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La cláusula “Rebus sic Stantibus”, primeras resoluciones de los Juzgados

La cláusula “rebus sic stantibus”, primeras resoluciones de los Juzgados

19 de noviembre de 2020. Muller Friedman Abogados Mercantil Concursal

¿Qué es la cláusula “rebus sic stantibus”?

La cláusula “rebus sic stantibus” viene a significar algo así como “según el estado de las cosas” o “estando así las cosas”, se basa en el principio de equilibrio de las prestaciones entre partes. Contiene la prevención de que un contrato pactado en determinadas circunstancias pueda revisarse si dichas circunstancias cambian de manera sustancial, alterando la base del negocio y suponiendo por ello una excesiva onerosidad para una de las partes. Cumple, por tanto, una función eminentemente económica.

Dicha cláusula se basa en el principio de mantenimiento de los contratos, pero aplicando una revisión en las condiciones de los mismos. El problema es que, a pesar de su creciente importancia, en nuestro ordenamiento no está regulada expresamente, sino que se ha ido modulando a través de la jurisprudencia, cuya función no debería ser la de “legislar”.

¿Se pueden extinguir o modificar los contratos en vigor por la crisis del COVID-19?

Que los efectos de la pandemia del Covid-19 iban a ser devastadores para la economía era algo que pocos dudaban. Y que derivado de esto, numerosas relaciones contractuales iban a resultar afectadas también era algo más que previsible.

Entre los más afectados se encuentran los empresarios, que ven como sus ingresos han caído notablemente, o incluso han facturado 0 euros en los últimos meses, y que sin embargo se veían obligados a continuar pagando las rentas mensuales de sus locales de negocio.

Cierto es que los contratos están para cumplirse, principio “pacta sunt servanda” del artículo 1.091 del Código Civil”. Pero también es cierto que este principio encuentra límites, unos establecidos normativamente, como el que recoge el artículo 1.105 del mismo Código Civil– casos de fuerza mayor-, y otros establecidos y reconocidos por la jurisprudencia, como la ampliamente comentada durante los últimos meses, y objeto de debate en multitud de foros, jurídicos y no jurídicos, cláusula “rebus sic stantibus”.

Primeras resoluciones de los Juzgados

Pues bien, nos quedaba la duda de cómo iban a acoger los Juzgados las pretensiones de los arrendatarios en este sentido. La primera de las premisas, es decir, que se den unas circunstancias excepcionales que no pudieron preverse, no admite en el presente caso demasiada discusión, dada la magnitud de la pandemia, ya que el propio Real Decreto 463/2020 que declaró el primer Estado de Alarma hacía referencia expresa a esas “circunstancias excepcionales” que vivíamos.

Pero a esta primera premisa deben acompañarle otras circunstancias en cada caso concreto, ya que los arrendatarios deberán acreditar que en efecto esta situación extraordinaria le ha provocado una disminución de ingresos real que haga efectivamente aplicable la cláusula “rebus”.

Ya son numerosas las resoluciones judiciales que sí reconocen su aplicación, modificando total o parcialmente las condiciones de los contratos. Como, por ejemplo:

  • Auto 256/2020 de 25 de junio de 2020, dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Valencia, estimó parcialmente el aplazamiento del 50% de la renta mínima mensual pactada en el contrato, aplicando la cláusula rebus sic stantibus ya que “resulta notorio que la crisis derivada de la actual pandemia por COVID’ 19 no era previsible. Igualmente, se ha producido una situación que ha afectado de manera extraordinaria, inmediata e intensa a la situación económica de la parte actora”.

  • Auto 162/2020 de 7 de julio de 2020, dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Benidorm, por una parte, estimó la suspensión parcial del pago de la renta durante un período determinado, y, por otra parte, la medida de prohibición de la parte demandada de interponer demanda de desahucio o de reclamación de rentas durante la tramitación del procedimiento, entendida como la obligación de abstenerse temporalmente de llevar a cabo dicha conducta.

  • Auto 299/2020 de 13 de agosto de 2020 dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº 74 de Madrid estimó las medidas cautelares consistentes, fundamentalmente, en suspender la facultad de la demandada de reclamar judicial o extrajudicialmente las garantías del contrato de arrendamiento, cuando mediante su ejercicio se pretenda por la arrendadora el cobro de importes respecto de los que se haya solicitado se ajuste en la demanda, y en imponer a la arrendadora la obligación de abstenerse de incluir a la arrendataria en ficheros de morosos, como es ASNEF, como consecuencia del impago de cantidades respecto de los que se haya solicitado su ajuste en la demanda.

  • El Juzgado de 1ª instancia número 81 de Madrid, en su auto número 447/2020 resolviendo unas medidas cautelares, aplica la cláusula ‘rebus sic stantibus’ y acuerda:
    a) suspender el pago del alquiler a una discoteca de Madrid de la renta que venía abonando por una situación de causa de fuerza mayor -en este caso la crisis del coronavirus- hasta que vuelva a permitirse la reapertura de la discoteca.

    b) acuerda la suspensión del pago de la renta (con el mantenimiento del pago de las cantidades complementarias abonadas en virtud del Real-Decreto ley 15/2020) mientras no se permita la reapertura del Local.

    El Auto estudia la situación de un empresario del ocio nocturno que, como consecuencia de la situación sanitaria existente en España derivada de la crisis del coronavirus, se vio interrumpida la actividad del negocio y no se ha podido reiniciar debido a los numerosos rebrotes.

Conclusiones

Si bien, aunque en determinadas circunstancias se podrá aplicar, y tener acogida; no es posible aplicar de forma general la cláusula “rebus sic stantibus” y así lo han establecido las numerosas resoluciones judiciales. Debe realizarse un estudio individualizados de cada caso, pues si se diera una aplicación generalizada y automática, también podría producirse el efecto contrario, y es que ese desequilibrio entre partes acabara por ir en perjuicio, en este caso del arrendador0

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Los derechos del socio minoritario con hasta un 5% del capital

Los derechos del socio minoritario con hasta un 5% del capital

12 de noviembre de 2020. Muller Friedman Abogados Mercantil Concursal

Los derechos del socio minoritario con hasta un 5% del capital

Si eres socio minoritario de una sociedad y sólo tienes hasta un 5% del capital, nuestros abogados especializados en derecho mercantil te explican cuáles son tus derechos respecto a la sociedad de capital.

La Ley de Sociedades de Capital (en adelante “LSC”), establece determinadas acciones orientadas a proteger los derechos de los socios y accionistas minoritarios. Estos derechos pueden aplicarse por el mero hecho de ser partícipe en el capital, o bien, en base al porcentaje de participación de cada socio.

A continuación, resumimos los derechos correspondientes a socios minoritarios con hasta un 5 % del capital:

La documentación de la empresa

Cualquier socio, independientemente de la participación que tenga en la sociedad, tiene derecho a la obtención de documentación relativa a la junta general para la aprobación de cuentas.

La Junta General de socios

Tal y como establece la la LSC, cualquier socio de una Sociedad Limitada (SL) tiene derecho a asistir a la Junta de Socios e intervenir en el acta. En el caso de las Sociedades Anónimas se podrá pedir un mínimo de participación que no podrá superar el 1/1000 de participación en el capital social (art. 179 LSC).

Además, determinados socios minoritarios tendrán derecho a solicitar la asistencia de un Notario a la Junta General de Socios.

Los administradores tienen la obligación de convocar a un Notario para que levante el acta de la Junta General, si en el plazo de 5 días antes de la Junta lo solicite cualquier socio que represente el 1 % en la Sociedad Anónima o el 5% en la Sociedad Limitada (art. 203 LSC).

El nombramiento del auditor de cuentas

Respecto al derecho de solicitud del nombramiento de un Auditor de Cuentas para los socios minoritarios pueden darse dos situaciones (Art 265 LSC):

En el caso de que sea obligatorio el nombramiento de un Auditor de Cuentas y no se haya hecho, tanto los administradores, como cualquier socio podrá solicitar en el Registro Mercantil el nombramiento de un auditor de cuentas.

Si la sociedad no tiene la obligación de auditar las cuentas anuales, los socios que representen un 5% podrán solicitar al Registrado Mercantil el nombramiento de un auditor siempre y cuando, no hayan transcurrido 3 meses desde el cierre del ejercicio.

El derecho de separación de la sociedad

Los socios que no voten a favor de un acuerdo podrán separarse siempre y cuando se den las causas establecidas en el art. 346 LSC:

  • Sustitución o modificación sustancial del objeto social.
  • Creación modificación o extinción anticipada de la obligación de realizar prestaciones accesorias, salvo disposición contraria de los estatutos.
  • Prórroga de la sociedad.
  • Reactivación de la sociedad.

Impugnación de acuerdos sociales

Solo podrán impugnar los acuerdos sociales los Administradores, terceros que acrediten un interés legítimo y socios que hubieran adquirido individual o conjuntamente el 1 % del capital social antes de la toma del acuerdo (Art. 206 LSC).

También se establece que para impugnar acuerdos contrarios al orden público, estará legitimado cualquier socio, aunque hubieran adquirido la condición de socio después de haberse tomado el acuerdo.

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La indemnización moderada en los contratos de alta dirección en el concurso de acreedores

La indemnización moderada en los contratos de alta dirección en el concurso de acreedores

22 de octubre de 2020. Muller Friedman Abogados Mercantil Concursal

Si una sociedad mercantil es declarada en concurso de acreedores, los contratos laborales no se extinguen automáticamente. Para la regulación de los contratos de alta dirección, la Ley Concursal dedica los artículos 186, 187 y 188.

En ese articulado se permite que los administradores concursales puedan extinguir o suspender los contratos de los altos directivos de la empresa. Seguidamente, el Juez concursal podrá moderar la normalmente cuantiosa indemnización económica pactada en tales contratos.

De este modo, el legislador pretende que estas indemnizaciones no perjudiquen a la masa activa del concurso, ni supongan un detrimento para los demás acreedores concursales.

Los artículos 186, 187 y 188 del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal. 

Cuando una sociedad mercantil es declarada en concurso de acreedores, los contratos de trabajo no se extinguen automáticamente. Así sucede en consonancia con el principio de conservación de la empresa recogido en la Ley 22/2003, de 9 de julio (en adelante LCon), y el actual Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Concursal (en adelante TRLC). En virtud del principio de continuidad dentro del concurso de acreedores (plasmado en los artículos 111 y 112 TRLC), la declaración del concurso no afecta directamente a los contratos vigentes al momento en que se dicta el auto judicial de declaración (artículos 156ª y 159 TRLC), tampoco a los contratos laborales, ni dentro de ellos, los contratos de trabajo del personal de alta dirección.

Por el alto grado de responsabilidad de estos trabajadores, además de por su especial cualificación, este tipo de contratos reciben una especial atención por parte de la legislación laboral, siendo reglamentados por el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la Relación Laboral de carácter Especial del Personal de Alta Dirección (en adelante, RDPAD). De modo que, el régimen legal de los empleados de alta dirección o “directivos”, no se somete al Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, del Estatuto de los Trabajadores, excepto por remisión expresa del propio Reglamento, o porque así conste de forma específica en el contrato de trabajo (art. 3.2 RDPAD).

La especial condición de los contratos de alta dirección también es tenida en cuenta por el actual TRLC, a los cuales se dedica  la sección 4ª (subsección 2ª) del Capítulo IV del Tít. III (Lib. I), titulada  “de los efectos sobre los contratos del personal de alta dirección”.

Así, los artículos 186, 187, y 188 presentan el siguiente contenido respecto al concurso de acreedores:

Artículo 186: “1. Durante la tramitación del concurso, la admiración concursal, por propia iniciativa o a instancia del concursado, podrá extinguir o suspender los contratos de este con el personal de alta dirección.

2.En caso de extinción del contrato de trabajo, el juez del concurso podrá moderar la indemnización que corresponda al alto directivo, quedando sin efecto en ese caso la que se hubiera pactado en el contrato, con el límite de la indemnización establecida en la legislación laboral para el despido colectivo”.

Artículo 187: “En caso de suspensión del contrato, este podrá extinguirse por voluntad del alto directivo, con preaviso de un mes, conservando el derecho a la indemnización en los términos del artículo anterior”.

Artículo 188: “La administración concursal podrá solicitar del juez que el pago del crédito relativo a la indemnización que corresponda al alto directivo se aplace hasta que sea firme la sentencia de calificación”.

El contenido de estos artículos es prácticamente similar al del artículo 65 de la anterior Ley Concursal 22/2003, que con esta reforma, el Legislador ha decidido dividir en tres preceptos. En ocasiones, la doctrina se ha lamentado del escaso tratamiento que la ley dispensaba a los contratos laborales de los altos directivos en el supuesto de declaración de quiebra o concurso, siendo precisamente el artículo 65 de la Ley 22/2003 el precepto que prestaba mayor atención a este tema.

Hasta entonces, las controversias surgidas dentro de los contratos de alta dirección dentro de una situación de insolvencia solían ser remitidas al régimen especial del ya mencionado RDPAD 1328/1985, por el cual se regula la peculiar relación laboral especial del personal de alta dirección. Sin embargo, algunos autores tachaban también al artículo 65 de la LCon del año 2003 como lacónico y dificultoso, sobro todo en cuanto a la interpretación.

Si necesitas más información o ayuda con el concurso de acreedores, no dude en ponerse en contacto con nosostros y le asesoraremos sobre todos los pasos a dar. 

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Publicado el Real Decreto 902/2020 de igualdad retributiva entre mujeres y hombres

Publicado el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres

15 de octubre de 2020. Muller Friedman Abogados Mercantil Concursal

El Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres (BOE de 14 de octubre), cuya entrada en vigor se difiere al 14 de abril de 2021, desarrolla reglamentariamente el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores (modificado por el RDL 6/2019, de 1 de marzo) concretando sus presupuestos y determinando el contenido de las obligaciones en diferentes aspectos; como el concepto de trabajo de igual valor, la obligación del registro retributivo, los sistemas de clasificación profesional contenidos en los convenios colectivos y su necesaria vinculación con el registro y la transparencia retributiva a través de una correcta valoración de los puestos de trabajo, así como el derecho de las personas trabajadoras a acceder al contenido del registro.

El desarrollo reglamentario, además de al contenido del artículo citado, también se extiende a lo establecido en los artículos 22.3 y 12.4d) del ET (afectados ambos por el RDL 6/2019) que establecen, respectivamente, la obligación de que la clasificación profesional se realice conforme a criterios libres de discriminación, y la garantía de ausencia de discriminación, tanto directa como indirecta, entre mujeres y hombres en el caso de los contratos a tiempo parcial.

Contenidos del Real decreto de igualdad retributiva entre mujeres y hombres

Este real decreto, cuyos contenidos pasan a exponerse a continuación, desarrolla también, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 46.6 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (introducida por el RDL 6/2019), el concepto y contenido de las auditorías salariales y complementa la regulación del Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.

El Real Decreto 902/2020, por tanto, para hacer efectivo el derecho a la igualdad de trato y no discriminación entre mujeres y hombres en materia retributiva:

  • Establece una obligación de transparencia para obtener información suficiente y significativa sobre el valor y cuantía de las retribuciones y deducir e identificar posibles discriminaciones.
  • Desarrolla lo que ha de entenderse por cada uno de los elementos que, conforme al artículo 28.1 del ET, configuran el principio de igual retribución por trabajos de igual valor.
  • Hacer una correcta valoración de los puestos de trabajo.
  • Desarrolla los elementos objetivos, personales y temporales de la obligación de registro retributivo y establece peculiaridades para el de las empresas con obligación de auditoría.
  • Extiende a las mesas negociadoras de los convenios colectivos el deber, a la hora de valorar los puestos de trabajo en los convenios colectivos, de asegurarse de que los factores y condiciones concurrentes en cada uno de los grupos y niveles profesionales respetan los criterios de adecuación, totalidad y objetividad, y el principio de igual retribución para puestos de igual valor.
  • Establece que la información retributiva, o la ausencia de la misma, derivada de la aplicación de la letra de este real decreto podrá servir para llevar a cabo las acciones administrativas y judiciales, individuales y colectivas oportunas, de acuerdo con la Ley sobre Infracciones y Sanciones del Orden Social y con la Ley reguladora de la jurisdicción social.

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LA NUEVA ERA DEL TELETRABAJO

La nueva era del teletrabajo

01 de octubre de 2020. Muller Friedman Abogados Mercantil Concursal

¿Qué es el trabajo a distancia y dónde se regula?

Según el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia, que entra en vigor el 13 de octubre. Entendemos por trabajo a distancia, aquel que tiene lugar en un mínimo del 30% de la jornada laboral durante un periodo de 3 meses o “el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato de trabajo«.

Respecto a los menores de edad, con contrato en prácticas, formación y aprendizaje, la ley establece una limitación, imponiendo la obligatoriedad de un 50% de presencialidad en el trabajo.

Esta ley no se aplicará al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas.  Este se regirá por una normativa específica en la que trabajan Gobierno y agentes sociales, que se regula en el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores.

Aunque esta figura ya estaba contemplada en el Estatuto de los Trabajadores, debido a la pandemia del COVID19, ganó fuerza con el Estado de Alarma y el confinamiento.

Randstad ha elaborado un estudio, con los datos del INE relativos al segundo trimestre del 2020, del que se constata que 3.015.200 ocupados de nuestro país estuvieron teletrabajando de manera habitual. Es decir, más de la mitad de los días que trabajaron, lo hicieron desde sus casas.

Lo que se pretende obtener mediante la nueva Ley es ayudar «a las partes a trasladar el carácter tuitivo del derecho del trabajo a la nueva realidad», subraya el decreto. 

Las sanciones para aquellas empresas que no cumplan con la Ley del Teletrabajo, pueden ser de más de 6.000 euros, dependiendo de la infracción que cometan.

Es importante resaltar el papel destacado que cumple la negociación colectiva en el tema del teletrabajo.

El teletrabajo requiere acuerdo expreso entre empresario y trabajador

El teletrabajo, al no ser obiligatorio, sino voluntario, requiere un pacto expreso firmado por escrito entre empresario y trabajador para que en caso de que haya cambio de opinión, dé la posibilidad de revertir lo pactado.

Este acuerdo deberá contener toda la información sobre los horarios, los medios, la compensación de las facturas de suministro (luz, internet). En cualquier caso, «es la empresa quien debe sufragar o compensar el desarrollo del trabajo a distancia«.

La empresa deberá entregar una copia del pacto a los representantes de los trabajadores para que lo firmen en un plazo no superior a 10 días desde su firma y posteriormente se enviará a la oficina de empleo.

En el caso de que el trabajador se negare a teletrabajar, esto no puede ser una causa de despido objetivo, ni de una «modificación sustancial de las condiciones».

¿Cómo me van a controlar la jornada laboral?

Como hemos comentado anteriormente, en el caso del teletrabajo, la jornada laboral tiene que quedar reflejada y no queda más remedio que hacerlo mediante instrumentos informáticos o telemáticos.

Respecto a los derechos de los trabajadores que eligen trabajar desde casa porque la empresa les da esa oportunidad, hay que especificar que gozan de los mismos derechos que los de cualquier persona que tiene su puesto de trabajo en una empresa.

Pero la empresa no puede exigir la instalación de programas o aplicaciones en dispositivos propiedad del trabajador.

¿Quién paga los gastos derivados del teletrabajo?

Conforme el Real Decreto, la empresa deberá poner a disposición de la persona trabajadora de «los medios, equipos y herramientas necesarias para el desarrollo de la actividad« y, además, deberá garantizar «la atención precisa en el caso de dificultades técnicas». 

Dado este caso, el empleador debe realizar un inventario de los equipos y aparatos de su propiedad y que pone a disposición del trabajador, que adquiere el compromiso de cuidarlos de modo que no se deterioren.

Se establece en la nueva ley que, el teletrabajo «no podrá suponer la asunción por parte de la persona trabajadora de gastos relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral». 

¿Varía en algo mi sueldo si teletrabajo?

Existe la posibilidad que los pluses derivados del transporte, por ejemplo, se pierdan al volverse completamente innecesarios, pero no debería producirse cambios sustanciales.

Y aunque antes de la pandemia, con el teletrabajo daba la impresión de que íbamos a pasar más tiempo con la familia y amigos, no perder tiempo en transporte y trabajar de forma más relajada. Se ha constatado que la realidad es otra. El teletrabajó nos obligó a aprender forzadamente una nueva forma de organizar y optimizar nuestro tiempo laboral a la vez que en la casa se vive un caos doméstico por las tareas del hogar y los niños.

De lo que no hay duda es de que, el teletrabajo ha llegado para quedarse y hay que admitir que debido al ritmo acelerado al que lo están implementando las empresas, era necesaria una regulación legal.

Muller Friedman

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EL CONCURSO DE ACREEDORES EXPRÉS

El Concurso de Acreedores exprés

24 de septiembre de 2020. Muller Friedman Abogados Mercantil Concursal

Si una empresa que se encuentra en situación de insolvencia inminente no ha presentado concurso de acreedores en el plazo acordado al efecto, se entiende que el administrador ha actuado negligentemente y deberá hacer frente y responder con su patrimonio personal por las deudas contraídas con los acreedores de la sociedad.

La crisis del COVID-19 ha incrementado exponencialmente la utilización de la figura del concurso de acreedores exprés, que está regulado en el art. 176 bis. 4 de la Ley Concursal y en el art. 470 del nuevo Texto refundido:

El juez podrá acordar en el mismo auto de declaración de concurso la conclusión del procedimiento cuando aprecie de manera evidente que la masa activa presumiblemente será insuficiente para la satisfacción de los posibles gastos del procedimiento, y además, que no es previsible el ejercicio de acciones de reintegración o de responsabilidad de terceros ni la calificación del concurso como culpable.”

Pues bien tenemos que puntualizar que, a esta modalidad de concurso, solamente pueden acudir las personas jurídicas.

Así, si una empresa se encuentra en situación de insolvencia, no posea activos y se ve obligada a solicitar el concurso de acreedores, tiene la opción de podrá acudir a un concurso exprés.

Con este tipo de concurso, se salvaguarda la responsabilidad del administrador de la sociedad, al cumplir lo estipulado en el art. 5 Ley Concursal en relación con el art. 367 de la Ley de Sociedades de Capital.

¿Qué requisitos son necesarios para poder acudir al concurso de acreedores exprés?

El concurso exprés es una modalidad de concurso de acreedores dirigida, por norma general, a aquellas empresas que no pueden hacer frente a sus deudas por verse inmersas en una complicada situación económica y que por de falta de liquidez, inminentemente cerrará su negocio. A ello se suma el hecho de que no poseen bienes de ningún tipo para liquidar al objeto de abonar sus deudas o carecen de patrimonio alguno (o sea residual a efectos de liquidación) o incluso cuando poseen, su valor de liquidación es insuficiente para cubrir los costes de un concurso de acreedores ordinario.

Es necesario también que no sea previsible la calificación del concurso como culpable ya que en caso de detectarse que en la empresa hubieren existido irregularidades generadas por la falta de diligencia de sus administradores, el juez podría denegar la solicitud de concurso exprés al caber acciones de reintegración, de impugnación o de responsabilidad de terceros.

¿En qué consiste el concurso exprés?

La solicitud de concurso exprés debe presentarse ante el juzgado de lo mercantil correspondiente. Una vez revisada por el Juzgado la demanda y la documentación aportada, si se han cumplido los requisitos se procede a su admisión o inadmisión.

En caso de admitirlo el juez como concurso exprés, no se nombrará siquiera administrador concursal y se procede al cierre del expediente judicial con la conclusión del concurso y sin tramitación de este en el mismo auto.

Al mismo tiempo con el auto de conclusión del juzgado, se declara la extinción de la sociedad de forma inmediata sin liquidación de los bienes de esta, puesto que ya no dispone de bienes.

Las ventajas del concurso exprés son las siguientes:

  • El ahorro de costes para la empresa.
  • Rapidez y agilidad en el procedimiento: No se procede al nombramiento de un administrador concursal que se ocupe del control y administración de la sociedad mientras dure el procedimiento, sino que el juez dicta en el mismo auto la apertura y la conclusión del concurso, sin necesidad de que se desarrollen ninguna de las fases del concurso ordinario (fase común, fase de convenio y fase de liquidación.
  • De forma paralela, el juez solicitará también la extinción de la sociedad y el cierre de la hoja registral.
  • No se ejecuta la fase de calificación del concurso, derivándose de este hecho la no responsabilidad del deudor por la situación de insolvencia de la sociedad. Aunque el deudor no sea objeto de concurso culpable, el órgano de administración general quedaría sujeto al régimen de responsabilidad correspondiente.
  • Se anuncia la declaración y conclusión del concurso en el Boletín Oficial del Estado, el Registro Público Concursal y en el tablón de anuncios del juzgado. Asimismo, se expide mandamiento dirigido al Registro Mercantil correspondiente para la inscripción de la conclusión del concurso.

Aunque para las empresas sofocadas por deudas puede ser una solución rápida y eficaz, evitando un procedimiento largo y tedioso, para los acreedores es bastante perjudicial ya que en ningún caso van a cobrar sus deudas al no poseer la empresa concursada activo alguno.

Se resalta la ineficacia de poner en marcha un procedimiento judicial de concurso de acreedores cuya función inicial era la de instrumento diseñado para reflotar empresas, para convertirse con la crisis del coronavirus en una herramienta perfecta para cerrarlas.

Muller Friedman

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Los administradores concursales ven “insuficiente” la Ley Concursal que entró en vigor este martes

Los administradores concursales ven “insuficiente” la Ley Concursal que entró en vigor este martes

02 de septiembre de 2020. Muller Friedman Abogados Mercantil Concursal

La Asociación Profesional de Administradores Concursales (ASPAC) valora con cierta incertidumbre la entrada en vigor del Texto Refundido de la Ley Concursal del pasado martes 1 de septiembre. Aunque puede ser un buen punto de partida para la transposición de la nueva Directiva de Insolvencia, ASPAC cree que tal y como está redactada no resulta suficiente para ayudar a la viabilidad de las empresas, especialmente durante la crisis del COVID-19.

Según indica ASPAC, este texto no regula el acceso a la profesión de administrador concursal, así como tampoco obliga a una especialización y profesionalización de este colectivo; lo que a su juicio es imprescindible para un correcto funcionamiento de la Ley.

¿Cómo evitar el colapso judicial?

Además, ASPAC tampoco estuvo de acuerdo en la vacatio legis que se estableció para la entrada en vigor del Texto Refundido, ya que ha dado muy poco tiempo a jueces y administradores concursales para conocer el texto en profundidad, justo en un momento crítico debido al colapso en los juzgados. Por ello, la Asociación propuso extenderla un año, así como otras medidas para evitar el colapso judicial durante la pandemia originada por el covid-19.

Entre estas medidas se encuentran:

  • Encargarse en la totalidad de los concursos de acreedores
  • La simplificación de la solicitud de concurso
  • La creación de juzgados de refuerzo
  • La no computación de pérdidas generadas desde la promulgación del Estado de Alarma.

28 reformas de la Ley Concursal desde 2009

Por esta razón y de cara a la trasposición de la nueva Directiva Europea de insolvencia en la que actualmente se está trabajando, ASPAC ha pedido al legislador un mayor protagonismo en la comisión del proceso de reforma. El objetivo es aportar el valor, la experiencia y el conocimiento con el que cuenta este colectivo para mejorar la ley y lograr la viabilidad del mayor número de empresas posible.

No en vano, la Ley Concursal ha sido reformada en 28 ocasiones en España desde el año 2009 y en ninguna de ellas el legislador ha requerido la participación activa de la Administración Concursal, único colectivo conocedor de todos los aspectos concretos de un concurso.

El presidente de ASPAC, Diego Comendador, señaló que “la tramitación del Texto Refundido ha supuesto un gran esfuerzo por parte de las Administraciones Públicas. A pesar de ello debemos seguir trabajando para que, a través de la Trasposición de la Directiva Europea, consigamos una Ley Concursal que sea realmente útil para la sociedad y las empresas, en un momento en el que se hace más necesaria que nunca”.

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El 1 de septiembre entra en vigor el nuevo Texto Refundido de la Ley Concursal

El 1 de septiembre entra en vigor el nuevo Texto Refundido de la Ley Concursal

24 de agosto 2020. Muller Friedman Abogados Mercantil Concursal

El Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, aprobaba el Texto Refundido de la Ley Concursal o “Nueva Ley Concursal”, como ya se la conoce.

El objetivo del texto es el de refundir, armonizar, clarificar y ordenar la confusa legislación concursal. Y lo hace ahora, coincidiendo con una de las peores crisis económicas de la era reciente. Un momento en el que se estima que España podría sufrir el mayor número de concursos de su historia, por encima incluso de los sufridos en la reciente crisis que dio comienzo en el año 2008.

La Ley Concursal durante la Crisis de 2008

Durante la crisis de 2008 quedó patente algo que muchos expertos venían advirtiendo: la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal no satisfacía lo que de ella se esperaba cuando entró en vigor en el año 2004. La Ley Concursal de 2003 se aprobó para sustituir una arcaica normativa anterior sobre suspensión de pagos y quiebra, regulación que era insuficiente para dar solución a las situaciones actuales de insolvencia empresarial.

Esta Ley de 2003 nació con una doble vocación: dar respuesta a los acreedores de la concursada, a fin de hacer efectivos sus derechos de créditos en la medida de lo posible, y lograr la subsistencia de la empresa cuando ello fuera viable. Pero no se consiguió ni una ni otra cosa. De hecho, se estima que, una vez declarado el concurso, apenas un 5% de empresas sobreviven, una cifra muy inferior a la de los países de nuestro entorno.

La Ley Concursal se alumbró sin comprender la realidad empresarial a la que debía ser aplicada, sin considerar, por ejemplo, la inmensa mayoría de empresas en nuestro país son pymes. La crisis económica de 2008 sometió a la ley a una prueba que no pudo superar, lo que llevó al legislador a hacer reformas continuas que fueron parcheando la ley y haciéndola aún más confusa: una media de dos reformas al año, la mitad de ellas de carácter sustancial.

Cómo hacer frente a la situación con la Ley Concursal

Para hacer frente a esta situación, se encargó hace cuatro años a la Comisión General de Codificación la elaboración de un Texto Refundido de Ley Concursal. Este no debía tardar mucho en ver la luz, y cuya primera propuesta se produjo el 6 de marzo de 2017. Ya entonces se decía que este nuevo texto no iba a representar solución al problema de origen de la Ley Concursal.

Según todos los indicadores, y así lo ha anunciado el Banco de España, la crisis económica derivada del Covid19 va a ser especialmente profunda en España. Y uno de los motivos es por el peso más elevado que las pymes tienen en nuestro país, empresas que podrán verse afectadas como nunca antes por concursos de acreedores.

Nuevo Texto Refundido de la Ley Concursal

El texto refundido recién aprobado pretende reordenar toda la normativa vigente en un solo texto y dotar a este de un orden lógico. Aspecto en el que se ha de reconocer que se mejora notablemente la situación existente, dedicando cada artículo a una cuestión, y evitando en lo posible la dispersión en varios artículos de la misma materia.

El real decreto que aprueba el Texto Refundido de la Ley Concursal comienza reconociendo que “la historia de la Ley Concursal es la historia de sus reformas”. Resulta complicado encontrar una ley que en tan pocos años haya experimentado tantas y tan profundas modificaciones.

Según indican en un artículo de El Confidencial “desafortunadamente nada ha cambiado, salvo un orden más lógico de los preceptos de la ley y mayor claridad en su redacción”. Además, indican en el periódico digital, “a pesar de sus evidentes mejoras, el texto refundido, aprobado con excesiva precipitación en esta coyuntura económica tan delicada, no parece que vaya a ser sino otro parche más en el camino para una ley tan importante, especialmente ahora, para la economía del país”.

Aún queda pendiente de transponer la Directiva (UE) 2019/1023 que, entre otros asuntos, trata de la reestructuración preventiva y de las medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas. Estableciendo mecanismos para que las empresas deudoras con dificultades financieras tengan acceso a un marco de reestructuración preventiva que les permita continuar con su actividad empresarial cuando aún son viables y evitar su insolvencia definitiva.

Se trata de simplificar el derecho concursal, de aumentar la eficacia de los procedimientos, reducir costes, y procurar que el deudor con dificultades financieras pueda continuar su actividad empresarial, en todo o en parte.

Como apoyar a las Pymes

Desde Muller Friedman queremos apoyar a la pymes y empresas que tienen problemas económicos evitando que estas entren en concurso de acreedores, ya que esto puede ser su auténtica ruina. 

Nos presentamos como una opción que evita que los empresario en situación de insolvencia se vean obligados al cierre definitivo de su empresa o la presentación al concurso de acreedores.

Si se encuentra en una situación similar y está pensando en la venta de su empresa Desde Muller Friedman le daremos una respuesta rápida a sus problemas y nos adaptamos a sus necesidades. 

Muller Friedman

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¿Qué es un Contrato de Leasing o Renting?

¿Qué es un Contrato de Leasing o Renting?

12 de agosto 2020. Muller Friedman Abogados Mercantil Concursal

La forma en que las empresas financian sus activos mobiliarios o inmobiliarios es una decisión clave, en la que se deben tener en cuenta diferentes aspectos, existiendo básicamente los siguientes tipos de contrato para financiar estas operaciones:

  • Contrato de arrendamiento financiero o leasing.

     

  • Contrato de arrendamiento operativo o renting.

Arrendamiento financiero o leasing: características y ventajas

En el contrato de leasing, una de las partes, generalmente una entidad financiera, hace entrega a la otra de un activo (Coche, maquinaria, equipos informáticos etc.) para su uso o disfrute a cambio del pago de un canon periódico, durante un plazo convenido. Al vencimiento del periodo de duración recogido en el contrato, el bien se puede devolver a su propietario o adquirir ejecutando la opción de compra reflejada en el contrato.

Las cuotas a pagar se reflejarán en el contrato, en donde se tendrá que diferenciar la parte correspondiente a la recuperación del importe del bien por la entidad arrendadora, excluido el valor de la opción de compra, y la carga financiera exigida. Las principales ventajas del leasing serían:

Seguridad para el arrendador y accesibilidad al crédito por parte del arrendatario. Las entidades financieras o las empresas que se dedican a ofrecer contratos de leasing adquieren a su nombre los bienes que arriendan a terceros, con la garantía de que si el cliente deja de cumplir su parte del contrato, es decir, pagar su arriendo, el bien deja de ser arrendado y vuelve a la empresa de leasing o banco, de esta manera el contrato de leasing da seguridad al arrendador, y al ser la garantía el propio bien, es una forma de financiación más accesible para las empresas y autónomos.

Los rendimientos obtenidos por el uso del bien pueden utilizarse para pagar las cuotas del leasing.

Beneficios fiscales. Tendrá, en todo caso, la consideración de gasto fiscalmente deducible la carga financiera satisfecha a la entidad arrendadora. La misma consideración tendrá la parte de las cuotas de arrendamiento financiero satisfechas correspondiente a la recuperación del coste del bien, salvo en el caso de que el contrato tenga por objeto terrenos, solares y otros activos no amortizables (art. 106 LIS).

Posibilidad de elegir al final del contrato entre ejercitar la opción de compra al término de este y hacerse con la propiedad del bien, o devolverlo y no ejercitar esta.

Menor consumo en CIRBE.

Evitar la obsolescencia de los activos de la empresa. El leasing otorga una gran flexibilidad y rapidez para obtener una renovación tecnológica de los equipos.

Dentro de los contratos de leasing, hay una opción cada vez más extendida para hacerse con el uso y al vencimiento del contrato con la propiedad de naves industriales, oficinas o locales comerciales, que es el leasing inmobiliario. El leasing inmobiliario es una modalidad de financiación a medio o largo plazo que facilita mediante un contrato de arrendamiento financiero la adquisición de este tipo de inmovilizado por las empresas.

Contrato de arrendamiento empresarial o renting: características y ventajas

Cuando formalizamos un contrato de renting, estamos alquilando bienes muebles, como es el caso del renting de vehículos, una práctica cada vez más extendida, que además elimina riesgos, como el de hacerse con un vehículo que pueda quedar obsoleto por la aparición de nuevas tecnologías, como por ejemplo los vehículos eléctricos. Este tipo de contratos suele tener normalmente una duración superior al año, ya que, si el plazo es muy corto, la cuota puede ser muy alta, siendo la principal particularidad el pacto de una cuota mensual, trimestral o anual fija durante toda la vida del contrato de alquiler.

Las principales características que tienen estos contratos son las siguientes:

  • Los particulares también pueden formalizar contratos de renting, ya que su uso no está restringido a empresas.
  • La empresa que alquila o sociedad de renting suele comprar el bien seleccionado por nosotros si no lo tiene en stock, y lo pone a nuestra disposición en régimen de alquiler.
  • La propiedad del bien la mantiene el arrendador, no el arrendatario.
  • Estos contratos son libres y se rigen por los pactos dispuestos en ellos, respetando siempre el Código Civil y el Código de Comercio. Esto implica que las coberturas, duración o las indemnizaciones por rescisión anticipada están fijadas en las propias cláusulas del contrato.
  • No se contempla opción de compra.
  • Esta tipología de contratación no tiene una regulación específica ni está sujeta a normas individuales de supervisión, ya que no se considera un producto financiero como tal.
  • Las cuotas que se pagan por renting están sujetas a IVA.
  • A nivel empresarial nos permite disponer del uso de un inmovilizado sin aumentar el endeudamiento de la empresa.
  • Los contratos de renting tienen la consideración de gasto fiscalmente deducible siempre y cuando la afectación de los bienes objeto de renting sea del 100 % dentro del desarrollo de actividad normal de la empresa.
  • En el caso de vehículos, en el coste del alquiler mensual se incluyen una serie de coberturas adicionales.

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Las tendencias del LegalTech que están revolucionando el sector legal en España

Las tendencias del LegalTech que están revolucionando el sector legal en España

31 de Julio 2020. Muller Friedman Abogados Mercantil Concursal

  • El LegalTech está cambiando la práctica de los despachos de abogados.

Hablamos de las tendencias digitales dentro del sector de la abogacía. Según un artículo de elEconomista.es, el LegalTech está cambiando la práctica de los despachos de abogados.

El informe “El abogado digital” detalla las ocho tendencias tecnológicas en el sector legal: digitalización de la práctica legal, el abogado empoderado, cultura del dato, Inteligencia Colectiva, Legal Gig Economy, Digital Selling, servicios jurídicos bajo demanda.

Este informe explica que la digitalización de la práctica legal comprende los servicios de negociación y contratación online. Estos proporcionan un flujo de trabajo simple, transparente y efectivo para enviar, firmar y almacenar digitalmente los contratos en una única plataforma.

Las tecnologías cloud computing y blockchain contribuyen a la agilización de los procesos de gestiones de contratos y la automatización de todo el ciclo de vida de los documentos legales. Ofreciendo eficiencia y una experiencia del cliente positiva y fluida.

Hablamos de inteligencia artificial

En el caso del abogado empoderado, la inteligencia artificial en el sector legal ha originado nuevas plataformas que permiten a los abogados redactar contratos utilizando todo el conocimiento de su firma. Los profesionales del sector tienen más control sobre sus transacciones y pueden crear y aprobar de forma automatizada contratos y monitorizar documentos legales. Todo desde un único lugar.

La cultura del dato se centra en el legal analytics. El big data también ha llegado al ámbito legal con herramientas que optimizan la gestión de datos operativos y control del tiempo. Sistemas que ayudan a reducir los gastos generales, simplificar y mejorar las operaciones legales.

Sobre la inteligencia colectiva, el análisis explica que las tecnologías están haciendo que, a través de la colaboración, los profesionales legales puedan administrar sus proyectos, recursos, clientes y sus relaciones. Todo esto de forma sencilla y desde un único lugar que administra todo el flujo de trabajo

En el capítulo de la conocida como gig economy, se potencia el talento digital de la economía colaborativa del sector jurídico con plataformas digitales de acceso directo entre particulares y expertos legales. Aparecen los directorios online en los que los profesionales ofrecen sus servicios y otras herramientas que permiten al usuario contratar puntualmente otras herramientas que permiten al usuario contratar puntualmente abogados especialistas para dirigir proyectos y lograr los objetivos de la empresa.

La gestión del conocimiento y los sistemas para compartirlo

El digital selling se está desarrollando para unir a despachos y clientes marketplaces inteligentes que combinan a proveedores y consumidores de servicios legales. Buscadores que utilizan algoritmos para ofrecer información sobre temas legales concretos y aplicaciones que utilizan la inteligencia artificial para calificar las consultas de los consumidores y dirigirlas al proveedor apropiado.

También ganan importancia los chatbots para servicios jurídicos bajo demanda. Las nuevas tecnologías y la innovación han hecho posible la prestación de servicios legales online dirigida a pymes e individuos con un servicio personalizado. Aparecen plataformas digitales para crear y almacenar documentos legales como testamentos, documentos de derecho de familia y otros.