a acoger los Juzgados las pretensiones de los arrendatarios en este sentido. La primera de las premisas, es decir, que se den unas circunstancias excepcionales que no pudieron preverse, no admite en el presente caso demasiada discusión, dada la magnitud de la pandemia, ya que el propio Real Decreto 463/2020 que declaró el primer Estado de Alarma hacía referencia expresa a esas “circunstancias excepcionales” que vivíamos.

Pero a esta primera premisa deben acompañarle otras circunstancias en cada caso concreto, ya que los arrendatarios deberán acreditar que en efecto esta situación extraordinaria le ha provocado una disminución de ingresos real que haga efectivamente aplicable la cláusula “rebus”.

Ya son numerosas las resoluciones judiciales que sí reconocen su aplicación, modificando total o parcialmente las condiciones de los contratos. Como, por ejemplo:

  • Auto 256/2020 de 25 de junio de 2020, dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Valencia, estimó parcialmente el aplazamiento del 50% de la renta mínima mensual pactada en el contrato, aplicando la cláusula rebus sic stantibus ya que “resulta notorio que la crisis derivada de la actual pandemia por COVID’ 19 no era previsible. Igualmente, se ha producido una situación que ha afectado de manera extraordinaria, inmediata e intensa a la situación económica de la parte actora”.

  • Auto 162/2020 de 7 de julio de 2020, dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Benidorm, por una parte, estimó la suspensión parcial del pago de la renta durante un período determinado, y, por otra parte, la medida de prohibición de la parte demandada de interponer demanda de desahucio o de reclamación de rentas durante la tramitación del procedimiento, entendida como la obligación de abstenerse temporalmente de llevar a cabo dicha conducta.

  • Auto 299/2020 de 13 de agosto de 2020 dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº 74 de Madrid estimó las medidas cautelares consistentes, fundamentalmente, en suspender la facultad de la demandada de reclamar judicial o extrajudicialmente las garantías del contrato de arrendamiento, cuando mediante su ejercicio se pretenda por la arrendadora el cobro de importes respecto de los que se haya solicitado se ajuste en la demanda, y en imponer a la arrendadora la obligación de abstenerse de incluir a la arrendataria en ficheros de morosos, como es ASNEF, como consecuencia del impago de cantidades respecto de los que se haya solicitado su ajuste en la demanda.

  • El Juzgado de 1ª instancia número 81 de Madrid, en su auto número 447/2020 resolviendo unas medidas cautelares, aplica la cláusula ‘rebus sic stantibus’ y acuerda:
    a) suspender el pago del alquiler a una discoteca de Madrid de la renta que venía abonando por una situación de causa de fuerza mayor -en este caso la crisis del coronavirus- hasta que vuelva a permitirse la reapertura de la discoteca.

    b) acuerda la suspensión del pago de la renta (con el mantenimiento del pago de las cantidades complementarias abonadas en virtud del Real-Decreto ley 15/2020) mientras no se permita la reapertura del Local.

    El Auto estudia la situación de un empresario del ocio nocturno que, como consecuencia de la situación sanitaria existente en España derivada de la crisis del coronavirus, se vio interrumpida la actividad del negocio y no se ha podido reiniciar debido a los numerosos rebrotes.

Conclusiones

Si bien, aunque en determinadas circunstancias se podrá aplicar, y tener acogida; no es posible aplicar de forma general la cláusula “rebus sic stantibus” y así lo han establecido las numerosas resoluciones judiciales. Debe realizarse un estudio individualizados de cada caso, pues si se diera una aplicación generalizada y automática, también podría producirse el efecto contrario, y es que ese desequilibrio entre partes acabara por ir en perjuicio, en este caso del arrendador0

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Los derechos del socio minoritario con hasta un 5% del capital

Los derechos del socio minoritario con hasta un 5% del capital

12 de noviembre de 2020. Muller Friedman Abogados Mercantil Concursal

Los derechos del socio minoritario con hasta un 5% del capital

Si eres socio minoritario de una sociedad y sólo tienes hasta un 5% del capital, nuestros abogados especializados en derecho mercantil te explican cuáles son tus derechos respecto a la sociedad de capital.

La Ley de Sociedades de Capital (en adelante “LSC”), establece determinadas acciones orientadas a proteger los derechos de los socios y accionistas minoritarios. Estos derechos pueden aplicarse por el mero hecho de ser partícipe en el capital, o bien, en base al porcentaje de participación de cada socio.

A continuación, resumimos los derechos correspondientes a socios minoritarios con hasta un 5 % del capital:

La documentación de la empresa

Cualquier socio, independientemente de la participación que tenga en la sociedad, tiene derecho a la obtención de documentación relativa a la junta general para la aprobación de cuentas.

La Junta General de socios

Tal y como establece la la LSC, cualquier socio de una Sociedad Limitada (SL) tiene derecho a asistir a la Junta de Socios e intervenir en el acta. En el caso de las Sociedades Anónimas se podrá pedir un mínimo de participación que no podrá superar el 1/1000 de participación en el capital social (art. 179 LSC).

Además, determinados socios minoritarios tendrán derecho a solicitar la asistencia de un Notario a la Junta General de Socios.

Los administradores tienen la obligación de convocar a un Notario para que levante el acta de la Junta General, si en el plazo de 5 días antes de la Junta lo solicite cualquier socio que represente el 1 % en la Sociedad Anónima o el 5% en la Sociedad Limitada (art. 203 LSC).

El nombramiento del auditor de cuentas

Respecto al derecho de solicitud del nombramiento de un Auditor de Cuentas para los socios minoritarios pueden darse dos situaciones (Art 265 LSC):

En el caso de que sea obligatorio el nombramiento de un Auditor de Cuentas y no se haya hecho, tanto los administradores, como cualquier socio podrá solicitar en el Registro Mercantil el nombramiento de un auditor de cuentas.

Si la sociedad no tiene la obligación de auditar las cuentas anuales, los socios que representen un 5% podrán solicitar al Registrado Mercantil el nombramiento de un auditor siempre y cuando, no hayan transcurrido 3 meses desde el cierre del ejercicio.

El derecho de separación de la sociedad

Los socios que no voten a favor de un acuerdo podrán separarse siempre y cuando se den las causas establecidas en el art. 346 LSC:

  • Sustitución o modificación sustancial del objeto social.
  • Creación modificación o extinción anticipada de la obligación de realizar prestaciones accesorias, salvo disposición contraria de los estatutos.
  • Prórroga de la sociedad.
  • Reactivación de la sociedad.

Impugnación de acuerdos sociales

Solo podrán impugnar los acuerdos sociales los Administradores, terceros que acrediten un interés legítimo y socios que hubieran adquirido individual o conjuntamente el 1 % del capital social antes de la toma del acuerdo (Art. 206 LSC).

También se establece que para impugnar acuerdos contrarios al orden público, estará legitimado cualquier socio, aunque hubieran adquirido la condición de socio después de haberse tomado el acuerdo.

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Publicado el Real Decreto 902/2020 de igualdad retributiva entre mujeres y hombres

Publicado el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres

15 de octubre de 2020. Muller Friedman Abogados Mercantil Concursal

El Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres (BOE de 14 de octubre), cuya entrada en vigor se difiere al 14 de abril de 2021, desarrolla reglamentariamente el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores (modificado por el RDL 6/2019, de 1 de marzo) concretando sus presupuestos y determinando el contenido de las obligaciones en diferentes aspectos; como el concepto de trabajo de igual valor, la obligación del registro retributivo, los sistemas de clasificación profesional contenidos en los convenios colectivos y su necesaria vinculación con el registro y la transparencia retributiva a través de una correcta valoración de los puestos de trabajo, así como el derecho de las personas trabajadoras a acceder al contenido del registro.

El desarrollo reglamentario, además de al contenido del artículo citado, también se extiende a lo establecido en los artículos 22.3 y 12.4d) del ET (afectados ambos por el RDL 6/2019) que establecen, respectivamente, la obligación de que la clasificación profesional se realice conforme a criterios libres de discriminación, y la garantía de ausencia de discriminación, tanto directa como indirecta, entre mujeres y hombres en el caso de los contratos a tiempo parcial.

Contenidos del Real decreto de igualdad retributiva entre mujeres y hombres

Este real decreto, cuyos contenidos pasan a exponerse a continuación, desarrolla también, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 46.6 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (introducida por el RDL 6/2019), el concepto y contenido de las auditorías salariales y complementa la regulación del Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.

El Real Decreto 902/2020, por tanto, para hacer efectivo el derecho a la igualdad de trato y no discriminación entre mujeres y hombres en materia retributiva:

  • Establece una obligación de transparencia para obtener información suficiente y significativa sobre el valor y cuantía de las retribuciones y deducir e identificar posibles discriminaciones.
  • Desarrolla lo que ha de entenderse por cada uno de los elementos que, conforme al artículo 28.1 del ET, configuran el principio de igual retribución por trabajos de igual valor.
  • Hacer una correcta valoración de los puestos de trabajo.
  • Desarrolla los elementos objetivos, personales y temporales de la obligación de registro retributivo y establece peculiaridades para el de las empresas con obligación de auditoría.
  • Extiende a las mesas negociadoras de los convenios colectivos el deber, a la hora de valorar los puestos de trabajo en los convenios colectivos, de asegurarse de que los factores y condiciones concurrentes en cada uno de los grupos y niveles profesionales respetan los criterios de adecuación, totalidad y objetividad, y el principio de igual retribución para puestos de igual valor.
  • Establece que la información retributiva, o la ausencia de la misma, derivada de la aplicación de la letra de este real decreto podrá servir para llevar a cabo las acciones administrativas y judiciales, individuales y colectivas oportunas, de acuerdo con la Ley sobre Infracciones y Sanciones del Orden Social y con la Ley reguladora de la jurisdicción social.

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