Debido a la pandemia del COVID19, vivimos probablemente un cambio histórico en cuanto a la aplicabilidad por nuestros juzgados de la cláusula rebus sic stantibus.

Existen ya varios pronunciamientos a nivel nacional en primeras instancias, en cuanto a la concesión de medidas cautelares en el marco de demandas basadas en la mencionada rebus sic stantibus y consistentes en impedir, por ejemplo, la ejecución de avales y la incorporación en ficheros de morosos a los deudores impagados.

Los jueces han acogido estas solicitudes suspendiendo –según los casos- el pago del 50% de la renta, la ejecución de los avales bancarios o la posibilidad de reclamar judicialmente el desahucio o el pago. Y en relación con la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus, deja claro que, si bien la pandemia es un acontecimiento sobrevenido, extraordinario e imprevisible, es necesario probar que es la causa concreta del desequilibrio y valorar éste para determinar el reajuste.

Resolución del Juzgado de Primera Instancia de Zaragoza respecto a la cláusula “rebus sic stantibus”

Merece especial mención la resolución dictada por un Juzgado de Primera Instancia de Zaragoza respecto a un contrato de franquicia de una conocida marca deportiva, uno de cuyos franquiciados solicitaba precisamente dicha medida cautelar que impida que se pueda ejecutar el aval que la marca tenía previsto en el contrato para el caso de determinados incumplimientos; o en suspender determinados vencimientos en contratos de financiación o la exigencia de cumplimiento de determinados ratios financieros, tal y como ha dictado un juzgado de primera instancia de Madrid en el marco de un préstamo sindicado a favor del grupo empresarial prestatario.

 Especial mención vamos a hacer al Auto 288/2020, 25 de septiembre, mediante el cual la magistrada Teresa Álvarez de Sotomayor Soria, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Navalcarnero (Madrid) ha acordado la suspensión cautelar de la ejecución del aval bancario de 10.800 euros en aplicación de la cláusula “rebus sic stantibus”.

Esta resolución se basa en el “impacto económico y social grave” de la pandemia de Covid-19, por el cual el juzgado suspende la ejecución del aval por impago de un local situado en el centro comercial Xanadú, al oeste de la Comunidad de Madrid, constituido por CaixaBank.

Según indica la magistrada Álvarez de Sotomayor en el auto septiembre, la adopción de esta medida cautelar exige el cumplimiento de tres requisitos: peligro por mora procesal, apariencia de buen derecho y prestación de caución, que sí se dan en este asunto.

En este sentido, indica que los derechos y obligaciones de las partes que surgen de un contrato de arrendamiento de local de un negocio ubicado en un centro comercial “se han visto afectados por dichas circunstancias” y hasta la declaración del estado de alarma, había cumplido con sus obligaciones contractuales y con el pago de la renta pactada.

Igualmente, apunta que el obligado cese de la actividad profesional de muchos arrendatarios puede ocasionar una imposibilidad de pago de la renta. E indica que dicha circunstancia deberá acreditarse en el pleito principal, así como las consecuencias contractuales.

“Rebus sic stantibus”, una excepción al principio “pacta sunt servanda”

El artículo 1.105 del Código Civil establece una excepción al principio de conservación de los contratos contenido en el brocardo “pacta sunt servanda”. Esta excepción se refiere a los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor. En concreto, este precepto señala que nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables.

Asimismo, el Tribunal Supremo ha concretado que para que opere este supuesto, ha de tratarse de un hecho no imputable al deudor, siendo las circunstancias totalmente imprevisibles en el momento de la contratación y tener como consecuencia el incumplimiento de la obligación.

De este modo, la magistrada subraya, que la declaración del estado de alarma puede considerarse como un caso de fuerza mayor, que puede llegar a tener incidencia directa en el cumplimiento de las obligaciones pactadas en los distintos contratos de arrendamientos.

Ejecución del aval bancario durante la pandemia

La magistrada Álvarez de Sotomayor concluye que la ejecución del aval bancario por el impago de una mensualidad en un contrato de 3 años de duración es desproporcionado”, siendo por tanto improcedente en este momento.

Por otra parte, señala que se acredita igualmente el peligro por la moral procesal porque en caso de que se proceda a la ejecución del aval constituido como garantía adicional y posteriormente se estime íntegra o parcialmente la demanda, puede forzar al demandante a nuevo procedimiento judicial.

Lo que está claro es que habrá un cambio significativo en nuestra legislación y jurisprudencia, todo ello fruto del efecto provocado por la pandemia y crisis económica generada en consecuencia. No faltan propuestas en el Congreso de los Diputados para trasladar esta doctrina al Código Civil.