El pasado 12 de marzo, el Ejecutivo aprobó en un Consejo de Ministros Extraordinario del  Real Decreto-ley 5/2021 un nuevo paquete de ayudas de 11.000 millones de euros para los sectores que más afectados se han visto por la pandemia. Es decir, los sectores de la hostelería, el comercio y el turismo. Este paquete incluye un fondo de ayudas directas a pymes y autónomos de 7.000 millones de euros de cuya gestión se encargaran las comunidades autónomas.

Esta asignación de fondos se realizará llevando a cabo los mismo criterios que para el REACT-EU: impacto de la pandemia en la riqueza de las comunidades autónomas, impacto de la crisis en el desempleo e impacto en el desempleo juvenil. 

¿Qué sectores pueden acceder a las ayudas directas?

Pues bien, este paquete de ayudas está destinado a 95 subsectores dentro de los negocios más afectados por la crisis provocada por el Covid-19 pero, deja fuera a muchos trabajadores y empresarios que han visto disminuir sus ingresos de forma considerable. 

¿Cuáles son los requisitos que hay que cumplir para la recepción de ayudas?

Aquí viene el punto más controvertido de todos, ya que es curioso cómo, a pesar de que una empresa no se pueda permitir pagar a sus trabajadores e, incluso tenga que estar cerrada por el Covid, si que tiene que seguir pagando la Seguridad Social y Hacienda. 

A continuación enumeramos los requisitos que hay que cumplir:

  • Pertenecer a uno de los  sectores recogidos en el Real Decreto

  •  No haber sido condenado mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.

  • No haber dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarada culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.

  • Hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones o ayudas públicas.

  • Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

  • No haber solicitado la declaración de concurso voluntario, no haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, no hallarse declarados en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, no estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

  • No tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

Por si los requisitos que se piden no fuesen suficientes, los destinatarios de estas ayudas también deberán comprometerse a mantener la actividad correspondiente a las ayudas hasta el 30 de junio de 2022. No podrán repartir dividendos durante 2021 y 2022 ni podrán aprobar incrementos en las retribuciones de alta dirección durante un periodo de dos años.

Además de esto, es imprescindible tener en cuenta que solo podrán recibir las ayudas empresas que hayan sufrido una caída de su facturación de al menos el 30 % con respecto a los ingresos obtenidos en el año anterior a la pandemia de coronavirus (2019).

Este tipo de requisitos nos deja algo claro: que sólo podrán recibir estas ayudas aquellas empresas que aún han podido seguir pagando todos los seguros e, incluso, a Hacienda. Por tanto, son empresas que, a pesar de que lo estén pasando mal, han podido subsistir. Pero, ¿qué ocurre con aquellas empresas que no han podido pagar a estas entidades públicas? la respuesta es clara… Están abocadas al cierre.   

Cuál será la cuantía de las ayudas

Los autónomos y medianas y pequeñas empresas podrán recibir cuantías de entre los 4.000 y 200.000 euros, a excepción de los autónomos que tributen en el régimen de estimación objetiva en el IRPF, que recibirán ayudas de hasta 3.000 euros.

Plazos para solicitar las ayudas directas

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero aseguró el pasado viernes que en un mes y diez días se formalizará la orden de reparto a las comunidades autónomas y estas podrán comenzar a firmar convenios. Como la gestión de las ayudas es de carácter regional, cada comunidad decidirá sus plazos y las cuantías exactas a repartir.

Conclusión

Es curioso ver como, en España, las empresas pueden dejar de pagar el alquiler, a sus trabajadores e incluso a sus proveedores pero, sin embargo, y a pesar de no poder afrontar los pagos, deben de seguir pagando a Hacienda y a la Seguridad Social.

Por tanto, creemos que realmente, al final estas ayudas no podrán recibirlas aquellas empresas que realmente las necesitan, es decir, aquellas que no pueden afrontar los pagos obligatorios para acceder a las mismas.