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La morosidad aumenta con la crisis sanitaria

La morosidad aumenta con la Crisis Sanitaria

10 de abril de 2021. Muller Friedman Abogados Mercantil Concursal

Según las estadísticas realizadas por el Banco de España, se prevé el estallido de cara al verano de personas físicas y jurídicas que no van a poder satisfacer sus obligaciones crediticias. En otras palabras, se espera un aumento considerable de la morosidad.

Expertos en la materia consideran que esta la situación económica por la que pasa nuestro país no puede dejar de tener consecuencias en el empleo y, por ende, en la morosidad.

Por lo que respecta a las personas físicas, los abogados especializados en recobro de deudas están viendo un acuciante aumento de juicios monitorios y juicios rápidos de reclamación de cantidades. En los que el foco de todo ello se proyecta en quienes se encuentran en la economía sumergida, que no tienen ERTE, ni tampoco prestaciones. También aquellos que han visto reducida su jornada laboral, contaba con salarios bajos, o cobraban parte en B.

¿Qué ocurre con las personas físicas?

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Banco de España

Por lo que respecta a las personas físicas, los abogados especializados en recobro de deudas están viendo un acuciante aumento de juicios monitorios y juicios rápidos de reclamación de cantidades. En los que el foco de todo ello se proyecta en quienes se encuentran en la economía sumergida, que no tienen ERTE, ni tampoco prestaciones. También aquellos que han visto reducida su jornada laboral, contaba con salarios bajos, o cobraban parte en B.

Las mencionadas anteriormente, cuando llegue el momento de que no puedan cumplir sus compromisos de pago, atenderán primero sus necesidades básicas, es lo que se conoce como la pirámide de Maslow, teoría que estructura las necesidades humanas de las más básicas a las más sofisticadas.

¿Qué ocurre con las personas jurídicas?

Por lo que respecta a las empresas, el incumplimiento de las obligaciones crediticias fruto del Covid19 se ha visto retrasado debido a las ayudas del estado de préstamos ICO, ayudas y contención de concursos de acreedores hasta finales del pasado año.

Pero, se prevé es que la crisis se llevará entorno a unas 50.000 y 100.000 empresas. Según las Aseguradoras de Crédito y Caución, 18% de empresas ha sufrido impagos significativos en 2020, y más de la mitad están retrasando sus pagos, y un 10% amenaza sus supervivencias por la moratoria.

Muller Friedman

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Medidas jurídicas a disposición de las empresas en situación de insolvencia por COVID-19

Medidas jurídicas a disposición de las empresas en situación de insolvencia por COVID-19

11 de febrero de 2021. Muller Friedman Abogados Mercantil Concursal

Las disposiciones legales y la Ley Concursal publicadas en los últimos meses derivadas de la situación actual del COVID-19, nos han dado distintas herramientas para poder ayudar a empresas  en situación de insolvencia gracias a la ampliación de determinados plazos. 

Hoy os vamos a explicar cuáles son las medidas jurídicas adoptadas para hacer frente a la crisis del Covid-19 en beneficio de las empresas:

Concurso exprés en la Ley Concursal para empresas en situación de insolvencia

La actual Ley Concursal, nos permite articular mecanismos de disolución exprés de empresas en situación de insolvencia por causas objetivas, sin que ello suponga un estigma o punto final a la iniciativa empresarial futura de quien ha demostrado ser un buen empresario.

Consiste en un concurso de acreedores que se declara y concluye en el mismo acto por falta de bienes de la empresa. No se nombra a ningún Administrador Concursal y la empresa se extingue de forma inmediata teniendo los mismos efectos que un concurso de acreedores ordinario. 

Ampliación del plazo para solicitar la declaración del concurso

El plazo del que dispone el deudor insolvente con la obligación de solicitar la declaración del concurso de acreedores se amplia. Siempre atendiendo a la restricción de la libertad de movimientos y a la suspensión de plazos.

Si se presenta una comunicación de apertura de negociaciones para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos, un acuerdo de refinanciación o adhesiones a una propuesta anticipada de convenio antes del 14 de marzo de 2021, no existe el deber de solicitar la declaración de concurso hasta transcurridos seis meses desde la comunicación.

Venta de unidad productiva para empresas en situación de insolvencia

Un concurso de acreedores también es idóneo para poder llevar a cabo la venta de una o varias unidades productivas pudiendo delimitar los elementos que conforman dicha unidad. Incluso existe la opción de poder realizarlo de una forma ágil al comienzo del procedimiento, a través de los denominados “pre-pack”, es decir, adjuntando una oferta vinculante por la unidad productiva al presentar concurso. 

Esta medida consigue que se acorten mucho los plazos y lo único que hay que velar es por que se haga la venta con la máxima difusión y transparencia.

Además, las actuaciones que están orientadas a la enajenación de unidades productivas en los concursos, han sido decretadas de tramitación judicial preferente hasta el próximo mes de marzo de 2021 con el claro propósito de mantener la actividad de las empresas y preservar su valor.

Esperamos que os hayan quedado claras estas nuevas medidas jurídicas y si tienes alguna duda o tu empresa se encuentra en una situación de insolvencia económica y no sabes que hacer, contáctanos y te ayudaremos a tomar la mejor decisión. 

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¿Se puede reducir la pensión de alimentos por el Covid-19?

¿Se puede reducir la pensión de alimentos por el Covid-19?

28 de enero de 2021. Muller Friedman Abogados Mercantil Concursal

En el artículo de hoy os vamos a contar todo lo relacionado sobre la pensión de alimentos, incluido el hecho de si se puede reducir esta debido a la crisis provocada por el Covid-19. 

¿Cuándo tenemos que actualizar la pensión por alimentos?

Lo normal es que puedas elegir entre dos fechas diferentes. La primera opción consiste en aplicar la actualización del 1 de enero de cada año. La segunda es hacerlo cada vez que se cumpla un año de haberse dictado la resolución judicial en la cual se establece la obligación de pagar alimentos. 

¿Cuáles son los criterios que rigen para actualizar la pensión compensatoria?

Para realizar el cálculo de la pensión compensatoria pueden intervenir diversos factores. El criterio más relevante, por lo general, es el Índice de Precios de Consumo (IPC). Se trata de un indicador anual que cuantifica las variaciones en el coste de los bienes y servicios esenciales para las familias.
Otros elementos que pueden tenerse en cuenta como base para la actualización de la pensión son: el aumento de salario, las referencias a los ingresos fijos y las modificaciones en los convenios colectivos.

Los artículos 90, 100 y 103 del Código Civil contienen la legislación que se utiliza como base para las actualizaciones de pensiones. 

¿Prescribe la reclamación que no se haya efectuado? ¿Cuándo?

La ex cónyuge puede interponer una demanda de pensión alimenticia al Juzgado si no la modificas tras doce meses. Ahora bien, el beneficiario sólo podrá exigir las actualizaciones correspondientes a los últimos cinco años. Después de dicho plazo, prescriben.

¿Es posible reducir la pensión de alimentos por el Covid-19?

La pérdida de trabajo generalizada y la disminución de ingresos con motivo de la crisis desatada por el Covid-19 ha hecho que varios padres se hagan esta pregunta. Porque, dejar simplemente de pagar la pensión no es una alternativa válida.

De hecho, si se suspende el pago de la pensión sin un aviso previo, la ex cónyuge podrá presentar una demanda de pensión alimenticia, y los jueces pueden obligarte a cubrir el faltante. 

Para que eso no ocurra,  lo mejor es hacer un convenio con la otra parte. Eso sí, siempre recomendamos que lo hagas con la ayuda de un abogado especialista en derecho de familia. Si las dos partes están de acuerdo con la reducción de pensión, se deberá hacer por escrito en un documento que indique la nueva cuantía y deje claro que ambos progenitores firman de conformidad. Además, siempre es recomendable que el juzgado esté al tanto de este acuerdo, es decir, hay que judicializar el documento. 

Si no es posible llegar a un acuerdo, podrás acudir al Juzgado y solicitar una modificación pensión de alimentos. Ahora bien, si quieres conseguir la reducción de la pensión debes ser capaz de demostrar que tu situación económica ha sufrido un cambio trascendental y duradero, y que no pudo preverse al momento de establecer el acuerdo original.

En el caso de que la respuesta que recibas sea positiva, se aplicará el principio de proporcionalidad. Es decir, se tendrá en cuenta tu capacidad económica actual para fijar la cuantía de la nueva pensión de alimentos. Sin embargo, el magistrado se asegurará de que dicha cantidad no esté por debajo de la cuantía mínima, es decir, la cantidad necesaria para cubrir los gastos imprescindibles para el cuidado y la atención del menor. 

Recientemente, el gobierno publicó una norma jurídica relacionada con el ajuste a las pensiones alimenticias durante la emergencia del Covid-19. Estamos hablando del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril.

En su artículo 3 establece que la crisis sanitaria del Covid-19 es una circunstancia trascendental. Por lo tanto, se considera un motivo válido para solicitar el ajuste en la pensión de los progenitores más afectados en sentido económico.

Si te has visto afectado por la crisis del coronavirus y  necesitas disminuir la pensión de alimentos, no dudes en ponerte en contacto con nosotros para agilizar el proceso y que consigas tu objetivo con mayor facilidad. 

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Los despidos por covid-19 ¿son nulos o improcedentes?

Los despidos por Covid-19 ¿son nulos o improcedentes?

21 de enero de 2021. Muller Friedman Abogados Mercantil Concursal

Legalidad de los despidos como consecuencia del Covid-19

La situación que estamos viviendo en la actualidad como consecuencia del Covid-19 además de haber dado origen a una incertidumbre laboral, también ha generado inseguridad en los trabajadores que se han visto desplazados de sus actuales puestos de trabajo. 

En el post de hoy os vamos a aclarar todas las dudas sobre los despidos en la era del Covid-19. Sigue leyendo…

¿Son nulos o improcedentes los despidos por Covid?

Con el objetivo de mitigar la destrucción de empleo, desde el inicio del estado de alarma el gobierno ha adoptado distintas medidas que regulan las suspensiones temporales de contrato, el Real Decreto-Ley 8/2020 del 17 de marzo fue el primero de ellos. Sin embargo, no se ha tomado ninguna medida para proteger a los trabajadores de los despidos individuales. Por tanto, al no haber una jurisprudencia al respecto, cada despido se ha tratado de forma individual. Por tanto, decidir si el despido es improcedente  o nulo queda sujeto al criterio del Tribunal de lo Social al que el caso llega.

¿Qué se considera un despido improcedente?

Un despido se considera improcedente cuando una empresa decide acabar con la relación laboral de un empleado si que haya una causa que lo justifique. Los motivos más comunes para considerar que un despido sea improcedente son: 

  • Cuando el despido se realiza por razones discriminatorias (motivos raciales, edad o sexo) o por vulnerar los derechos fundamentales, las condiciones de los representantes de los trabajadores o los derechos de la maternidad y de conciliación de la vida laboral con la familiar.
  • No cumplir con los requisitos legales recogidos en los artículos 51-55 de los Estatutos de los Trabajadores.
  • Cuando los motivos expuestos por la empresa no justifican el despido.

Si el despido se ejecuta bajo cualquiera de estas circunstancias, este será considerado despido nulo y la empresa tendrá que readmitir al empleado. En el caso de que la empresa se niegue a readmitirlo, deberá pagarle la correspondiente indemnización por despido.

¿Qué indemnización le corresponde al trabajador por despido improcedente?

Desde la pasada reforma del 12 de febrero del 2012, la indemnización por despido que corresponde al trabajador es el equivalente a 33 días de salario por año trabajado. Aunque debemos tener en cuenta que antes de dicha reforma, era de 45 días por año de trabajo.  Por tanto, si el contrato se produjo antes de la reforma y finaliza tras esta, tendrá derecho a la aplicación de ambos baremos

¿Cuáles son los tipos de despidos existen?

Puede haber diferentes motivos por los que una empresa decide rescindir un contrato laboral:

  • Despido colectivo: Este despido se da cuando afecta a un número determinado de trabajadores de la empresa. En este caso, se exige un ERE y para que este sea efectivo la empresa ha de cumplir con las formalidades legales y de aplicación recogidas en el Estatuto de los Trabajadores.
  • Despido disciplinario: Se da cuando el trabajador incumple sus obligaciones laborales en la empresa: faltas injustificadas al puesto de trabajo, escaso rendimiento laboral, agresiones físicas o verbales, acoso sexual…
  • Despido objetivo: Cuando la empresa decide extinguir un contrato laboral basándose en causas legales, este se considera despido objetivo. Dichas causas se encuentran recogidas en el Estatuto de los Trabajadores: motivos económicos, técnicos, organizativos o de producción, ineptitud o inadaptación del trabajador. Cualquiera que sea el motivo, este siempre tiene que estar justificado por la empresa.   

¿Qué hacer en caso de despido laboral?

Lo primero que debemos tener en cuenta es que cualquier despido, sea del tipo que sea, debe ser comunicado por escrito al trabajador. Si un trabajador se ha visto afectado por despido debe seguir una serie de pautas:

  • Exigir la copia de la carta de despido antes de firmar.

     

  • Comprobar que las dos cartas (original y copia) son exactamente iguales y, sobre todo, que las fechas coinciden.
     
  • A la hora de firmar el documento, siempre conviene hacer constar “No conforme” antes de la rúbrica. De esta forma, las posibles reclamaciones se realizarán más fácilmente.

     

  • También es recomendable que la firma siempre esté acompañada de la fecha para tener la constancia del momento exacto de la comunicación escrita del despido. Este punto es importante porque existe un plazo de 20 días laborables para presentar alegaciones o solicitar (si procede) la prestación por desempleo.

     

  • Siempre que tenga cualquier tipo de duda, recomendamos buscar asesoramiento jurídico para saber cuáles son los pasos que ha de dar.  

Despidos provocados por la crisis del  Covid-19

Ya que hemos explicado todos los tipos de despidos por los que una empresa puede extinguir un contrato laboral, lo único que nos queda por aclarar es que el gobierno español, mediante el Real Decreto-Ley 30/2020 del 29 de septiembre, ha prorrogado la prohibición de despedir a un trabajador por motivos del Covid-19 hasta el 31 de enero del 2021.

Sin ir más lejos, el pasado domingo El País publicó una noticia que rezaba así “El TSJ de Madrid declara improcedentes los despidos por la covid-19”. De hecho, esta ha sido la primera sentencia de un alto tribunal autonómico que se pronuncia sobre la medida que prohibía las rescisiones de contrato provocadas por la pandemia. Puedes leer la noticia al completo aquí

Sin embargo, y a pesar de esta disposición, sabemos que en tiempos de crisis o inestabilidad financiera, es cuando más abusos laborales se dan y son muchas las personas que se están viendo involucradas en una situación laboral complicada y confusa.

La mayoría de los trabajadores no saben realmente cuáles son sus derechos. Por esto, contar con un buen asesoramiento legal es de gran importancia para conocer todos los derechos legales que te amparan como trabajador y así poder actuar en caso de que exista la improcedencia del despido.

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La cláusula “Rebus sic Stantibus”, primeras resoluciones de los Juzgados

La cláusula “rebus sic stantibus”, primeras resoluciones de los Juzgados

19 de noviembre de 2020. Muller Friedman Abogados Mercantil Concursal

¿Qué es la cláusula “rebus sic stantibus”?

La cláusula “rebus sic stantibus” viene a significar algo así como “según el estado de las cosas” o “estando así las cosas”, se basa en el principio de equilibrio de las prestaciones entre partes. Contiene la prevención de que un contrato pactado en determinadas circunstancias pueda revisarse si dichas circunstancias cambian de manera sustancial, alterando la base del negocio y suponiendo por ello una excesiva onerosidad para una de las partes. Cumple, por tanto, una función eminentemente económica.

Dicha cláusula se basa en el principio de mantenimiento de los contratos, pero aplicando una revisión en las condiciones de los mismos. El problema es que, a pesar de su creciente importancia, en nuestro ordenamiento no está regulada expresamente, sino que se ha ido modulando a través de la jurisprudencia, cuya función no debería ser la de “legislar”.

¿Se pueden extinguir o modificar los contratos en vigor por la crisis del COVID-19?

Que los efectos de la pandemia del Covid-19 iban a ser devastadores para la economía era algo que pocos dudaban. Y que derivado de esto, numerosas relaciones contractuales iban a resultar afectadas también era algo más que previsible.

Entre los más afectados se encuentran los empresarios, que ven como sus ingresos han caído notablemente, o incluso han facturado 0 euros en los últimos meses, y que sin embargo se veían obligados a continuar pagando las rentas mensuales de sus locales de negocio.

Cierto es que los contratos están para cumplirse, principio “pacta sunt servanda” del artículo 1.091 del Código Civil”. Pero también es cierto que este principio encuentra límites, unos establecidos normativamente, como el que recoge el artículo 1.105 del mismo Código Civil– casos de fuerza mayor-, y otros establecidos y reconocidos por la jurisprudencia, como la ampliamente comentada durante los últimos meses, y objeto de debate en multitud de foros, jurídicos y no jurídicos, cláusula “rebus sic stantibus”.

Primeras resoluciones de los Juzgados

Pues bien, nos quedaba la duda de cómo iban a acoger los Juzgados las pretensiones de los arrendatarios en este sentido. La primera de las premisas, es decir, que se den unas circunstancias excepcionales que no pudieron preverse, no admite en el presente caso demasiada discusión, dada la magnitud de la pandemia, ya que el propio Real Decreto 463/2020 que declaró el primer Estado de Alarma hacía referencia expresa a esas “circunstancias excepcionales” que vivíamos.

Pero a esta primera premisa deben acompañarle otras circunstancias en cada caso concreto, ya que los arrendatarios deberán acreditar que en efecto esta situación extraordinaria le ha provocado una disminución de ingresos real que haga efectivamente aplicable la cláusula “rebus”.

Ya son numerosas las resoluciones judiciales que sí reconocen su aplicación, modificando total o parcialmente las condiciones de los contratos. Como, por ejemplo:

  • Auto 256/2020 de 25 de junio de 2020, dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Valencia, estimó parcialmente el aplazamiento del 50% de la renta mínima mensual pactada en el contrato, aplicando la cláusula rebus sic stantibus ya que “resulta notorio que la crisis derivada de la actual pandemia por COVID’ 19 no era previsible. Igualmente, se ha producido una situación que ha afectado de manera extraordinaria, inmediata e intensa a la situación económica de la parte actora”.

  • Auto 162/2020 de 7 de julio de 2020, dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Benidorm, por una parte, estimó la suspensión parcial del pago de la renta durante un período determinado, y, por otra parte, la medida de prohibición de la parte demandada de interponer demanda de desahucio o de reclamación de rentas durante la tramitación del procedimiento, entendida como la obligación de abstenerse temporalmente de llevar a cabo dicha conducta.

  • Auto 299/2020 de 13 de agosto de 2020 dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº 74 de Madrid estimó las medidas cautelares consistentes, fundamentalmente, en suspender la facultad de la demandada de reclamar judicial o extrajudicialmente las garantías del contrato de arrendamiento, cuando mediante su ejercicio se pretenda por la arrendadora el cobro de importes respecto de los que se haya solicitado se ajuste en la demanda, y en imponer a la arrendadora la obligación de abstenerse de incluir a la arrendataria en ficheros de morosos, como es ASNEF, como consecuencia del impago de cantidades respecto de los que se haya solicitado su ajuste en la demanda.

  • El Juzgado de 1ª instancia número 81 de Madrid, en su auto número 447/2020 resolviendo unas medidas cautelares, aplica la cláusula ‘rebus sic stantibus’ y acuerda:
    a) suspender el pago del alquiler a una discoteca de Madrid de la renta que venía abonando por una situación de causa de fuerza mayor -en este caso la crisis del coronavirus- hasta que vuelva a permitirse la reapertura de la discoteca.

    b) acuerda la suspensión del pago de la renta (con el mantenimiento del pago de las cantidades complementarias abonadas en virtud del Real-Decreto ley 15/2020) mientras no se permita la reapertura del Local.

    El Auto estudia la situación de un empresario del ocio nocturno que, como consecuencia de la situación sanitaria existente en España derivada de la crisis del coronavirus, se vio interrumpida la actividad del negocio y no se ha podido reiniciar debido a los numerosos rebrotes.

Conclusiones

Si bien, aunque en determinadas circunstancias se podrá aplicar, y tener acogida; no es posible aplicar de forma general la cláusula “rebus sic stantibus” y así lo han establecido las numerosas resoluciones judiciales. Debe realizarse un estudio individualizados de cada caso, pues si se diera una aplicación generalizada y automática, también podría producirse el efecto contrario, y es que ese desequilibrio entre partes acabara por ir en perjuicio, en este caso del arrendador0

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La “prohibición” de los despidos relacionados con el COVID-19

La “prohibición” de los despidos relacionados con el COVID-19

06 de octubre de 2020. Muller Friedman Abogados Mercantil Concursal

Recientemente se han dictado diversos pronunciamientos judiciales contradictorios en relación con la calificación de los despidos por causas relacionadas con el COVID-19. La cuestión es si el carácter injustificado de los despidos relacionados con el COVID-19 conlleva que deban considerarse no ajustados a derecho o si, incluso, pueden llegar a considerarse nulos.

Medidas de despidos frente al impacto del Covid-19 

Dentro del paquete de medidas frente al impacto del COVID-19, el Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, aclaró dos aspectos que venían causando gran incertidumbre entre asesorías y laboralistas: la posible extinción de los contratos temporales cuya duración finalizaría dentro de los ERTES que se pretendían realizar, o la posibilidad de recurrir a causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP) asociadas al coronavirus.

Por tanto, este Real Decreto-ley descarta de manera cristalina la procedencia de este tipo de despidos, pero ha dado lugar durante estos meses a diversas interpretaciones judiciales sobre cómo debe entenderse la mención normativa al carácter no justificado de estas extinciones y si ello debe conllevar la nulidad o la improcedencia del despido.

Como se puede ver, la diferencia entre ambas calificaciones es notoria ya que, mientras la nulidad obliga al empresario a la readmisión del trabajador, previo pago de los salarios de trámite, la improcedencia conlleva la opción para el empresario entre indemnizar al trabajado, con 23 días de salario por año trabajado, u optar por su readmisión.

Controversia por las medidas en despidos

Dicha controversia cobra especial relevancia en la medida en que la limitación para despedir por causas del COVID-19 se ha prorrogado hasta el 31 de enero de 2021 por el Real Decreto- ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo. De esta manera, se mantiene hasta esa fecha la denominada “prohibición” de despedir”.

La fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido.

Asimismo, la suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad, por las causas previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, supondrá la interrupción del cómputo, tanto de la duración de estos contratos, como de los periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido, en cada una de estas modalidades contractuales, respecto de las personas trabajadoras afectadas por estas.

Cuando se haya acudido a la realización de ERTE sujeto a las condiciones extraordinarios motivadas por el COVID-19, el contrato temporal no podrá extinguirse en base a las mismas. Es decir, se considerará improcedente cualquier despido en base a fuerza mayor o causas ETOP asociadas al coronavirus.

Los contratos temporales sujetos a ERTE, también los formativos, de relevo e interinidad, verán prorrogada su vigencia hasta el 31/01/2021. De suspenderse estos contratos vía ERTE se verá alargada su duración.

Desde la entrada en vigor del RDL 30/2020, se dan dos supuestos:

  1. Las empresas que reciban exoneraciones en sus cuotas a la Seguridad Social quedarán comprometidas a un nuevo periodo de 6 meses de salvaguarda del empleo.
  2. Si una empresa tuviera un compromiso previamente adquirido, el inicio del nuevo periodo se producirá cuando aquel haya terminado.

¿Cuándo terminarán los ERTES asociados al COVID-19? ¿Cómo hemos de actuar una vez pase el estado de alarma si la empresa necesita mantener el ERTE?

Atendiendo al Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo y sus posteriores modificaciones- entre las que se encuentra el RDL 30/2020, los ERTES presentados ante el impacto del COVID-19 terminan todos el 31 de enero de 2020, con anterioridad a esa fecha será posible pasar a un ERTE por causas ETOP, desafectar a parte de la plantilla, o volver a ERTE por fuerza mayor en alguna de las nuevas submodalidades: ERTES por impedimento, ERTE por limitaciones o ERTE para sectores específicos.

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LA NUEVA ERA DEL TELETRABAJO

La nueva era del teletrabajo

01 de octubre de 2020. Muller Friedman Abogados Mercantil Concursal

¿Qué es el trabajo a distancia y dónde se regula?

Según el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia, que entra en vigor el 13 de octubre. Entendemos por trabajo a distancia, aquel que tiene lugar en un mínimo del 30% de la jornada laboral durante un periodo de 3 meses o “el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato de trabajo«.

Respecto a los menores de edad, con contrato en prácticas, formación y aprendizaje, la ley establece una limitación, imponiendo la obligatoriedad de un 50% de presencialidad en el trabajo.

Esta ley no se aplicará al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas.  Este se regirá por una normativa específica en la que trabajan Gobierno y agentes sociales, que se regula en el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores.

Aunque esta figura ya estaba contemplada en el Estatuto de los Trabajadores, debido a la pandemia del COVID19, ganó fuerza con el Estado de Alarma y el confinamiento.

Randstad ha elaborado un estudio, con los datos del INE relativos al segundo trimestre del 2020, del que se constata que 3.015.200 ocupados de nuestro país estuvieron teletrabajando de manera habitual. Es decir, más de la mitad de los días que trabajaron, lo hicieron desde sus casas.

Lo que se pretende obtener mediante la nueva Ley es ayudar «a las partes a trasladar el carácter tuitivo del derecho del trabajo a la nueva realidad», subraya el decreto. 

Las sanciones para aquellas empresas que no cumplan con la Ley del Teletrabajo, pueden ser de más de 6.000 euros, dependiendo de la infracción que cometan.

Es importante resaltar el papel destacado que cumple la negociación colectiva en el tema del teletrabajo.

El teletrabajo requiere acuerdo expreso entre empresario y trabajador

El teletrabajo, al no ser obiligatorio, sino voluntario, requiere un pacto expreso firmado por escrito entre empresario y trabajador para que en caso de que haya cambio de opinión, dé la posibilidad de revertir lo pactado.

Este acuerdo deberá contener toda la información sobre los horarios, los medios, la compensación de las facturas de suministro (luz, internet). En cualquier caso, «es la empresa quien debe sufragar o compensar el desarrollo del trabajo a distancia«.

La empresa deberá entregar una copia del pacto a los representantes de los trabajadores para que lo firmen en un plazo no superior a 10 días desde su firma y posteriormente se enviará a la oficina de empleo.

En el caso de que el trabajador se negare a teletrabajar, esto no puede ser una causa de despido objetivo, ni de una «modificación sustancial de las condiciones».

¿Cómo me van a controlar la jornada laboral?

Como hemos comentado anteriormente, en el caso del teletrabajo, la jornada laboral tiene que quedar reflejada y no queda más remedio que hacerlo mediante instrumentos informáticos o telemáticos.

Respecto a los derechos de los trabajadores que eligen trabajar desde casa porque la empresa les da esa oportunidad, hay que especificar que gozan de los mismos derechos que los de cualquier persona que tiene su puesto de trabajo en una empresa.

Pero la empresa no puede exigir la instalación de programas o aplicaciones en dispositivos propiedad del trabajador.

¿Quién paga los gastos derivados del teletrabajo?

Conforme el Real Decreto, la empresa deberá poner a disposición de la persona trabajadora de «los medios, equipos y herramientas necesarias para el desarrollo de la actividad« y, además, deberá garantizar «la atención precisa en el caso de dificultades técnicas». 

Dado este caso, el empleador debe realizar un inventario de los equipos y aparatos de su propiedad y que pone a disposición del trabajador, que adquiere el compromiso de cuidarlos de modo que no se deterioren.

Se establece en la nueva ley que, el teletrabajo «no podrá suponer la asunción por parte de la persona trabajadora de gastos relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral». 

¿Varía en algo mi sueldo si teletrabajo?

Existe la posibilidad que los pluses derivados del transporte, por ejemplo, se pierdan al volverse completamente innecesarios, pero no debería producirse cambios sustanciales.

Y aunque antes de la pandemia, con el teletrabajo daba la impresión de que íbamos a pasar más tiempo con la familia y amigos, no perder tiempo en transporte y trabajar de forma más relajada. Se ha constatado que la realidad es otra. El teletrabajó nos obligó a aprender forzadamente una nueva forma de organizar y optimizar nuestro tiempo laboral a la vez que en la casa se vive un caos doméstico por las tareas del hogar y los niños.

De lo que no hay duda es de que, el teletrabajo ha llegado para quedarse y hay que admitir que debido al ritmo acelerado al que lo están implementando las empresas, era necesaria una regulación legal.

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La huella del COVID-19: El incremento de empresas insolventes en españa

La huella del Covid-19: El incremento de empresas insolventes en España

10 de septiembre de 2020. Muller Friedman Abogados Mercantil Concursal

España es uno de los países que mayor incremento en el número de insolvencias de empresas va a registrar durante 2021 (un aumento del 44%). Situándose el séptimo país en el ranking a nivel mundial. Así la crisis económica a que se enfrenta, con un desplome del PIB que podría llegar al 13,6% en 2020, según previsión del Banco de España, influye en el incremento de las insolvencias.

Una empresa se considera insolvente, cuando aun teniendo patrimonio, muestra problemas de liquidez. Así, le resultaría difícil hacer frente a determinados gastos al carecer de recursos materiales para seguir con el desarrollo normal de su actividad profesional.

Mientras el Gobierno es optimista dando datos positivos a corto plazo sobre la economía española, la solvencia empresarial seguirá tambaleándose. Se predice por los economistas que todas las grandes economías excepto China, entrarán en recesión este año. Si aumenta la precariedad de la solvencia empresarial, el futuro está claro, muchas empresas no van a sobrevivir.

El impacto del Covid-19 en las empresas

La pandemia del Covid-19 ha causado un severo impacto en la situación de las empresas y la crisis sanitaria ha acelerado las fragilidades estructurales que arrastraban las compañías. Muchos sectores ya estaban frágiles antes de la crisis, especialmente el sector del comercio minorista no esencial, el sector de restauración y hotelero, así como el sector de automoción y transporte.  Muchas de estas empresas bajaron las persianas y llevaron sus libros contables al juzgado.

En cambio, en algunos sectores específicos, como el farmacéutico o los servicios relacionados con las tecnologías de la información, se han disparado las ventas.

Las empresas se enfrentan actualmente a un panorama de presión sobre su liquidez.  Esto se debe a que el reinicio de su actividad ha venido acompañado de un aumento en el requerimiento del capital circulante.

Problema de falta de liquidez de las empresas

El problema real que existe es que hay falta de liquidez y una disminución de la inversión privada. Ello, va a influir a que, en España, el número de quiebras, aumente exponencialmente. Esto podría hacer que se sitúe entre los porcentajes más altos del mundo junto a EE.UU, Brasil, Irlanda y Reino Unido.

Es verdad que muchas de las compañías siguen operando y que la declaración de insolvencia debería, en última instancia, permitir reanudar la actividad tras alcanzar un acuerdo con los acreedores. Pero la verdad es que se está produciendo un efecto dominó en las que se ven envueltas las empresas. POr esto, el desfase temporal en la corriente de cobros se convierte en una tarea imposible en la mayoría de los casos.

Datos de empresas a nivel mundial

Son alarmantes los datos respecto al número de empresas a nivel mundial, con una facturación en su conjunto de más de 100.000 millones de euros, que se han declarado en suspensión de pago. Más de 147 compañías, el doble que el año pasado.

Pues bien, entre los factores que paliarían las insolvencias hasta finales de 2020 y principios del 2021, son los siguientes:

  • Los cambios y medidas temporales diseñados para dar tiempo y flexibilidad a las empresas antes de recurrir a declarase insolventes (bajo ciertas condiciones. Como moratoria para evitar acciones con acreedores, extensión de plazos o incremento del limite de la deuda impagada para iniciar una solicitud de insolvencia)
  • Intervenciones gubernamentales de emergencia (aplazamiento de impuestos, subsidios salariales, etc.)

Con el objetivo de evitar una avalancha de concursos de acreedores que atasquen los juzgados, el pasado 28 de abril, el Gobierno ha aprobado el Decreto Ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales, concursales y organizativas en la Administración de Justicia, que contempla una moratoria para que el deudor presente el concurso voluntario desde que se declaró el estado de alarma, hasta el 31 de diciembre.

Pero el Decreto, no ha ofrecido un sistema que incentive a las empresas a encontrar un plan de viabilidad o una estrategia para continuar su actividad y no acabar en liquidación. La reforma ni siquiera llega a abordar el establecimiento de un procedimiento concursal especial, ágil y barato.

Y aunque entendemos, que el resultado, es una norma técnicamente muy mejorada, sigue sin estar adaptada a las actuales necesidades de nuestro sistema económico y que sería necesaria la consolidación y la sistematización normativa de la Ley Concursal.

Modificación del pocedimiento concursal 

El procedimiento concursal español se verá modificado otra vez a mitades de 2021, por la transposición de La Directiva (UE) 2019/1023 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 20 de junio de 2019 sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, encontrados en la tesitura de adaptar todo el sistema jurídico a las nuevas modificaciones.

Hasta entonces, reiteramos la necesidad de abordar un proyecto futuro de Ley Concursal que ofrezca soluciones definitivas y ayuden a la continuidad de las empresas que se encuentren con problemas económicos, agravados ahora como consecuencia de la crisis generada por la Covid-19.

Muller Friedman

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El concurso de acreedores exprés se convierte en solución para pymes en época del Covid-19

El concurso de acreedores exprés se convierte en solución para pymes en época del Covid-19

23 de Julio 2020. Muller Friedman Abogados Mercantil Concursal

  • Si una empresa es insolvente y no puede pagar sus deudas, está obligada a presentarse ante el concurso de acreedores.

La situación de insolvencia que podría estallar la crisis del coronavirus está afectando directamente a las pequeñas y medianas empresas. No obstante, existen mecanismos legales capaces de hacerle frente a la situación. Uno de ellos es el concurso de acreedores exprés, que representa una solución para pymes tras el Covid-19.

Si una empresa es insolvente y no puede pagar sus deudas, está obligada a presentarse ante el concurso de acreedores. En caso contrario, además de incurrir en responsabilidad, quedaría expuesta a que cualquier acreedor pueda instar a un concurso necesario a su empresa.

La situación de insolvencia que está generando la crisis del Covid-19 en la pequeña y mediana empresa requiere de respuestas legales eficaces.

Así funciona el concurso de acreedores exprés

El concurso de acreedores exprés es aquel que se declara y concluye en el mismo acto por insuficiencia de bienes de una empresa. Aquí no se nombra a un Administrador Concursal, sino que la empresa se extingue de manera inmediata y genera los mismos efectos que un concurso de acreedores ordinario.

Pero para que sea aplicable, se deben cumplir las condiciones previstas en la Ley Concursal, no solo que no haya suficiente activo realizable, sino que también se analicen las posibles responsabilidades concursales de la empresa en cuestión. También debemos destacar que es el Juez de lo Mercantil quien decide si se puede activar este procedimiento excepcional o no.

¿Quién se beneficia?

Se benefician aquellas empresas que están en situación de insolvencia y carecen de patrimonio. Por este motivo, se trata de una gran ayuda para pequeñas y medianas empresas tras la crisis del coronavirus. El objetivo principal de un procedimiento concursal es que los acreedores cobren, así que no resulta viable cuando hay carencia de bienes.

Además, la Ley Concursal establece que no pueden detectarse irregularidades que deriven en una acción de reintegración o impugnación. Es decir, la buena fe del empresario es imprescindible. También es importante acreditar que el administrador de la compañía fue diligente y que la situación de insolvencia se generó por una causa que se escapa de sus manos.

¿Qué efectos tiene este concurso para un empresario?

  • Evita incurrir en responsabilidad por el estado de insolvencia, cumpliendo con la obligación legal de declarar en el concurso de acreedores.
  • Se evita un procedimiento judicial largo y tortuoso.
  • Descongestionamiento del sistema judicial.
  • Facilita el reciclaje de empresarios, no estigmatizándoles para el futuro.

Como sucede en los concursos ordinarios, en un concurso de acreedores exprés se paralizan las ejecuciones, los apremios administrativos o tributarios y se impide la posibilidad de iniciar uno nuevo. Además, los devengos de intereses quedan suspendidos, excepto los correspondientes a créditos con garantía real y a los créditos salariales reconocidos.

Si tienes más dudas sobre el concurso de acreedores exprés y cómo beneficiarte, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

Estas son las nuevas ayudas para autónomos que entran en vigor

Nuevas ayudas para autónomos que entran en vigor

13 de Julio 2020. Muller Friedman Abogados Mercantil Concursal

  • Las nuevas ayudas para autónomos iIncluyen la compatibilidad de la actividad con el acceso a la prestación ordinaria por cese de actividad

Entran en vigor las nuevas ayudas para autónomos que se vieron afectados por la declaración del estado de alarma el 14 de marzo con motivo del coronavirus, que obligó al cierre de los negocios y provocó una caída en picado de los ingresos. Estas nuevas ayudas sustituyen a la prestación extraordinaria que se habilitó por la crisis sanitaria. Estas se suman a la prórroga hasta el próximo 30 de septiembre de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

Hay tres grupos de autónomos que pueden beneficiarse de ellas: los que aún no han podido reanudar su actividad, los que sí que han podido reabrir sus negocios, y los autónomos estacionales que no estaban dados de alta cuando se decretó el estado de alarma.

Aquí os presentamos las ayudas acordadas entre el Gobierno y las organizaciones de autónomos ATA, UPTA y Uatae, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Reducción de las cotizaciones sociales

Se prorroga la exención de las cuotas de la Seguridad Social para los autónomos que vinieran percibiendo la prestación extraordinaria hasta el 30 de junio. Con la nueva ayuda, los beneficiarios de la prestación extraordinaria no tendrán que pagar las cotizaciones sociales del mes de julio y tendrán una exoneración del 50% en agosto y del 25% en septiembre, lo que supondrá un ahorro mínimo de 500 por autónomo durante los próximos tres meses. El autónomo deberá adelantar el total de la cuota y después recibirá la devolución hecha por la mutua.

Prestación ordinaria por cese de actividad

Aquellos autónomos cuya actividad siga aún muy afectada por los efectos de la pandemia podrán acceder a la prestación ordinaria por cese de actividad. Pueden beneficiarse los trabajadores por cuenta propia por debajo de la edad legal si su facturación en el tercer trimestre es un 75% más baja que la del mismo periodo del año anterior; siempre y cuando sus rendimientos netos del año anterior no superen la cuantía equivalente a 1,75 veces el SMI del trimestre.

Esta posibilidad será compatible con la actividad y supone un beneficio económico mínimo de 930 euros al mes por trabajador, ya que la prestación será equivalente al 70% de la base mínima de cotización que corresponda. Esta prestación se puede solicitar n en cualquier momento y, posteriormente se verificará el cumplimiento de los requisitos. Esta nueva prestación durará hasta el 30 de septiembre y para acceder a ella hay que estar dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y estar al corriente de pagos.

Autónomos de temporada

Por primera vez, se establecen ayudas específicas al colectivo de los autónomos de temporada. Son trabajadores que desarrollan una actividad muy específica según la época del año y se suelen dar de baja en la Seguridad Social el resto del año. En su caso, podrán acceder a la prestación extraordinaria del 70% de la base reguladora más la exoneración de las cotizaciones sociales con efectos desde el 1 de junio hasta el 31 de octubre.

Además, es compatible con cualquier otra prestación de la Seguridad Social que el solicitante viniera percibiendo y fuera compatible con el desempeño de la actividad que desarrollaba y será incompatible con el trabajo asalariado.