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La imposibilidad de exoneración de los créditos públicos en la Nueva Ley Concursal

Nueva Ley Concursal03 de septiembre de 2020. Muller Friedman Abogados Mercantil Concursal

Como bien se sabe, el 1 de septiembre de 2020 entró en vigor el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC). Y, es de extrema importancia el cambio relativo a los créditos públicos en el procedimiento para la obtención del beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho del deudor persona física.

España es el país que mayor incremento en el número de insolvencias de empresas va a registrar durante 2021. La crisis económica a que se enfrenta, con un desplome del PIB que podría llegar al 13,6% en 2020, según previsión del Banco de España, influye al disparo de las insolvencias de empresas.

Mientras el Gobierno es optimista dando datos positivos a corto plazo sobre la economía española, la solvencia empresarial seguirá tambaleándose. Se predice que todas las grandes economías excepto China, entrarán en recesión este año.

Con la insolvencia de las empresas, va a aumentar exponencialmente el número de parados, que casi superan los 4 millones. Es relevante decir que, no se contemplan medidas que eviten la problemática a la que se enfrentan las personas físicas por sobreendeudamiento familiar.

Proceso concursal actual en España

El proceso concursal existente en España siempre ha estado muy criticado por estar orientado más a personas jurídicas que a particulares.

Los representantes políticos de los ciudadanos españoles no han hecho ninguna labor para mejorar el funcionamiento de la Ley Concursal. Esto, junto a la inclusión en la misma de ventajas para los créditos públicos, hacen muy complicado que tanto las personas jurídicas como las personas físicas que mantienen deudas con los organismos públicos, puedan acogerse a esta nueva regulación normativa.

Con el objetivo de evitar una avalancha de concursos de acreedores que atasquen los juzgados, el pasado 28 de abril, el Gobierno ha aprobado el Decreto Ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales, concursales y organizativas en la Administración de Justicia. Esto contempla una moratoria para que el deudor presente el concurso voluntario desde que se declaró el estado de alarma, hasta el 31 de diciembre. Pero igual que en las anteriores 28 reformas anteriores dirigidas sólo a las empresas y empresarios particulares, no a personas físicas.

Si bien es cierto que desde la promulgación de la Ley 25/2015 de 28 de julio, que introdujo mecanismos de segunda oportunidad y la solicitud de declaración el deudor persona física se ha incrementado, el cauce concursal no resuelve la situación actual. Porque en multitud de ocasiones es casi más beneficioso para la persona física esperar una ejecución judicial sobre su patrimonio antes que declararse en concurso.

Anterior Ley Concursal

Con la anterior Ley Concursal, si el del deudor era capaz de pagar los créditos contra la masa y los privilegiados, se le exoneraba del crédito público calificado como ordinario y subordinado.

El TRLC introdujo la modificación sustancial mediante la cual se excluye a la persona física de la exoneración la totalidad del crédito público, también el calificado como ordinario y el subordinado. Ahora el deudor está obligado a solicitar el aplazamiento ante las administraciones públicas correspondientes, sin que los acreedores públicos se vean vinculados por la aprobación judicial del plan de pagos.

Eso implica que, aunque consiga la exoneración del resto de sus deudas y aunque el deudor sea de buena fe y no haya sido condenado por delitos contra el patrimonio. No habrá perdón para la deuda pública que mantenga con la Seguridad Social o la Hacienda Pública.

En base a la Directiva (UE) 2019/1023 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 20 de junio de 2019 sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132, que tiene como fecha de caducidad para ser transpuesta a nuestro ordenamiento el 17 de julio de 2021, llama la atención que la Dirección excluya a las personas físicas que no tengan condición de empresarios y se deja en manos del legislador español que se amplíe la aplicación de los procedimientos previstos en la Directiva, “a personas físicas insolventes que no sean empresarios” (art. 1.4.1.b) Directiva (UE) 2019/1023).

Nueva Ley Concursal

La nueva norma concursal obvia el contenido de la Directiva 2019/1023. Así como la jurisprudencia dictada por el Tribunal Supremo en su sentencia de 2 de julio de 2019 mediante la cual el Alto Tribunal considera que el plan de pagos pueda acordar aplazamientos o fraccionamientos del crédito público. Y que, una vez aprobado judicialmente el plan de pagos, no es posible dejar su eficacia a una posterior ratificación de uno de los acreedores, en este caso el acreedor público (AEAT o TGSS).

Es posible que el procedimiento concursal español se vea modificado otra vez a mitad de 2021, por la transposición de la Directiva. Encontrándonos en la tesitura de adaptar todo el sistema jurídico a las nuevas modificaciones entre las cuales se eliminase la prohibición de exonerar el crédito publico que se estableciese la exoneración plena. De lo contrario el Texto Refundido de la Ley Concursal sería contrario a la Directiva.

Hasta entonces, esperaremos su transposición mientras contemplamos la evolución la crisis económica que está atravesando el sistema empresarial español.

Muller Friedman

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